jueves, 26 de abril de 2012

La Junta recortará 54 millones en las nóminas de los funcionarios El Ejecutivo anuncia un brutal ajuste fiscal que penaliza el consumo de agua, el gasoil y las bolsas de plástico desechables

Los 45.000 empleados de la Administración autonómica serán los principales paganos del ajuste fiscal anunciado ayer por el consejero de Economía y Hacienda, Antonio Fernández, que contempla tanto un aumento de impuestos calculado este año en 22 millones de euros, como una reducción de gastos por otros 138.
Esta última reducción se centra fundamentalmente, ya que suma 100 millones de euros, en los empleados de la Junta, que verán disminuidas sus nóminas en 53, 6 millones de euros, y además se les aumenta la jornada laboral a 37,5 horas semanales lo que permite ahorrarse 45,5 millones en contrataciones.
Pero el confeti del ajuste económico en los Presupuestos de este año y el que viene caerá sobre todos los extremeños ya que la vuelta de tuerca al personal de la Administración autonómica viene acompañada de la subida en varios impuestos, y la creación de otros nuevos como el que gravará el consumo de agua en todos los domicilios y que la Hacienda regional estima proporcionará 30 millones cada año.
Comparecieron ayer en la Asamblea cuatro consejeros para explicar el ajuste presupuestario debido al empeoramiento de las condiciones económicas. Fue el titular de Economía y Hacienda, Antonio Fernández, el encargado de los mayores y peores anuncios, y el que diseñó el marco económico del que se deriva todo.
En primer lugar un desplome de 163 millones de euros en los ingresos previstos para este año, seguido de la necesidad de contener el déficit en relación al PIB en un máximo del 1,5%, y coronado por el déficit que les ha dejado el anterior Gobierno socialista.
Para ello la Junta ha diseñado un programa temporal de ajuste que durará hasta que «empecemos a superar los peores efectos de la crisis», que quizá suceda en dos años. Un programa que por un lado pretende aumentar los ingresos, y ahorrar en gastos por el otro.
En ingresos lo más notable es la creación de un nuevo tributo al consumo de agua, por el que cada vivienda pagará dos euros al mes de canon fijo más otra parte variable según el consumo. Estarán exentos los parados de larga duración y las familias con menores niveles de renta (detalle sin definir de momento); en las viviendas fuera de la ciudad el canon fijo que abonarían es de cuatro euros.
Aparecen dos nuevos impuestos, a las bolsas de plástico desechables (cinco céntimos cada una), y a la entrega de residuos sólidos en vertedero, por la que se pagará entre 3 y 15 euros por tonelada.
De efecto más general serán la supresión de deducciones en el IRPF aunque «se mantienen las más sociales», y la subida en el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados (11,2 millones más al año). El impuesto autonómico a los carburantes sube 0,4 céntimos en el litro de gasoil con lo que se podrá devolver a los consumidores profesionales 1,8 céntimos por litro, y se incrementa el tributo a los bancos para sacarles seis millones anuales.
En total esta reforma tributaria, que debe ir a la Asamblea para su aprobación, pretende recaudar 22 millones de euros en lo que queda de año, y 62 el que viene.
La Junta estudia por otro lado vender su nuevo edificio administrativo Mérida III Milenio y ocuparlo en arrendamiento financiero durante 20 o 25 años.
En cuanto a medidas de ahorro se generaliza para su personal la semana de 37,5 horas, lo que permitirá ahorrar 34 millones de euros anuales por la vía de la desaparición de empleados temporales; no se cubrirán vacantes y se reducen comisiones de servicio, baja el personal eventual y de libre designación, disminuye la aportación de la Junta a las bajas laborales, se van a suprimir horas sindicales y se suspende la carrera profesional.
Por su parte, el diputado socialista Jorge Amado calificó el plan de una enmienda a la totalidad a sus propios presupuestos regionales para 2012 por parte del consejero Fernández. El portavoz 'popular', Luis Alfonso Hernández Carrón, aplaudió el hecho de que muchos instrumentos contenidos en el plan de Fernández tienen fecha de caducidad.
El portavoz de Izquierda Unida-Verdes-Siex, Pedro Escobar, pidió a la Junta que se dirija al Gobierno para que sustituya los recortes en Sanidad y Educación por otros en Defens

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