viernes, 8 de enero de 2021

Corrupción desde el Estado. El próximo juicio al expolicía Villarejo no es sino la punta del iceberg. ESPACIO INDEPENDIENTE

 

Espacioindependiente nº 388, jueves 7 de enero, 2021 

Los principales responsables políticos del régimen debaten en estos días el “reforzamiento de la calidad democrática” de la Monarquía. 

La fuga negociada -al más alto nivel- del que fuera durante cuatro décadas jefe del Estado ha traído a la política española una potente señal de alarma que divide de arriba abajo a toda la sociedad. De una parte, se pretende de la mano del gobierno y de los partidos franquista ir, ahora, a la reforma de los poderes y privilegios de la Corona, para así prolongar su existencia; de otra parte, se plantea la necesaria abolición por las Cortes Generales de la Monarquía como institución antidemocrática, como heredera de la dictadura y de la impunidad de sus crímenes contra la humanidad.

La corrupción franquista de Estado ha sido una de las claves del periodo político que ahora muestra su total agotamiento. La celebración de la Pascua Militar del día de ayer es, después de décadas, un acontecimiento marcado por las formas y contenidos del franquismo, por muy vinculados a la OTAN, y a países de tradición democrática, que se encuentren sus altos mandos. 

Habiéndose conocido tremendas amenazas de muerte contra la población civil por parte de colectivos de militares de alta graduación, la prensa resalta el hecho contradictorio de que el único expulsado por vulnerar el supuesto deber de neutralidad política del Ejército ha sido un cabo que firmó un manifiesto contra la figura militar de Franco, cuando se organizó como ceremonia de Estado el traslado de sus restos del Valle de los Caídos.

El asunto Villarejo que, en los próximos días comenzará a juzgarse en la Audiencia Nacional, concita la atención pública en tanto que ha destapado parte de la inmensa trama de policías, espías, empresarios, y altos cargos de los diferentes gobiernos y partidos de todos los colores…, moviéndose con absoluta impunidad en el fango de la delincuencia y de la corrupción de Estado durante décadas.

El enorme archivo de grabaciones, llamadas, reuniones, entrevistas…, de la red Villarejo es una verdadera versión de las relaciones viciadas de quienes detentan y/o colaboran con el poder político y económico, tal y como existe: en crisis y descomposición. 

Se trata de un comisario de policía al que los gobiernos del PSOE y del PP han llenado de medallas policiales. Protegido, defendido e impulsado desde las instituciones, hasta que en 2016 se le abrieron investigaciones fiscales, siguiendo la pista de millones de euros escondidos en paraísos fiscales. Su defensa alega que Villarejo fue en sus acciones “una parte de la estructura del Estado”, “que ayudó a los partidos políticos, a los gobiernos, en las misiones que le fueron encargadas como agente encubierto”. 

Son muchas las reflexiones políticas que se han realizado acerca de las cloacas del Estado que representa el caso de la red Villarejo; entre otras, cabe señalar la de Diego Muro, profesor de la Universidad St. Andrews (Escocia); quien se vino a preguntar si las actividades del comisario Villarejo son “evidencia de que hay un ‘Estado profundo’ que gobierna desde las sombras”.

Ese “Estado profundo” trató de evitar por todos los medios -como hoy trata de impedir- que se puedan analizar la situación de crisis en sede institucional y se juzguen en sede judicial los delitos conocidos, bloqueando que se conociesen las informaciones relacionadas con la jefatura del Estado. Ésta era una bala que los Villarejo guardaban en la recamara para evitar la intervención directa del CNI, que podría mantener su impunidad. Mas la información se fue filtrando a partir de las grabaciones realizadas a Corinna, que ponían al descubierto las finanzas y corruptelas de todo tipo para defenderse del acoso. Y ese fue su error…

La filtración de los audios de la empresaria alemana, vinculada al Rey emérito, se convirtió en la gota que desbordó el vaso, abriendo una brecha en la trama policial y de complicidades a todos los niveles, que no ha dejado de ensancharse. El juicio, por muy escandaloso que resulte respecto de los asuntos oficiales y del Estado, no dejará de ser sino la punta del iceberg, que descubre los modos franquistas y mafiosos que afectan a los mismos cimientos del Estado. 

El caos político, económico e institucional que reflejan los informes de la red policial de Villarejo se presenta por los medios oficiales como “un chantaje al Estado”, cuando en realidad es la expresión de un chantaje permanente del Estado a toda la sociedad civil.

El juicio a la trama policial es inminente, ya que Villarejo va a cumplir cuatro años en cárcel preventiva y, si no se le juzga, se le debería poner en libertad. Los casos y piezas no han hecho sino multiplicarse, de forma que habrá juicios y juicios para rato. De los papeles de Villarejo y su red, tanto privada como oficial, se deduce que la política y la administración pública en general están sometidas a una alta corrupción política, en tanto que se carece de los controles democráticos necesarios. 

En la calle se tiene una alta percepción de la corrupción política, que tiene razones históricas y de desconfianza hacia las instituciones no democráticas en el poder. Lo que lleva a una profunda desconfianza en todos los políticos y en el sistema político en general, como autores o cómplices necesarios de la corrupción general.


martes, 5 de enero de 2021

¿En qué ha quedado el fortalecimiento de los “valores republicanos?, Idelfonso Gómez


                                                      IDELFONSO GÓMEZ
Los valores republicanos no pueden ser entendidos de otra forma que la de contribuir a gobernar a favor de la cosa pública, de lo común a todos los ciudadanos; resolviendo, por tanto, las graves privatizaciones que afectan a la sanidad, la educación, los transportes, el suelo…, y ahora amenazan al sistema público de pensiones. 

Los valores republicanos tienen su relato más contradictorio en el sostén y apoyo a la monarquía heredera del franquismo que, realiza el gobierno de Sánchez, en tanto que basa su gestión en la colaboración directa con la privatizada jefatura del Estado, en manos de una familia aristocrática de millonarios que heredan dicha jefatura, y que, establecen todo tipo de privilegios situándose por encima de la ley, sin control democrático alguno. 

Manteniendo el pacto constitucional del 78, como se pretende, se niega todo cambio político e institucional, cuando el cambio político es la aspiración de la inmensa mayoría social.

El gobierno y el Rey comparten que la monarquía no está cuestionada, ocultando su falta de legitimidad que, deviene de sus orígenes franquistas, y su total falta de legalidad democrática. 

El gobierno se divide a la hora de impedir que las Cortes puedan investigar sobre la situación, o que el pueblo se pueda pronunciar acerca y respecto de quienes ostenta el poder del Estado ; sobre sus privilegios y corruptelas. 

Felipe VI, en su discurso habla de que “la ética esta por encima de las consideraciones familiares”, sin hacer referencia a las corruptelas de su padre que, se han desarrollado desde cuando este era titular de la Corona ;introduciendo la crisis de la institución en un limbo político y jurídico, que no es otro que el de la impunidad, que le hace ser una institución erigida contra la voluntad popular, sostenida por encima de la ley. 

 Un discurso- el real- que el mismo gobierno supervisa mediante control directo de la presidencia del Gobierno. Más allá del mismo discurso pactado entre la Zarzuela y la Moncloa está la división gubernamental sobre el asunto entre los partidos que lo componen, y ello-también- en torno a la propuesta de” ley de la Corona”. 

Simancas, secretario general del grupo socialista en el Congreso salió al paso del debate para abortarlo: “Nosotros creemos que la Corona está perfectamente regulada en la Constitución. La Jefatura del Estado es una institución básica en el funcionamiento de nuestra democracia. Lo que tenemos que hacer es dejar a la Corona al margen de la controversia política

 


La palabra clave de la política monárquica de los dirigentes del PSOE y del Gobierno, en nuestros días no es otra que “renovación”, renovación de la Corona, en tanto que confían en que el Rey “siga adelante con la renovación de la institución”; cuando la única renovación democrática de la monarquía posible, no es sino la proclamación de la república. 

El abandono de la lucha contra la explotación y la opresión, el abandono de la lucha por la democracia y las reivindicaciones sociales que ha caracterizado a los gobiernos del PSOE, como sostén principal de la monarquía, tal y como sucedió con F. González, con Zapatero y ahora con Sánchez…, plantea la necesidad de un partido fundado en la independencia política de los trabajadores: un partido socialista republicano, partidario de la libre autodeterminación de los pueblos y, de la expropiación de los grandes capitales.

LA CONTRAREFORMA DE LAS PENSIONES, de José Espinosa

 

JOSÉ ESPINOSA

El fondo de recuperación de los 140.000 millones que la UE se propone entregar al reino de España, debe ir destinado en principio, a combatir la recesión económica con inversiones empresariales destinadas a la creación de proyectos verdes y digitales, como inversiones inscritas en la Agenda 2030, pero a nadie se le esconde que la todopoderosa Unión Europea condiciona dichas ayudas a la “reforma” de las pensiones y del mismo mercado laboral, empezando por la negativa de que suba el salario mínimo interprofesional. 

Oponiéndose de plano a la derogación de las contrarreformas sociales del 2010 y 2014, tanto del PSOE, como del PP que, el Gobierno de Sánchez había prometido eliminar desde la formación de gobierno. 

Hay que aclarar que pese al retroceso económico y social que supone la crisis del coronavirus, aún por establecer de forma definitiva por la prolongación de la pandemia, quienes se han opuesto a los planes de ajuste de otros momentos no ha conseguido la suspensión definitiva del pacto de estabilidad europeo, por lo que más pronto que tarde la deuda pública y los ajustes contra los trabajadores volverán a aparecer en el dictado de Bruselas contra los países miembros.

 Poniendo condiciones a sus Presupuestos, y a su Deuda pública Recordaremos que el febrero de 2019, el Parlamento Europeo y los Estados miembros aprobaron los planes de pensiones privados como producto paneuropeo de pensiones personales (PEPP). 

Medida tendente a fortalecer la Unión de Mercados de Capital, como plan privado, voluntario de ahorro para la jubilación, complementario de los sistemas de pensiones públicas, y privadas existentes en cada país. 

Plan entendido como un primer paso para que los proveedores de pensiones personales (Bancos y Grandes empresas de Seguros) puedan vender el PEPP en toda la UE. 

Los planes de pensiones privadas vienen de lejos, aunque sin mucho éxito por parte de sus promotores, sobre todo por su falta de rentabilidad real. Desde 1989 tanto CCOO como UGT vienen ofreciendo a sus afiliados un sistema de ahorro privado denominado “Plan de Pensiones Asociado”, favorecido con beneficios fiscales. 

En el año 2016 se constituye una GESTORA DE FONDOS PRIVADOS DE PENSIONES entre las siguientes entidades privadas: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Sociedad Anónima, con el 60% del capital; Unión General de Trabajadores de España, con el 20% del capital, y la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, con el 20% del capital. Gestora con sede social en la Calle Azul, Ciudad del BBVA en Madrid, que maneja activos en la actualidad de más de 30 millones de euros. 

La existencia y actividad de dicha Gestora de Fondos es la prueba de la práctica de que los dirigentes de CCOO y UGT apuestan por hacer negocio con las pensiones privadas y no por defender el sistema público de pensiones.

 La posición de los dirigentes de los principales partidos que se reclaman de los derechos y conquistas de los trabajadores viene a ser muy parecida. La Ejecutiva del PSOE goza del privilegio de un plan privado de pensiones para todos sus miembros. De ello da cuenta el consenso permanente establecido con las derechas a través del Pacto de Toledo, donde acaban de lograr un acuerdo para imponer una contrarreforma social de amplio alcance. 

Y ello mediante 20 puntos básicos, donde se establece, entre otras cuestiones, un falso déficit de la Seguridad Social, cuando en realidad se ha echado mano reiteradamente por parte de diferentes gobiernos, tanto a los fondos como a los bienes de dicha entidad por un importe superior a 500.000 millones de euros. 

Y la apuesta oficial del Pacto de Toledo por las pensiones privadas y de empresa. Y, es en el ámbito de la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo que el ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, expuso los planes de contrarreforma social del gobierno, tendentes a endurecer las jubilaciones anticipadas, a desplazar ciertos beneficios fiscales que hoy tienen los planes individuales de pensiones hacia los planes de empleo procedentes de la negociación colectiva. 

Con la revalorización de las pensiones de acuerdo con el IPC, sin adecuarlas a las necesidades de una mayoría de pensionistas, en particular las pensiones de viudedad que siguen en su mayoría muy por debajo de los mil euros. Y ello cuando se reclaman pensiones mínimas y un salario mínimo de 1200 euros para todos. 

La contrarreforma social y los privilegios para los burgueses constituyen el sello de las políticas del gobierno de coalición, pongamos como ejemplo el Decreto Anti desahucios aprobado, por el que se compensa a los grandes propietarios de inmuebles con más dinero del que dejan de ganar.

miércoles, 16 de diciembre de 2020

¡Ningún ser humano es ilegal! ¡¡ Nativa o extranjera, la misma clase obrera!!

 


Día Internacional del  Migrante

Demandamos la derogación de las leyes de extranjería contrarias a los derechos humanos

El movimiento migratorio mundial alcanza cuotas nunca conocidas de sectores explotados y oprimidos de población que buscan sobrevivir en medio de la guerra, de la profunda recesión económica internacional; de la represión, la hambruna, la desigualdad social y la falta de oportunidades.

 Las principales potencias mundiales no han dejado de levantar muros, y leyes contrarias al derecho a la migración. Europa, como EEUU, no hace sino cerrar sus fronteras a los migrantes mientras saquea los recursos mundiales de países y continentes enteros, pisoteando su soberanía nacional y favoreciendo gobiernos afines a las políticas neoliberales, propios del sistema capitalista.

 Esa ofensiva contra los derechos de los migrantes se ha multiplicado con la pandemia del coronavirus Covid-19, tomando como eje la privación de libertad, la limitación del procedimiento de retorno; multiplicándose las deportaciones judiciales y extrajudiciales. 

Los migrantes que superan todos los obstáculos comprueban como los permisos de residencia se limitan más y más, condicionados a la compra de bienes inmuebles; mientras que los permisos de trabajo quedan en suspenso por problemas administrativos.

 Los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs) se han convertido en prisiones para migrantes que no han cometido delito alguno, lo que cuestiona los principios esenciales del Estado de Derecho.

 Las políticas contra los derechos humanos de migración que aplica el Gobierno son, por todo ello, contrarias a los derechos democráticos y sociales más elementales, y generan más desigualdad e injusticia, más racismo y xenofobia.

  Por ello, a Las Cortes Generales y al Gobierno exigimos que acabe la represión contra la migración, lo que supone la derogación de toda la legislación contraria a los derechos humanos y el cierre de los CIEs.

Por la Resistencia y Solidaridad con nuestros hermanos de los diferentes países de origen

jueves, 3 de diciembre de 2020

Declaración política de la secretaría general: FUERZAS ARMADAS Y DEMOCRACIA





La cercanía del 6 de Diciembre nos debe hacer reflexionar acerca del carácter de la Constitución vigente y los “ruidos de sables” que atronaban cuando se redacta el texto constitucional. Ruidos de sables que regresan ante el silencio del monarca al cual se dirigen sus propuestas políticas golpistas. Pero no solo en sectores del ejército (siempre los portavoces de las últimas intentonas han sido militares retirados), sino que en las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado incluida alguna, si bien muy escasa incidencia en las policías locales, están firmemente penetrados por la ideología de extrema derecha y por tanto anti-democrática.

Desde los partidos de la Plaza de Colón se han promovido sindicatos policiales altamente politizados con sesgos extremistas de derechas. De nada ha servido que el gobierno de coalición les haya subido los sueldos. Hay que actuar y ya. Resulta chocante poner el modelo alemán como ejemplo, por otro lado muy severo, pero allí han sido expulsados sin contemplaciones militares profesionales pro-nazis e incluso han disuelto unidades de fuerzas especiales. Por tanto los ministros de interior y ministra de defensa deben dejarse de paños calientes y pasar a la acción o ser cesados. Máxime cuando un general en la reserva alude a realizar un limpieza política fusilando a la mitad de la población del reino de España, vamos ni Pol Pot llegó a tanto, solo Hitler ejecutó tales razias en masa.

La transición tal y como era su obligación ni limpió la policía ni la Guardia Civil de torturadores, ni nunca inició una “desfranquización” del ejército. Es más la Constitución se redactó con el ruido de los motores de los carros de combate de la Acorazada Brunete escuchándose y buscando nada más y nada menos que en Juan Carlos I la garantía de frenar los cuarteles. De esos polvos, estos lodos.

No es posible un golpe en estos momentos, quiero pensar, es difícil, pero si crear un clima de amedrentamiento en la población y un envalentonamiento de los sectores más violentos de la extrema derecha y actitudes temerosas en la izquierda oficialista y pro-gubernamental- o entre monárquicos del arco parlamentario más liberal.

Por tanto exigimos responsabilidades, depuración y reclamar del jefe del estado una posición clara y manifiesta de rechazo a los neo-franquistas, aunque personalmente le duela. En los entornos del 6 de Diciembre hay que volver a recordar que la constitución del 78 está caducada e inservible, la corona desprestigiada y que hay que iniciar un proceso constituyente. Sin proceso constituyente y una constitución democrática, no habrá democracia en el estado español.

Carlos Martinez

Secretario General del PSLF

sábado, 28 de noviembre de 2020

EN DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA

Campamento Dignidad y Mérida Solidaria como componentes de la CAS (Coordinadora Anti-privatizaciones de la Sanidad Pública) han continuado este viernes los actos por la defensa y potenciación de la Sanidad Pública. En esta ocasión, hemos visitado el centro de salud del polígono en Mérida, y delante de la Consejería de Sanidad.

 

Para combatir la Pandemia del COVID-19 y ofrecer una asistencia de calidad a aquellas personas que se encuentran con otros problemas de salud diferentes, es de vital importancia la defensa y potenciación de la SANIDAD PÚBLICA. En este orden de cosas consideramos:

 

1.- La sanidad extremeña necesita de inversiones en planes de salud, especialmente en la contratación de personal sanitario y de quienes realizan diferentes laborales en los centros de salud y hospitales, trabajadores/as para la atención al público, limpieza, servicios múltiples, etc.

 

2.- La atención sanitaria presencial en los centros sanitarios tiene que ser al 100 %.

A las personas enfermas no se las reconoce ni se les detecta un mal momentáneo o una enfermedad telefónicamente. El personal sanitario necesita ver la cara de los enfermos. El teléfono puede servir para arreglar alguna cuestión burocrática, pero nunca para diagnosticar y dar soluciones a una enfermedad. 

 

3.- La lucha contra los contagios requiere de personas que realicen medidas preventivas. Para ello, hay que proceder a la contratación de controladores de las temperaturas, especialmente, en lugares públicos, y de una intensificación en la realización de PCRs; además de otras medidas ya conocidas: mascarillas, distancias físicas entre personas, etc.

 La gente se siente desamparada por muchas razones. Así, no se entiende que se den de altas en los hospitales y se envíen a casa a personas que llevan dos días con el COVID-19 y se les diga que debe permanecer confinado y hasta que no transcurra él período de confinamiento anunciado no debe salir de casa, así sin más, sin control sanitario alguno.

No entendemos el procedimiento que se ha puesto en marcha recientemente por la consejería de sanidad: las personas que han estado en contacto directo con alguien que ha dado positivo se les confine sin más, sin control alguno, sin pasar por un PCR, durante un período de tiempo.

 

4.- Tras la constatación de repetidos sobornos por parte de las multinacionales farmacéuticas a gobiernos y expertos, incluso de la OMS, exigimos que las vacunas que se utilicen provengan de laboratorios públicos. Cuando se va a vacunar a millones de personas, y el correspondiente negocio multimillonario detrás tenemos que sospechar que puedan violarse las imprescindibles medidas de seguridad.

Queremos, una información clara sobre el despliegue de las futuras vacunas y su utilización. Estamos asistiendo a un conjunto de informaciones oficiales que nos dan la impresión que pretenden trasladar el mensaje a la población de que todo estará resuelto en pocas semanas.

 

5.- Consideramos de la máxima importancia que se potencie la investigación en los centros públicos, sanitarios y universitarios, sobre las vacunas y todo lo que sea necesario para combatir esta pandemia.

Hasta ahora todo se supedita a lo que hagan las grandes multinacionales y compañías farmacéuticas que están recibiendo cientos de millones del Estado Español, y de otros estados europeos que aspiran a obtener mayores ganancias de las que ya obtienen especulando con la venta de la vacuna. Hasta ahora, la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD no ha dado el visto bueno a ninguna vacuna.

miércoles, 25 de noviembre de 2020

El gran negocio de las vacunas

Las vacunas contra el #Covid19 están demostrando no ser más que otro negocio más para las compañías farmacéuticas y con exclusivo ánimo de lucro y por cierto este, de miles de millones.

1.- La mayor parte de las inversiones en la vacuna anti #coronavirus han sido subvencionadas y/o apoyadas por fondos públicos estatales, es decir dinero de todas y todos, en todo el mundo incluidos estados que son la meca del capitalismo.

2.- La Organización Mundial de la Salud no ha autorizado todavía ninguna. La mayor parte de las noticias sobre las vacunas, no son sino notas de prensa que provocan subidas en las bolsas y ganancias millonarias para algunos ejecutivos. Además los gobiernos occidentales, los países más ricos están ya comprando millones de dosis de vacunas no aprobadas ni suficientemente testadas. Es inmoral, es corrupción.

3.- El gobierno de España a través del ministro Illa afirma que serán gratuitas y miente, pues las pagamos de nuestros impuestos, o acaso las regalan. Además no se ha esperado a ver cómo van las investigaciones españolas, que son muy serias y científicas o las potentes investigaciones chinas y comprobar su precio y calidad. 

En lugar de potenciar una industria pública farmacéutica española y crear tejido industrial propio o comparar precio y calidad de todas, e incluso buscar alianzas estratégicas con farmacéuticas públicas del mundo, nos vendemos a multinacionales de los EE.UU, Alemania o Gran Bretaña y se favorece el negocio privado extranjero.

4.- Las Comunidades autónomas en su inmensa mayoría han fracasado, mentido, en algunos casos en medio de afirmaciones ridículas que serían para reír sino fuera que provocan crímenes, o cometen locuras y despilfarros, participando en un concurso de haber quién es más inconsciente en lugar de invertir más en atención primaria, crear plazas en la sanidad pública y proteger a la población en lugar de solo a los negocios y un supuesto salvar la navidad en medio de centenares de muertes y por tanto de crímenes como los que diariamente tienen lugar entre otros en la residencias de mayores que ya debieran haber sido nacionalizadas.

5.- Es por eso que el Partido Socialista Libre Federación exige la nacionalización de la industria farmacéutica y de toda la sanidad. Basta de hacer negocio con nuestra salud y nuestras vidas. Basta de mentir, basta de con dinero público favorecer negocios y capitales privados.

6.- Es difícil cumplir el calendario de vacunaciones expuesto, además por motivos ideológicos y de negocio la derecha y la extrema derecha van a poner palos en las ruedas de un gobierno muy débil con los poderosos y los grandes capitales.

La pandemia está requiriendo de un gran esfuerzo público. Lo que está demostrando dos cosas: a) que lo público es imprescindible y b) el fracaso del sector privado que sin impulso estatal nada puede hacer, pero que a toda costa quiere hacer negocio y pillar fondos públicos.

Vamos la lógica liberal y neoliberal, que es expropiar a las personas para convertirlas en mercancía y mercado.

Desde el PSLF pensamos que es la hora de lo público y repartir, no convertir a la sociedad en el negocio privado de unos pocos y menos a costa de nuestras vidas.  

jueves, 19 de noviembre de 2020

Lucha por la memoria laica y democrática

 

En estos días se cumple el 45 aniversario de la proclamación por las Cortes franquistas de Juan Carlos de Borbón como rey. Aniversario que el Emérito va a celebrar con el botín cosechado desde su lujoso refugio de los Emiratos, y que sus descendientes lo harán desde el uso y disfrute de la jefatura del Estado, protegidos todos ellos por una supuesta democracia que desahucia todos los días a cientos de familias de sus casas, que llena las calles de colas de parados y de familias atenazadas por el hambre.

La Memoria histórica y democrática no es un asunto del pasado, aunque quienes legislan sobre estos asuntos de tanta importancia traten, de una u otra forma, de limitar su alcance político e institucional.

Ellos parten de la defensa incondicional del régimen que ayudaron a construir a la muerte del dictador, como si se tratase de un terreno conquistado al que no están dispuestos a ceder, por mucho que tengan en contra el derecho internacional y a buena parte de la población.

De forma que desde el Gobierno y desde las mismas Cortes tuercen y retuercen los términos para tratar, sea como sea, de mantener la impunidad de los crímenes del franquismo; en tanto que la impunidad se ha constituido en la base de sustentación del régimen constitucional del 78. La ilegalización del franquismo y del “atado y bien atado” franquista, establecido mediante un régimen corrupto, vitalicio y hereditario, es la asignatura pendiente de la lucha por la democracia y de la laicidad contra los privilegios de la Iglesia.

Todo el entramado de la impunidad ha sufrido un gran deterioro, que obliga a leyes y a decisiones políticas cada vez más confusas e inconcretas para tratar de salir del atolladero. Entendemos que el muro de la impunidad se ha comenzado a romper con la sentencia sobre el Pazo de Meirás y, pese a leyes como la que ahora presenta el gobierno como una ley democrática, no es sino un nueva ley de impunidad. 

La crisis del régimen lleva meses y meses abierta de par en par, desde la cúspide, aunque los votos del PSOE, del PP y de Vox traten de bloquear en las Cortes todo intento de arrojar luz sobre los asuntos de abuso de poder, de grandes cuentas secretas y escándalos internacionales…

 La sentencia de la juez de Coruña sobre la “simulación” de los Franco con el Pazo de Meirás -y puede que con muchos bienes más del botín de guerra- deberá ser puesta sobre el tapete político y judicial a la hora de investigar, juzgar y sentenciar todos y cada uno de los casos de corrupción de Estado.