El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de
Badajoz acaba de declarar nulo el nombramiento de 15 inspectores
accidentales de la Consejería de Educación, que relevaron el verano
pasado a otros tantos, por considerar que las plazas no estaban
vacantes, y que si se quieren cubrir definitivamente tendría que haberse
celebrado un concurso oposición.
Con esta decisión judicial queda en entredicho
inicialmente, ya que la sentencia es recurrible, casi la mitad de la
plantilla de la que dispone la Consejería, y que es de 35 inspectores.
La sentencia del Juzgado de Badajoz, de fecha 20 de
diciembre pasado, se ha dictado a raíz del recurso presentado por la
Asociación de Inspectores de Educación de Extremadura, contra la
resolución de 11 de junio de este año, de la Secretaría General de
Educación de la Junta, por la que se constituía lista de aspirantes para
desempeñar funciones de inspector accidental.
La plantilla teórica de inspectores es de 39 pero solo
están cubiertas 35 plazas, de las cuales 20 son funcionarios titulares
por oposición y los otros 15 inspectores accidentales en comisiones de
servicio que se han ido renovando.
El problema de raíz puesto de manifiesto con motivo de
este litigio es que desde que Extremadura asumió las competencias en
enseñanza no universitaria, en el año 2000, solo se ha celebrado una
oposición para cubrir plazas de inspectores con carácter definitivo, y
fue en el 2003; desde entonces las vacantes se solucionan con
nombramientos en comisión de servicio que se produjeron en 2004, 2006,
2007 y ahora en junio de 2012.
En esa última la Consejería de Educación y Cultura
sustituyó a los 15 eventuales por otros nuevos. La Asociación de
Inspectores de Educación consideró que eso vulneraba una normativa de
febrero de 1996 que contemplaba que las vacantes pudieran solucionarse
con comisiones de servicio, pero no las no vacantes.
La magistrada juez de lo Contencioso Administrativo de
Badajoz le echa un rapapolvo a la Junta de Extremadura y se confiesa
«perpleja y asombrada» por el hecho de que en 12 años de competencias
educativas solo se haya celebrado una oposición para este cuerpo de
docentes, y que la práctica habitual hayan sido las comisiones de
servicio, un procedimiento excepcional por causa extraordinaria y
urgente; convertirlo en habitual «es un auténtico fraude de ley»,
reprocha en su sentencia.
Pero si le causa asombro eso, «más sorpresa produce
saber» que la nueva Administración educativa surgida de las elecciones
autonómicas de 2011 haya decidido conceder en nuevas comisiones de
servicio todas las plazas de inspectores accidentales, aunque no
estuvieran vacantes.
Una convocatoria, esta de junio de 2012, que tuvo por
finalidad en su opinión «prescindir de los servicios de todos los
inspectores accidentales que había para pasar a nombrar a otros
inspectores accidentales, no sabemos por qué motivo ni razón». Por ello,
debido a un defecto de procedimiento, anula la convocatoria y da así la
razón a la Asociación de Inspectores.
La juez impone además a la Consejería de Educación y Cultura el pago de las costas.
La Consejería de Educación y Cultura replicó ayer que
casi con toda seguridad presentará recurso, y criticó que las
comisiones de servicio eran renovadas cada año «sin ningún tipo de
trámite, sin concurrencia y sin dar oportunidad a otros docentes, con
iguales o mejores méritos, para acceder a dichos puestos», por lo que
decidió abrir la oportunidad a unas plazas que en su opinión estaban
antes «vetadas» al libre acceso y eran «patrimonio de unos pocos».
De momento, en sus puestos
Mientras la sentencia no sea firme, y lo será si la Junta
no recurre, o porque la Sala de lo Contencioso Administrativo le quite
también en el futuro la razón a la Administración autonómica, los 15
inspectores accidentales seguirán en su puesto, pero serían relevados
por los anteriores en caso contrario.
Los sindicatos de profesores ya atribuyeron a estos ceses
y nombramientos masivos parte de las culpas en los problemas de
principios de curso en el nombramiento de los profesores interinos.
La Asociación de Inspectores de Educación de Extremadura
viene quejándose también desde el verano pasado de que desde la
Consejería se ha acentuado la desconfianza en ese cuerpo de técnicos
profesionales, que pese a ser los conocedores directos de la situación
educativa, «se nos tiene apartados de la presencia en los centros, se
nos impide participar en tribunales y órganos que nos corresponde por
imperativo legal, desconocemos las políticas a aplicar, y nos enteramos
de las cosas por terceros».
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