Sobre los centros residenciales

 

Mientras la pobreza se extiende en los barrios obreros, aumentan los problemas relacionados con las faltan de viviendas y los alquileres, siguen los desahucios por los mismos bancos que fueron rescatados con decenas de miles de millones de dinero público y se eliminan las bolsas de alimentos para los más necesitados, los gobiernos de la UE, incluido de forma destacada el del PSOE­ Sumar, declaran la economía de guerra.  Una economía de guerra que con más daño cae sobre los territorios con más dificultades económicas y sociales como el caso de Extremadura.

Pero ¿qué es la economía de guerra? La economía de guerra significa que la prioridad absoluta de toda la sociedad es destinar recursos a la industria militar, todo ello cuando ya en 2023 el gasto militar se incrementó en un inédito 25%, alcanzando los 28.000 millones de euros que es más de un tercio del gasto sanitario público en todo el estado español.

Quiere esto decir que van a recortar, aún más, el gasto social en pensiones, desempleo, sanidad, educación, servicios sociales, etc., para destinarlo a la compra de armamento y suministros militares. Supone preparar grandes ejércitos y volver al servicio militar obligatorio, cuyo establecimiento se debate abiertamente en los diferentes países de la UE.  Significa que el complejo militar industrial, los fabricantes de armas y de todo tipo de tecnología militar, incluida la industria farmacéutica, empresas privadas en su totalidad que de forma mayoritaria son propiedad de las grandes multinacionales anglosajonas del sector, van a multiplicar sus ya fabulosas ganancias. Al mismo tiempo los poderosos grupos de presión de la industria armamentística, que controlan los puntos clave del poder, van a influir decisivamente para que la guerra, su gallina de los huevos de oro, siga bien alimentada, mientras nos encaminan al precipicio.

Esta amalgama de negocios que expresa la corrupción política se extiende y beneficia a toda la clase dominante de la sociedad española a costa de las clases trabajadoras, especialmente las que desarrollan su vida en las zonas con más dificultades económicas y sociales como Extremadura. Los recortes están alcanzando ya, en toda regla a los servicios públicos de la Comunidad Extremeña entre los que se encuentran los servicios de la atención a mayores y la dependencia. Este ataque sobre los recursos materiales y humanos de los centros residenciales se ejecuta por medio de la CCAA a quien corresponde la aplicación competencial directa. En algunos centros son los trabajadores los que muestran su disconformidad con las condiciones laborales y salariales, también algunas familias se quejan del trato que reciben las personas mayores.

Desde UED-PSLF consideramos que las instituciones de la Junta de Extremadura deben responder con las medidas que sean necesarias para satisfacer la atención de calidad de los mayores y dependientes y atender a las demandas laborales de las personas que trabajan en estos centros residenciales. Y todo ello, exigiendo al gobierno de España si fuera necesario los presupuestos que les permitan cumplir con estas obligaciones competenciales. Hoy es más necesario que nunca una fuerza política que represente una alternativa socialista al imperialismo capitalista que se reproduce en los gobiernos regionales y nacionales.