Hay que reactivar la campaña para que la Religión salga de la escuela pública

 Escrito por: Redacción.Fuente: El Pajarito. 

Decenas de sindicatos, asociaciones y colectivos de enseñanza han reactivado su campaña por una escuela pública y laica sin asignatura de Religión. Consideran que una vez aprobada la  LOMCE, y al margen de los ritmos de aplicación previstos para la actual legislatura, es necesario “hacer frente a sus efectos más dañinos e inmediatos: aceleración de los procesos de privatización, de una parte, y, a la vez, una ofensiva ideológica para imponer en el terreno educativo los valores y contenidos de corte neoliberal en su versión más reaccionaria”.


Esta plataforma de colectivos cree que la LOMCE busca servir de marco político y legal para “avanzar a marchas forzadas en los procesos de privatización de la enseñanza mediante una doble vía: precarizar al máximo la enseñanza pública (y encarecerla en sus tramos no obligatorios, como sucede con la Educación Infantil y la Universidad) e impulsar los diversos modelos privatizadores, como cheques escolares en Infantil y Formación Profesional, suelo público para construir centros privados, prioridad de éstos en los planes de escolarización y crecimiento de las partidas presupuestarias desviadas al sector privado a costa del público”.

“ Ante la creciente desafección en materia religiosa, tanto en la sociedad como en los centros escolares, la Conferencia Episcopal redobla su presión para recuperar terreno tratando de llevar hasta el límite la aplicación de los Acuerdos de 1979 con la Santa Sede”. Esa presión se traduce, en otorgar mayor peso y reconocimiento curricular de la asignatura de religión a todos los efectos. Este mayor peso y reconocimiento se hace en detrimento de materias formativas de carácter racional y universal (filosofía, ciencias, valores cívicos comunes…), tal como avala la LOMCE y confirman sus primeros desarrollos.

Una vez aprobada la LOMCE, en las nuevas circunstancias, consideran que es necesario poner el énfasis en dos cuestiones que “se enfrentan directamente a la actual ofensiva desatada por el Gobierno. Por una lado, la no financiación con dinero público del adoctrinamiento religioso en ningún centro escolar que, en consecuencia, se opone a los conciertos con centros de ideario confesional, por más que, de acuerdo con el pronunciamiento explícito de la Audiencia Nacional en sendas sentencia de los años 1983 y 84: “El Estado no está obligado a subvencionar la Enseñanza privada, sea de la naturaleza que sea”. Y menos en detrimento de los fondos que ha de destinar a la Escuela Pública, su responsabilidad y exigencia prioritaria”.

Por otra parte, insisten en pedir la derogación de los Acuerdos con el Vaticano, en tanto, de una parte, constituyen “la base legal de los privilegios que sigue reclamando la Iglesia, especialmente dentro del sistema educativo; y, de otra, se ha extendido el rechazo social y político a sus contenidos antidemocráticos”.