jueves, 10 de enero de 2013

CAMPAÑA: POR UNA ESCUELA PÚBLICA Y LAICA ¡RELIGIÓN FUERA DE LA ESCUELA!“Valoración sobre anteproyecto LOMCE que propone el actual Gobierno”

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CAMPAÑA: POR UNA ESCUELA PÚBLICA Y LAICA
¡RELIGIÓN FUERA DE LA ESCUELA!
DOCUMENTO 9 DE ENERO DE 2013
“Valoración sobre anteproyecto LOMCE que propone el actual Gobierno”
La complicidad entre el Ministro Wert y los obispos, elevan sus amenazas a la Escuela Pública y Laica
El pasado septiembre, numerosas organizaciones y colectivos decidieron retomar la campaña “Por una Escuela Pública Laica: Religión fuera de la Escuela”. Una campaña que venía de años atrás, pero cobraba actualidad a la luz de los propósitos sólo a medias desvelados en el anteproyecto de reforma educativa propuesto por el ministro Wert. Ahora, con la incorporación de nuevas exigencias del sector privado y confesional, el futuro inmediato de la Escuela Pública y Laica corre mayor peligro si cabe y exige la movilización ciudadana para impedir su completa destrucción.
Un problema eludido en la Transición

El principio democrático de la laicidad inexcusable de las instituciones públicas y, en particular, de la Escuela no se vio reflejado en el nuevo marco legal creado en la Transición. Pese a que el Estado se proclama aconfesional, los privilegios concedidos por el régimen anterior a la Iglesia no desaparecieron sino que se vieron consolidados, especialmente en el terreno educativo. Con ese objetivo firmó Suárez los Acuerdos con la Santa Sede en 1979, que ningún gobierno posterior se ha atrevido a denunciar. Felipe González legalizó, con la LODE de 1985, las subvenciones a los centros concertados (en su mayoría de ideario confesional católico) y, en la LOGSE de 1990, mantuvo la Religión dentro del currículo escolar, tanto en la enseñanza privada como en la pública.
La LOE hizo nuevas concesiones
A pesar de las protestas de los sectores más clericales y reaccionarios por la derogación de la LOCE del PP, la nueva reforma educativa impulsada por el gobierno de Zapatero con la LOE mantuvo la doble red de centros, considerándolos con iguales derechos (que no deberes) por el mero hecho de ser financiados con fondos públicos y abrió el camino a la ampliación de los conciertos, incluso a etapas no obligatorias. En todo lo concerniente al lugar de la Religión en la escuela, se remitió explícitamente a los citados Acuerdos con la Santa Sede (sancionando así sus efectos antidemocráticos en una ley orgánica) y elevó, de paso, el estatus académico de los profesores-catequistas designados por los obispos para impartir dicha materia.
El anteproyecto de LOMCE
El primer borrador de anteproyecto de LOMCE presentado por el ministro Wert, modificaba la ley anterior imprimiéndole un claro sesgo ideológico, selectivo y mercantilista, junto con propuestas contrarias a los principios democráticos y compensadores sobre los que se debería de asentar la Escuela Pública. Dejaba, sin embargo, intacto ese articulado de la LOE, que seguía negando el carácter laico que debe presidir el marco escolar común.
En todo caso, ya introducía elementos que reforzaban al sector privado y la influencia de las ideologías confesionales con el cambio de nombre y contenidos de “Educación para la ciudadanía”, la eliminación de materias como “Ética” y otras de carácter científico, en tanto promueven un acercamiento a la reflexión racional sobre el ser humano y su mundo, frente a la exclusividad que se atribuyen las diferentes concepciones religiosas con respecto a los valores morales y a la interpretación de la realidad.
Los recortes en recursos humanos y contenidos curriculares no afectaban a la Religión ni a sus profesores catequistas, que mantenían una situación de privilegio frente al resto del profesorado. Aprovechaba la propuesta de modificación legal para abrir paso a demandas sectarias como la segregación por sexos, o al incremento del espacio para el desarrollo de los centros concertados o puramente privados.
Un nuevo borrador sólo acordado con la patronal privada y sometido a la Iglesia
En diciembre, el ministro Wert introdujo nuevas modificaciones en su borrador, con la falsa excusa de abrir el diálogo y atender las sugerencias de la comunidad educativa. La ampliación de plazos de cara a una redacción definitiva ha sido aprovechada para reuniones exclusivamente partidistas y hacerse eco de las presiones que provienen de los sectores más conservadores del PP y de la Conferencia Episcopal, dispuestos a imponer con mayor contundencia sus intereses particulares. Aparte del empeño en “españolizar” a los catalanes, reavivando la guerra de las lenguas (y de paso puenteando por vía privada las competencias públicas), el nuevo borrador (y quizá no el último) recoge demandas escandalosamente regresivas impuestas por el sector privado y confesional:
a) Atendiendo a los sectores religiosos más integristas, elimina de forma definitiva la asignatura “Educación para la Ciudadanía” y la idea misma de una formación común en valores compartidos y democráticos.
b) Impone en Primaria y Secundaria una materia “fuerte” y evaluable, como alternativa a la Religión, tal como ha acordado en complicidad con los obispos, con el fin de tratar de atajar el creciente abandono de alumnado de las clases de religión.
Se llega así a la aberración de limitar sólo a parte del alumnado materias que se presumen de interés general (valores culturales, sociales o éticos), a la vez que del supuesto derecho de algunos (a recibir adoctrinamiento religioso en la escuela) deriva un deber para quienes no desean utilizarlo. Queda por ver, además, que programas y currículo se proponen para estas materias “alternativas”.
 c) Utilizando la actual Ley de Educación (LOE) que en su artículo 108.4 expresa que “la prestación del servicio público de la educación se realizará, a través de los centros públicos y privados concertados”, da un paso más hacia la privatización del sistema educativo, supeditando la creación de plazas (ahora sin especificar si son públicas o privadas) al tipo de “demanda”.
Es decir, el Estado hace dejación explícita de su obligación de garantizar plazas públicas en cualquier sitio y en primer lugar. El desarrollo del sector privado a costa del público quedaría así afianzado. Las patronales de centros concertados, por su parte, exigen no sólo prolongar y ampliar los conciertos, sino eliminar cualquier condición para recibir subvención pública más allá de la simple “demanda social” (contar con alumnado), y tener igualmente acceso al suelo público.
Es preciso señalar que la inmensa mayoría de la enseñanza privada concertada está en manos de organizaciones religiosas católicas, algunas de ellas con un fuerte carácter integrista, que impregna el currículo e ideario de los centros.
De acuerdo con la experiencia desarrollada en algunas comunidades autónomas, basta con anteponer esas demandas (con la falaz justificación de su menor coste para la Administración), postergar o simplemente no construir centros públicos, para que la demanda de plazas escolares se encauce obligadamente -y sin ninguna posibilidad de “libre elección”- hacia los centros concertados o enteramente privados, como viene sucediendo de manera generalizada en la educación infantil.
Reavivar la campaña “Religión fuera de la Escuela”
Si había sobrados motivos para impulsar esta campaña en defensa de principios democráticos imprescriptibles, la ofensiva protagonizada por el ministro Wert y los oscuros poderes que representa le confiere nuevo y mayor alcance. Conquistas históricas, incluso parciales e insuficientes, corren peligros sin límites, aún sin conocer su definitivo alcance. De momento, ya han expresado su intención de imponer serios pasos atrás.
Hacemos un llamamiento general a todas las fuerzas políticas y sindicales, a colectivos y asociaciones ciudadanas, verdaderamente comprometidos con la defensa de la Escuela Pública y Laica, la “de todos y para todos”, a que hagan suya esta campaña y la extiendan a todos los ámbitos de su influencia. Es preciso unir esfuerzos en este momento crítico, que lo es en tantos sentidos, pero de forma especial para la salvaguarda del carácter público de servicios fundamentales y de un marco democrático de convivencia, imprescindibles, en particular, para la existencia misma de la educación como bien social y común.
Y, por último, llamamos la atención de todas las organizaciones sociales, sindicales y políticas que defienden la Escuela Pública lo hagan: Por una escuela pública y, también, laica, exigiendo que la religión esté fuera de la escuela, en estos momentos es más trascendental que nunca.
Exigimos:
  • La derogación de los Acuerdos con la Santa Sede.
  • Que la religión deje de formar parte del currículo y del horario lectivo, saliendo de la Escuela.
  • Que ninguna simbología religiosa tenga presencia institucional en los centros escolares.
  • Que no se financie con dinero público el adoctrinamiento religioso en ningún centro escolar, ni la segregación por razón de sexo o de otra naturaleza ideológica o social.
  • Que en el ámbito escolar se impida cualquier tipo de segregación por razones ideológicas, sociales o de sexo.

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