CONSIDERACIONES MUNICIPALES

1.- Desde ODP-PSLF aún no podemos hacer una valoración profunda y extensa de la política municipal por los pocos meses transcurridos, al menos, hasta que no se aprueben los presupuestos y veamos qué perspectivas de futuro ofrece este equipo de gobierno municipal al pueblo.

2.-No obstante, se ha tenido sensibilidad para llevar a cabo ciertas cuestiones que desde hace tiempo veníamos solicitando tal y como el inicio del arreglo de caminos y la rehabilitación de ciertas obras en edificios que estaban abandonados por el anterior equipo de gobierno. También, se ha procedido a la modificación de ciertos reglamentos que aún no conocemos su funcionamiento de un modo práctico y por tanto, no sabemos la repercusión que van a tener en la participación de la población en asuntos municipales.

3.- No estamos de acuerdo en otras actuaciones como la reducción de impuestos que por la capacidad económica del Municipio no son cantidades considerables; sin embargo, son pequeños detalles que se mueven en lo que es el marco general de las políticas que practican partidos de derechas. Según informa el equipo de gobierno, la reducción de impuestos se aproximará a 150.000 euros. Pensamos que con esta cantidad se podían atender ciertas actividades municipales, reducción de las tasas deportivas para los niños y niñas, monitores, o para realizar otras actividades municipales diferentes.

4.- También, es un hecho relevante, en estos primeros meses, el enfrentamiento dialéctico teñido de características personales que tiene lugar durante la celebración de los plenos, con declaraciones verbales del anterior alcalde, que ponen de manifiesto su excesiva precipitación, intransigencia y enojo, con demasiadas muestras de sus excesivos egos personales y hervores de autoestima. Todo ello resultado de no alcanzar las expectativas para conseguir nuevamente la alcaldía, y que con su actitud está promocionando al gobierno municipal de Cs y PP.

5.- Sin menospreciar absolutamente a nadie de quienes ejercían los cargos y trabajan en los medios de comunicación locales y en la Casa de la Cultura porque siempre nos atendieron perfectamente. Ahora, con los cambios realizados en estos puestos, y conociendo la trayectoria de las personas que están al frente de los mismos, tenemos que valorar muy positivamente a los nuevos responsables de los medios de comunicación y de la Casa de la Cultura porque lo importante es la profesionalidad y vocación que se tenga en este trabajo, independientemente de lo que digan algunos de que se sea laboral o funcionario. De este modo animamos, tanto a Juanfran como a Isabel, y a todas las personas que ttrabajan en esta casa a que sigáis desarrollando vuestro trabajo como hasta ahora.

6.- En otro orden de cosas, queremos informar que la Concentración para reivindicar la finalización de las obras de las 31 viviendas se realizará el día 1 de diciembre, desde las 12 del mediodía, en la calle paralela a la calle Ruiz Zorrilla. Entendemos que lo que está ocurriendo con la vivienda, aquí y en otros pueblos, no es otra cosa que una forma de violencia contra quienes no disponen de medios económicos y no pueden construir un futuro, esto es violencia contra los más humildes.

7.- La reducción de las líneas de transporte para viajar a otras poblaciones está afectando a personas de la localidad. Esta una situación, también, se reproduce en otros sitios. La nueva contratación del transporte interurbano por la Junta de Extremadura ha limitado las posibilidades de comunicación, especialmente sábados y domingos. Los sábados sólo sale un autobús a las para Badajoz, y no hay de vuelta; los domingos no hay autobuses.

Consideramos que desde el Ayuntamiento se debe gestionar este problema y por supuesto, que como viene sucediendo, la sala de espera de la estación de autobuses no esté cerrada a ciertas horas, y más en el período que se acerca con mucho frío a ciertas horas de la mañana.

8. De cara a los próximos presupuestos regionales esperamos que se incorporen en los mismos la construcción del Instituto tan necesario para la localidad que durante muchos años se nos viene prometiendo, y es un elemento importante desde el punto económico y educativo para la localidad.

SUBASTA PARA REDUCIR IMPUESTOS MUNICIPALES

Desde la ODP-PSLF queremos hacer dos consideraciones, una en relación a la bajada de impuestos aprobada en el pasado Pleno Municipal Extraordinario de Noviembre, y otra en relación a los Programas de Empleo y Talleres que se están poniendo en marcha en nuestros pueblos.

1.- La reducción de impuestos aprobado por el gobierno municipal de CIUDADANOS-PP en el pleno extraordinario de Villafranca de los Barros es una medida electoralista y publicitaria que sólo sirve para reducir la capacidad económica del Ayuntamiento en 150.000 euros.

La reducción de impuestos se hace con la excusa de que el Ayuntamiento está muy saneado económicamente, incluso el PSOE participa en esta subasta queriendo ser más políticamente correcto que el gobierno municipal y no quedar atrás en la carrera electoralista, proponiendo una reducción mayor que el equipo de gobierno.

 Las personas a las que posiblemente beneficie dispondrán en sus bolsillos como máximo de pocos euros al año; en cambio, estos 150.000 euros como se anuncia que puede alcanzar la reducción impositiva pueden invertirse en diferentes acciones municipales como mejorar la dependencia, la ayuda a domicilio, en centros educativos, en calles ú otras actividades necesarias para la localidad.

2.- En repetidas ocasiones hemos manifestado que los PLANES DE EMPLEO, DE EXPERIENCIA ú otros programas que proceden básicamente de la Junta de Extremadura, el Gobierno Central y la Diputación Provincial, y que ejecutan los Ayuntamientos, llegan a un mínimo de personas en paro, y no sirven para generar más empleo, ni riqueza, ni el desarrollo económico tan deseado de nuestros pueblos. Son cantidades totalmente insuficientes.

Lo que continuamente reclamamos son verdaderos programas de empleo e inversiones públicas que ataquen de raíz el paro, beneficien a las clases trabajadoras y sectores populares, mejoren los servicios públicos como educación, sanidad, dependencia y actividades relacionadas con las producciones agroalimentarias y otras, de carácter industrial.

LAS 31 VIVIENDAS DE VILLAFRANCA DE LOS BARROS

NOTA DE PRENSA ODP-PSLF

SOBRE LAS 31 VIVIENDAS DE VILLAFRANCA DE LOS BARROS

La Constitución española, en su artículo 47, recoge el derecho de todos los ciudadanos a disfrutar de una vivienda digna, a la vez que ordena a los poderes públicos que adopten las medidas necesarias para que hagan realidad este derecho.

La declaración de Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948, en su artículo 25, así como en otras diferentes normativas internacionales, se refieren a la vivienda como un bien necesario para una vida digna.

El artículo 148.1.3 de la Constitución Española establece la vivienda como una materia competencial que pueden asumir las Comunidades Autónomas. En base a esto, en el artículo 9.1.31 del Estatuto de Autonomía de Extremadura se la responsabiliza en esta competencia.

De este modo, se aprueba la Ley de Promoción y Acceso a la Vivienda de 11/2019, de 11 de Abril, en la que se vuelve a hacer mención a que se garantiza el derecho a la vivienda en la Comunidad Autónoma de Extremadura “como el derecho de toda persona a acceder a una vivienda digna, de calidad y adecuada a su situación personal, familiar, económica, social y capacidad funcional, asegurando a los extremeños una debida calidad de vida y contribuyendo así al fomento del desarrollo económico y social en la Comunidad Autónoma de Extremadura”.

Sin embargo, los poderes públicos regionales y nacionales no cumplen de ninguna manera con lo que se apunta en estas normativas que en definitiva se convierten en preceptos publicitarios grandilocuentes que no tienen más recorrido y que no dan más de sí. Así, suenan a música celestial los arrebatadores discursos y las agradables declaraciones de los dirigentes políticos cuando con elaboradas oratorias pregonan que se van a tomar medidas para facilitar el acceso de jóvenes a este bien o se van aumentar las ayudas de alquiler o incrementar el parque de viviendas públicas.

En este orden de cosas, nos encontramos con que las tan prometidas 31 de viviendas sociales de Villafranca de los Barros se paralizaron a los pocos meses de iniciarse su construcción, y han quedado en un estado de abandono, con un absoluto silencio institucional sobre su futuro. Nadie dice nada sobre la situación actual de las obras. El otro día se realizaron ligeros comentarios en un pleno municipal, pero nadie ha aclarado nada sobre la continuidad y finalización de las obras.

A las preguntas que le realizamos a la Consejera de la Junta de Extremadura sobre este asunto no supo o no quiso contestarnos, ni posteriormente se ha dicho nada, así que se desconocen públicamente los procedimientos que se siguen para el reinicio de las obras, cuando se va a reemprender la construcción o si se lo ya construido se convertirán en escombros.

Sin duda, todo esto es el resultado de la adjudicación de la edificación a unas bajas temerarias con lo cual es imposible una construcción de calidad, y cuyo resultado final se traduce en el abandono de las obras, trabajadores que se quedan sin cobrar y el desamparo para los vecinos de la localidad que aspiraban a una vivienda.

Por tanto, desde la ODP-PSLF exigimos que a la mayor brevedad la Consejería tome las medidas necesarias para que esas obras se finalicen rápidamente, dadas las necesidades de viviendas en la localidad.

Los repetidores nunca fueron bien considerados

Carlos Martinez, es secretario general del PSLF y del consejo científico de Attac

Los partidos obreros surgen para cambiar las condiciones de vida de las clases trabajadoras, obtener el reparto de la riqueza y de los medios de producción y de consumo y alcanzar el fin de las clases sociales. Para ello, concurren a los parlamentos al objeto de cambiar las leyes y constituciones, organizan sindicatos de la clase obrera y luchan ya sea en las instituciones, ya sea en los centros de trabajo, ya sea en las calles o las trincheras si hace falta por defender la libertad y los derechos de las personas. 

Los partidos obreros no surgen para buscar la moderación –son realistas e incluso posibilístas, pero no moderados- tampoco surgen para buscar gobiernos estables en el interclasismo más allá de acuerdos para consolidar la democracia o combatir al fascismo. Tampoco para tranquilizar a los mercados –son socialistas- y menos para defender a los reyes y los tronos. 

Dicho esto, las elecciones son una forma democrática para alcanzar el poder, pero para ello debe haber en primer lugar democracia cierta, democracia con mayúsculas, es decir democracia republicana.

Pedro Sánchez ha sido el paradigma de todo lo contrario a lo que nuestro fundador Pablo Iglesias representa. Podemos, a través de su líder ha sido poco inteligente y ninguno de ambos ha entendido que de sus decisiones no dependía una simple forma de representación política gubernamental en el seno de una democracia burguesa y cortesana, sino la vida, las aspiraciones de igualdad, libertad, pan, techo y trabajo de millones de personas, muchos millones de personas aquejados de pobreza inducida, machismo militante y violento, trabajo precario o paro sin esperanzas. Vida, señores jefes, vida y derecho a una vida digna.

El Partido Socialista Libre Federación ha advertido sin descanso y sin medios que una repetición electoral era innecesaria y tan solo era una puerta abierta a las derechas. Una oportunidad para la derecha trumpista que nos amenaza y quiere a base de engaños y mentiras seguir trabajando para que los ricos sean más ricos y la burguesía y la oligarquía de Madrid, nos siga robando. 

Unas nuevas elecciones eran innecesarias, bastaba con llegar a un acuerdo de mayorías parlamentarias. Pero no ha sido así, pues los poderes reales con el rey a la cabeza lo han impedido. Ahora y tras las elecciones solo está clara la subida de VOX y eso se lo deben agradecer a la izquierda oficialista y en especial a Pedro Sánchez.

Tras estos resultados electorales del 10 de Noviembre solo queda claro en mi opinión que Sánchez ha fracasado sin paliativos, el PSOE no merece este batacazo propiciado por la prepotencia de su líder, su escoramiento a la derecha y su actitud cortesana. El socialismo tiene mucho que decir, si es eso, socialismo.

En segundo lugar Podemos/IU también tienen su cuota de responsabilidad y no pueden mirar hacia otro lado. Carecen además de la suficiente fuerza de convicción y de coherencia.

Lo que más ha subido ha sido el independentismo y por tanto habrá que tenerlo en cuanta y mucho.

Antes me refería a fuerzas democráticas. Porqué la subida de VOX se debe a la oportunidad que Sánchez les ha brindado con una repetición electoral que ha desmovilizado a una parte de la izquierda.

 La desaparición de Ciudadanos era lógica pues su discurso de extrema derecha solo podía beneficiar a los ultraderechistas.

Ahora solo es posible un gobierno con fuerzas de progreso, sean o no nacionalistas y hacer una políticas de recuperación de los derechos sociales, la igualdad y el federalismo que deje de lado a los nacionalistas españolistas y centralistas y partidarios de la regresión social. Eso o el trumpismo.

VOX no puede representar ni representa a la España rural. Muchos de los votos rurales son de izquierdas y están en la izquierda, por eso el mundo rural debe dejar de ser abandonado, pero para eso son imprescindibles medidas que se opongan a la PAC de la Unión Europea y se centre en la soberanía alimentaria y la defensa del territorio, un territorio con servicios, sanidad y educación ubicados en los pueblos, comunicaciones y una agricultura vinculada a la defensa del clima así como a la incorporación de las nuevas tecnologías.

La única solución es pues un amplio gobierno de progreso y dar la espalda a las derechas. Fortalecer el socialismo, un socialismo democrático que recupere los valores de la izquierda y de trabajar por y para las clases populares y trabajadoras. En nuestro caso, fortalecer el PSLF como opción de una izquierda valiente y consecuente. Una opción que hoy Sánchez no representa.

SOBRE LA NEGOCIACIÓN DEL CONVENIO DEL CAMPO: JOSÉ MARTÍNEZ, OBRERO AGRÍCOLA

Por lo que se publica en la prensa regional (HOY, 24 de Octubre) en la negociación del convenio colectivo del campo se vuelve a producir  el desacuerdo de las partes y la ruptura, por ahora, de las negociaciones. La situación es la misma que la de hace meses, los empresarios agrícolas no quieren pagar el salario mínimo y ponen objeciones al laudo dictado en su momento, quieren más horas de trabajo para los jornaleros y jornaleras a cambio del mismo sueldo, es decir quieren un convenio colectivo a la baja que legalice una mayor explotación laboral. 

Esta actitud de las organizaciones patronales agrarias es conocida desde hace tiempo, lo que resulta extraño y difícil de entender para la clase obrera es que se mantenga sobre la mesa de negociación una propuesta que viene a representar la debilidad de los sindicatos que en teoría representan a la clase trabajadora y cuya proposición no es otra cosa de lo que pudiera dar ocasión a un incremento considerable del abuso laboral. 

Este posible elemento de la negociación que le viene de perlas a la patronal es lo que describimos a continuación tal y como aparece literalmente en la publicación:

“Una de las propuestas de los sindicatos es aumentar la jornada laboral de los eventuales en momentos de las campañas agrarias, «cuando sea necesario y luego compensar ese aumento de jornada por otras jornadas con menos horas cuando la actividad se reduzca». El presidente de Apag entiende que eso se podría negociar pero dijo ayer a HOY que en la última reunión con los sindicatos -la del martes- estos la retiraron. CC OO, en cambio, señaló ayer que sigue sobre la mesa”

Esta propuesta es inaceptable y quien la hace, sin duda, desconoce la realidad de los trabajos en el campo por varios motivos. En primer lugar, si las tareas agrarias suponen ya de por sí un desgaste físico importante por las propias condiciones meteorológicas y laborales que se dan, el aumento de horas de trabajo suponen para nosotros un esfuerzo material extra que difícilmente puede aguantar un trabajador o trabajadora normal y corriente.

En segundo lugar, la propuesta es inaceptable porque supondría un aumento importante del número de horas de trabajo durante las campañas agrícolas a cambio de la misma masa salarial, que no se compensaría ni mucho menos con la disminución horaria en otros periodos laborales, tal y como ingenuamente se propone.

En tercer lugar, esta extensión del horario laboral sería un caramelo muy jugoso para la patronal que sin duda querría que se generalizase posteriormente en un futuro inmediato a todo el año, también, en los períodos en los que las faenas agrícolas requieren una menor cantidad de trabajadores y trabajadoras  en el campo.

Los trabajadores y trabajadoras del campo, lo que exigimos a las organizaciones sindicales, UGT y CCOO, que intervienen en la negociación es firmeza y responsabilidad para la defensa de un convenio colectivo digno que responda a las necesidades materiales que hoy tienen las clases trabajadoras.

¡Aumento general de salarios y pensiones, derogación del techo de gasto!

Espacioindependiente nº 326, jueves 3 de octubre, 2019 http://elespacioindependiente.wordpress.com/:f:info.espacio.independiente

Hay quien dice que la crisis de 2008 vino para quedarse. Con la desregularización del mercado laboral y la libre circulación de capitales, los organismos internacionales del gran capital emprendieron a partir de los años 80, con la llamada globalización, la recuperación de la tasa de ganancia de los capitalistas mediante el retroceso histórico de los salarios y la consiguiente sobrexplotación.

El miedo a las consecuencias de la guerra comercial entre los EEUU y la UE y las dificultades para llegar a un acuerdo sobre el Brexit, cuando comienzan a sentirse los primeros efectos de la desaceleración económica con una importante oleada de despidos, está provocando la mayor caída de las bolsas internacionales. El Ibex de las bolsas españolas cayó ayer un 2,8%, la mayor caída en los dos últimos años.

La recuperación de la tasa de ganancia del capital se ha constituido en el eje de todas las políticas de austeridad y recortes sociales cuyas consecuencias son de sobra conocidas a nivel internacional. La Unión Europea, con el euro como instrumento de ajuste, es una de esas instituciones del capitalismo internacional que han hecho de la austeridad contra los trabajadores una de las razones de su existencia. 

Para salvar los bancos y grandes empresas privadas con dineros públicos, nos hablaron desde todos los gobiernos de la necesidad del ajuste y los recortes sociales transitorios, y nos aseguraron que con estas medidas se podía combatir la crisis y acabar con el paro crónico. Desde el inicio de la crisis económica de 2007-2008, las condiciones de vida y trabajo de los trabajadores no han hecho sino agravarse, como consecuencia de la aplicación de las políticas de austeridad. Y esta política parece no tener fin.

El caso de Grecia es de los más significativos a la hora de entender a dónde conduce la aplicación sistemática de las políticas de ajuste y austeridad. Cada paquete de medidas de recortes sociales ha venido a agravar más y más la situación y la depresión, al extremo de que fueron los mismos “hombres de negro” de la Troika los que, en documento secreto que fue divulgado por The Finacial Times, decían que “la situación en Grecia dio un giro para peor”. Ese giro a peor se reconoce en la mayoría de los países, fruto de la aplicación de las mismas políticas para evitar el descenso de la tasa de ganancia del capital.

En todos los países se han provocado retrocesos, de uno u otro alcance, con la aplicación reiterada de los planes de austeridad, propuestos internacionalmente como política de destrucción económica y regresión social por el FMI. La economía española -como otras muchas- sigue presa en el círculo infernal de las políticas de austeridad que se establecen reiteradamente por todos los gobiernos, sean del color que sean. 

Nos fijaremos en concreto en la involución de los salarios y en la evolución de la productividad a partir de 2008. Ahora, que se dice que la economía española ha salido de la crisis, y que la recuperación ha permitido ya el incremento del segmento de los más ricos, favoreciendo una gran concentración de capitales en pocas manos, debemos saber que después de casi cinco años en los que se habla de crecimiento sólido de la economía española, dicho crecimiento no ha llegado en ningún caso a los salarios, ni a las pensiones, es decir, a las rentas del trabajo.

Según datos publicados por el INE (Instituto Nacional de Estadística), entre 2008 y 20017 la capacidad de consumo de los asalariados españoles se devaluó un 17%. Las pensiones, por su parte, han perdido en dicho periodo un 4%. De forma que la pobreza ha vuelto, como fenómeno generalizado, a los sectores con menos retribuciones de trabajadores y pensionistas, y que afectan de forma particular a las mujeres trabajadoras y a las jubiladas.

En muchas empresas, cuando se discute por parte de los trabajadores acerca de la necesaria recuperación salarial, la patronal señala que no hay margen para subidas salariales si no se relacionan con nuevos desarrollos de la productividad. Al respecto debe decirse que desde el inicio de la crisis 2007-2008, -que en realidad y en formas diversas aún se mantiene- cuando entramos en una nueva crisis internacional, la economía española no ha hecho sino ampliar la competitividad en base al dumping social. La reducción de los salarios es la que ha permitido también la multiplicación de la competitividad de la economía española, que según cálculos del INE supera a la mayoría de los países de Europa. La relación que se publica entre coste de la hora de trabajo y producción por hora es la siguiente: los trabajadores españoles cuestan, como media, 21,4 euros a la hora y producen 42 euros, lo que supone un margen del 49% sobre la productividad. Margen que supera al de los países de nuestro entorno: Italia (33,5%), Francia (32,8%) y Alemania (35,3%).

Productividad, según datos de Eurostat, que ha venido creciendo en España a partir de los despidos y de la pérdida de salarios; de la aplicación de las mismas contrarreformas laborales de los gobiernos de Zapatero y Rajoy, que el gobierno de P. Sánchez se niega a derogar, habiéndose comprometido a ello cuando ganó la moción de censura, hace ahora un año. La austeridad y el techo de gasto del 3% impuesto a los Presupuestos de los países miembros por la Unión Europea implica el retroceso histórico de los gastos sociales, que afecta a todo lo público.

La demanda general de aumento de salarios y pensiones, con la exigencia de que se establezca un mínimo vital de 1200 euros, es una reivindicación que debe inscribirse en todas las plataformas reivindicativas y sindicales que quieran defender la dignidad de las rentas del trabajo frente al expolio del capital.

Las políticas de austeridad son las que han llevado a la pobreza a diez millones de personas (un tercio de la población) en España, con el carrussel de miserias, desahucios y suicidios que se ocultan.  La pobreza no es solo una situación que padezcan los parados crónicos sin prestaciones al desempleo, también afecta a los precarios y a los trabajadores peor remunerados: más de la mitad de los españoles asegura que ahora viven peor que hace diez años.

FRANQUISMO Y DEMOCRACIA SON INCOMPATIBLES

Espacioindependiente nº 325, jueves 26 de septiembre, 2019

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Las víctimas del franquismo carecen de los derechos de los que gozan los personajes del régimen

El vendedor de humo, Presidente en funciones del gobierno en funciones, Sr. Pedro Sánchez, ha venido a mal utilizar la tribuna y altavoz de la ONU para felicitarse, él mismo y sus ministros, de la decisión del Tribunal Supremo de avalar su decreto de exhumación del dictador, que manteniendo los honores de Jefe de Estado del susodicho, programa el inmediato traslado de los restos del Valle de los Caídos al cementerio de Mingorrubio (El Pardo).

Sánchez Castejón ha venido a manifestar lo siguiente: “Hoy vivimos una gran victoria de la democracia española. La determinación de reparar el sufrimiento de las víctimas del franquismo guio siempre la acción del gobierno. El Supremo avala la exhumación de los restos de Franco y su traslado a El Pardo. Justicia, memoria y dignidad”. Comunicado que es preciso analizar en detalle. En la moción de censura contra Rajoy, Sánchez realizó toda una serie de promesas políticas de las que se ha ido desdiciendo, dejando lo dicho en palabras sin valor alguno, en humo. Y es a eso mismo, a palabras vacías, a lo que se reducen las manifestaciones realizadas en la ONU.  

       En el monumento al crimen del Valle de los Caídos, que es un conjunto monumental público financiado con los Presupuestos del Estado y regentado por la orden de los benedictinos -de obediencia francesa y vaticana-, se concentra y expresa “la democracia española” de la que habla el presidente en funciones. En lugar preeminente, en torno al altar mayor, existen las sepulturas de honor de José Antonio Primo de Rivera (fundador de la Falange) y de Franco, y debajo de ellos se acumulan decenas de miles de restos de personas secuestrados, una buena parte de ellos fueron asesinados por el franquismo. Restos a los que no tienen derecho sus familiares, por muchas sentencias judiciales favorables que expresen su deseo de retirar los restos.

El incumplimiento reiterado, efectivo y permanente de las sentencias hace efectivo el secuestro de las víctimas. Mercedes Abril, hija de víctima del franquismo, que perdió a su padre cuando sólo tenía tres años, lo explica así: “Me lo quitaron, me lo mataron y luego me lo escondieron”. Y en relación con la presencia de las víctimas en el mausoleo denuncia su situación, como si de una escombrera se tratase: “Permanecen tirados, no enterrados”. Y es que la mayor fosa común de España sigue cerrada a cal y canto, sometida al dictado y exigencias de las instituciones del régimen, contra los derechos de los familiares. La “democracia española” a la que alude Sánchez sigue sin permitir a los nietos de las víctimas que puedan enterrar dignamente a sus abuelos. El historiador Sánchez Albornoz, que como preso antifranquista, se fugó con otros compañeros del campo de concentración del Valle de los Caídos, expresa el sentir de muchos antifranquistas y demócratas sobre el futuro del monumento al crimen, diciendo: “Creo que este tipo de monumentos ganan cuando son ruinas”.

Pero el gobierno se empeña en mantenerlo como “cementerio civil de la reconciliación nacional”. ¿Un cementerio civil presidido por la cruz más alta del continente y bajo control financiado de la Iglesia? Por ello, nos negamos a que se pueda entender como “una gran victoria de la democracia española” que los restos del máximo responsable de crímenes contra la humanidad siga con todos los derechos, siendo trasladado a otra tumba también pagada por el Estado; y que, por el contrario, las víctimas no tengan derecho alguno a un entierro digno, a la justicia y a la reparación. El traslado del dictador le quita a la familia uno de los muchos privilegios de los que gozan “con la democracia”, pero no acaba, de ninguna manera, con el sufrimiento de las víctimas del franquismo.

Sobre el alcance y aplicación de la sentencia del Tribunal Supremo -cuyo contenido completo aún no se conoce-, hay que decir que, en principio, representa la derrota de las pretensiones de la familia de Franco de mantener los privilegios otorgados por Juan Carlos de Borbón hace 44 años, que simboliza, entre otros, el faraónico mausoleo del Valle de los Caídos, convertido en lugar de exaltación internacional del fascismo. Sigue existiendo en dicha sala del Tribunal Supremo otros recursos pendientes, además de un recurso Contencioso Administrativo que se opone al traslado de los restos con la suspensión cautelar de la licencia necesaria, dictada por un juez heredero de un almirante franquista. También, en ejercicio de los derechos que no tienen las familias de las víctimas, los herederos directos del saqueo franquista tienen la posibilidad pedir la suspensión de la sentencia en el momento que recurran el fallo del Supremo ante el Tribunal Constitucional; y recurrir después al mismo tribunal de Estrasburgo.

Y todo ello depende en última instancia de la voluntad de la secta benedictina de la Iglesia que reza todos los días por el dictador y le pone flores, y de su jefe del Vaticano, que pueden oponerse por el Concordato vigente a autorizar la exhumación.

La decisión del gobierno en funciones es la de utilizar el traslado de los restos del dictador como parte de la campaña electoral, para lo que planifica la operación para el próximo 21 de octubre. Se vuelven a olvidar de que franquismo y democracia son incompatibles. Son muchas las incógnitas que aún deben despejarse para comenzar a poner término a los privilegios de Estado de que gozan los franquistas, acabando con la impunidad, y alcanzar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación, demandas que Sánchez y su gobierno niegan a los millones de víctimas del franquismo.

La operación Errejón, que parece una operación de Estado, divulgada en primera plana por todos los medios de comunicación todos los días, combinada con el traslado de los restos de Franco, parecen ser las bazas con las que juegan para las elecciones del 10N los que niegan la democracia política, las Cortes Soberanas y la República, y con ellas la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas del franquismo.

La operación Chamartín, el mayor pelotazo especulativo de la historia, antecede a Más Madrid, que ahora se extiende en forma de “Mas País”, para la estabilidad del régimen contra toda expresión independiente de la izquierda.

 El candidato del PSOE a las próximas elecciones generales anticipadas, elecciones pensadas para dar otra oportunidad a las derechas, no puede creer que la venta de humo le va a dar grandes resultados políticos y electorales siempre. Engañar a mucha gente durante mucho tiempo ya se sabe que es incompatible, tan incompatible como el franquismo y la democracia.

Espacioindependiente nº 324, jueves 19 de septiembre, 2019 http://elespacioindependiente.wordpress.com/:f:info.espacio.independiente

La exhumación de Franco del panteón faraónico del “Valle de los Caídos”: ¿depende en última instancia del Papa? 

Quienes siguen defendiendo las políticas que se establecieron desde las direcciones políticas y sindicales de consenso con los franquistas, de subordinación a la herencia de la dictadura y sus consecuencias -situación que más de cuarenta años después aún se padece-, establecen justificaciones cada vez más contradictorias con la lucha del laicismo y la democracia. 

Una de esas argumentaciones la acabamos de escuchar estos días en relación con la formación o no de un gobierno de coalición PSOE-UP. Se dice que Sánchez y los dirigentes del PSOE “tienen miedo de que se demuestre que se puede gobernar de otra forma”, aludiendo a que, gracias a aquellos acuerdos de la Transición, se ha mantenido un texto constitucional como ley principal que lo permite. Nuestra referencia a aquellos pactos y consensos es de sobra conocida por los lectores de Espacioindependiente, y se concreta en la apreciación política de principios de que franquismo y democracia son incompatibles.  

La alianza secular entre el trono, el altar y el ejército tomó acomodo también en la Constitución del 78, con todo tipo de privilegios. La permanente financiación de la Iglesia por el Estado, ¿viene a pagar la campaña internacional de colectas en todas las partes del mundo, organizada por el Vaticano desde julio del 36, para financiar a los fascistas en la guerra y contrarrevolución que llevó a Franco al poder? Los obispos y cardenales -que se encargaron de llevarlo bajo palio- y su heredero político, Juan Carlos de Borbón, instalaron sus restos “en sagrado” y con todos los honores del Estado. Y ahora se niegan a renunciar a dicha situación de privilegio. 

No es ajeno a este despilfarro de fondos que el Estado español desvía a la Iglesia Vaticana (gran propietaria de suelos, inmuebles y fondos bancarios), el que, además de considerarla en la práctica un paraíso fiscal, la financia con unos presupuestos que alcanza los 12.000 millones de euros/año. La severa austeridad con la que se tratan los presupuestos de sanidad y educación, y de lo público en general, nada tiene que ver con la disposición de fondos con la que se sigue pagando los compromisos franquistas por los gobiernos “democráticos”. Tal es el caso también del pago de las pensiones de “la guardia mora de Franco”, pago denunciado por el senador de Compromís Carles Mulet, que recriminaba al Ejecutivo que se siga pagando 150 millones de euros año por la guardia personal del dictador, destinados a acusados de múltiples delitos contra la humanidad. 

Durante décadas, y con respecto a este asunto de la combinación de franquismo y democracia, funcionó el cuento de la Transición, que rellenó miles de editoriales interesados, consistente en el argumento de que un Rey valiente se había deshecho de las influencias franquistas para “salvar la democracia”. Cuento que aún forma parte del mito fundacional del régimen y que pasa ahora por una grave crisis política, territorial y social. 

Poniendo a prueba estas cuestiones de los pactos y consensos de la Transición, con el hecho mismo de la demanda democrática de la exhumación del dictador y la anulación de toda exaltación política y/o religiosa, comprobamos cómo dicha reivindicación democrática ha sido utilizada por el
Gobierno Sánchez, mediante una decisión ejecutada “por razones de interés público”, como alegación principal.  Con la cual el Gobierno no ha podido llevar a cabo la exhumación, no solo por la oposición de la familia del dictador y de otros organismos como la misma Iglesia, sino porque las leyes en las que se sustenta son insuficientes, ya que no condenan (en ningún caso) el franquismo como régimen criminal. 

El Tribunal Supremo parece que va a tomar decisión sobre el fondo del asunto el próximo día 24 y que no hay aún un acuerdo definitivo de los seis magistrados de la Sala, sobre todo, a la hora de establecer el destino final de los restos. Como se sabe, la pretensión de la familia -que cuenta con el respaldo vaticano- es la de volver a dar a los restos del dictador un nuevo lugar de honor, lo que les lleva a exigir que se depositen en la Catedral de la Almudena de Madrid. Esto conllevaría una cierta canonización del personaje, reconociendo el privilegio a mantener la exaltación del franquismo, exaltación condenada por resoluciones de NNUU contra el fascismo y el nazismo.  

EL movimiento memorialista y de víctimas denuncia, por su parte, que se pueda volver a dar honores de Jefe de Estado a quien está acusado de crímenes contra la humanidad, y que, además, se pague por el gobierno el traslado con fondos públicos, dando sepultura en cementerio de titularidad pública. El Gobierno, por su parte, asegura que el cementerio de El Pardo “reúne las condiciones idóneas de adecuación”. Sin embargo, conocemos que, por encima de la decisión del gobierno y de la que tome el Tribunal Supremo, es en última instancia el Vaticano quien puede impedir la inhumación en aplicación de los Acuerdos entre el Estado español y el Estado del Vaticano (continuidad del Concordato) y del mismo Código Eclesiástico.  

El Vaticano tiene, en la autoridad del Papa, la última palabra y decisión, si de honores religiosos al dictador se trata. Aunque se ha dicho que, en el caso de la pretensión de mantener dichos privilegios, el Vaticano prefiere que el conflicto se reduzca a un problema entre la familia y el Gobierno, a nadie se le escapa que la familia no está sola en el asunto: los benedictinos y la misma Iglesia española están también involucrados en el tira y afloja cubriendo las vergüenzas e intereses vaticanos. 
Con todo lo expuesto sobre el caso de la exhumación del dictador, podemos hacer una pregunta de gran actualidad ante la convocatoria de nuevas elecciones generales para el 10 de noviembre: ¿Se puede “gobernar de otra forma” manteniendo el poder y privilegios que la Constitución del 78 deja en manos de las instituciones franquistas? 

Ni el gobierno y sus leyes de impunidad, ni el Tribunal Supremo y sus sentencias, parece que tienen la última palabra sobre la exhumación de los restos del dictador; como tampoco la tienen sobre la transformación del lugar de exaltación de los crímenes del franquismo, que está bajo la autoridad de la secta benedictina de un estado extranjero: el Estado Vaticano.  

Acabar con el monumento al crimen del Valle de los Caídos, al que bautizaron como “el Altar de España, de la España heroica, de la España mística, de la España eterna”, y acabar con la exaltación del franquismo en todas sus formas, es una exigencia democrática y laica irrenunciable que demanda leyes de ruptura con el franquismo por parte de unas Cortes soberanas.

CONCENTRACIÓN FRENTE AL TRIBUNAL SUPREMO, 24 DE SEPTIEMBRE A LAS