La historia de los regímenes españoles no democráticos viene marcada por la testamentaría. Así fue en
el caso del testamento de Franco, dejando el poder de forma caprichosa en manos de un miembro de la
Casa de Borbón; y así sucede ahora con un nuevo testamento: el de Juan Carlos para su hijo Felipe y sus
descendientes, al que éste ha renunciado ante notario; manteniéndose, sin embargo y de forma
contradictoria con dicha renuncia, en el poder político heredado de la jefatura del Estado, poder que
recibió con urgencia hace ahora seis años.
El FMI pronostica para España “la peor recesión de los países desarrollados” … /… lo que “pone en
peligro el progreso significativo realizado en el mundo desde los años 90”. En medio de la recesión mundial
se estima que España se ha convertido en el máximo exponente de la devastación económica por el Covid19, retrocediendo el Producto Interior Bruto este año el 12,8%, ampliando el déficit público y la deuda
hasta el 123,8% (el mayor retroceso por destrucción económica desde la guerra civil), cifras solo
comparables en Europa con las de Italia.
Los organismos internacionales del capital reclaman al gobierno
español, una vez más, una política de ajustes contra los derechos y conquistas sociales de la población para
sanear las cuentas del Reino, y mantener los privilegios de la Corte.
Un paso en la dirección del ajuste dictado e impuesto puede darse con la candidatura de la ministra de
Economía, Nadia Calviño, a la presidencia del Eurogrupo, puesto clave para aplicar en todas partes -y por
supuesto en su propio país- las recetas de destrucción económica y regresión social, presentadas todas
ellas como medidas de “modernización”.
No podía ser de otra manera. Felipe VI ha clausurado la macrocumbre de la patronal CEOE que, en
palabras de su presidente, Sr. Garamendi, ha dejado patente que “la empresa es la generadora de
prosperidad y empleo en cada uno de los ámbitos económicos …”, y en la que el jefe del Estado ha venido a
ensalzar “la labor y el empuje” de los empresarios para superar la crisis. Actuando en su papel de patrón de
patronos destacó en su discurso la gran oportunidad que representa la crisis para la burguesía española.
“La labor y el empuje de vuestro sector son fundamentales para afrontar y superar la crisis económica
derivada de la pandemia del Covid-19”.
Declaraciones y manifestaciones que vienen a ponerse a la cabeza de una gran ofensiva de los
capitalistas y de sus instituciones contra los derechos democráticos y sociales de la inmensa mayoría,
agudizando de esta manera la crisis política y social tal como la conocemos.
La negativa a devolver la voz a los pueblos y con ella su derecho a decidir sobre sus destinos políticos
antecede a ambos dictados testamentarios, tanto de la dictadura como ahora de la monarquía,
testamentaria esta última, que se encuentra en un verdadero punto muerto.
La renuncia ante notario a la
herencia de su padre, tanto para él como para su hija, no es solo un lío palaciego ante el que son tan
dados los Borbones de todas las épocas, es además la expresión de una crisis política del Estado
conformado por el régimen del 78 y su Constitución.
Las investigaciones internacionales por lavado de dinero rodean los negocios de Juan Carlos, que ha
gozado y goza de la más absoluta complicidad de las supuestas autoridades democráticas españolas, con
negocios de todo tipo que no podían haberse producido si no fuera por la posición de poder y privilegios
de la jefatura del Estado, de la que ha dispuesto sin control alguno de nada y de nadie.
Para el
importantísimo enriquecimiento familiar que se le supone, y por la vida a todo lujo que ha llevado durante
décadas, ha sido imprescindible que se rodeara de una corte de empresarios, banqueros y políticos
deseosos de compartir negocios, que han colaborado con el silencio y la complicidad política de los
diferentes gobiernos ante el abuso de poder permanente. Y ahora es con el manto de la impunidad oficial
establecida en la Constitución con el que se trata de cubrirlo todo. Eso sería tristemente así, si no fuese por
el hecho de que las investigaciones judiciales que se llevan a cabo en otros países están aparentemente
fuera de control del régimen monárquico español.
Los desarrollos de una crisis política de Estado, que se ha escapado del control del mismo sistema
establecido, se encuentran en un punto muerto: el de la negativa de las Cortes a investigar los hechos y
sacar las consecuencias políticas, negativa tomada por decisión del bloque constitucional formado por el
PSOE, VOX y PP.
La historia de los Borbones está repleta de desgobierno, con abuso de poder, despotismo y grandes
negocios. Cuando los pueblos de América luchaban por su independencia nacional, la corte española
aceleró el negocio de la compra-venta de esclavos, llegando a establecer María Cristina de Borbón una
comisión por cada esclavo vendido; comisión que Juan Carlos estableció de forma general por cada barril
de petróleo que se vendiese en España desde los primeros días de su nombramiento.
El legado de los gobiernos monárquicos -impuestos por consenso a la muerte de Franco- no puede dejar
de estar manchado de complicidad, de despotismo y corrupción. Cuando desde las filas de la derecha se
pide respeto para quienes hicieron posible “la democracia”, obviando que la operación consistió en
mantener y prolongar todos los resortes del poder y de la represión, se refieren tanto a los monarcas
gobernantes como a los gobiernos que han resultado necesarios cooperadores de todos los desafueros
cometidos. Ese es el caso entre otros de F. González y de su legado, del que se ha reclamado ante las
Cortes el presidente de gobierno, Pedro Sánchez, para hacer frente a las demandas parlamentarias de que
se investigue la información que sitúa a González a la cabeza de los GAL.
De no tener nada que esconder
unos y otros, no se entiende la negativa oficial a que se conozcan en sede parlamentaria dichos
acontecimientos, así como los del golpe palaciego del 23-F, o los del referéndum de la OTAN …
La suerte de la herencia de los dictadores y monarcas, sus finanzas y poderes exclusivos establecidos a
dedo, está íntimamente relacionada con las políticas de sus gobiernos y de sus principales validos. La
negativa a que se investigue el GAL, y los escándalos de corrupción de las más altas magistraturas del
Estado tienen una raíz común que es la del consenso izquierda / derecha por la que se establecen las bases
del estado clientelar de la corrupción.
La lucha por la República, por la plena soberanía de trabajadores y pueblos, se enfrenta a la necesidad
de que se investiguen y se juzguen tanto la corrupción como el despotismo.
La comunicación de Palacio de Zarzuela referente a la renuncia “a la herencia personal procedente de su
padre” no puede pasar por alto, la mayoría en Cortes debe tomar en cuenta la renuncia, tomado las
decisiones democráticas que procedan.
La exigencia democrática de que se investiguen todos los casos de corrupción y abuso de poder del
régimen monárquico en las Cortes se constituye en una clave democrática irrenunciable para establecer las
bases de la soberanía popular frente al continuismo.
