El laicismo no es un ideal de
confrontación, sino de concordia.
Los tres principios básicos del laicismo
–la libertad de conciencia, la igualdad de trato de toda la ciudadanía,
y el interés general como única razón de ser del Estado y sus
instituciones– son los tres principios básicos sobre los que se levantan
los cimientos de la democracia. Ninguna democracia es completa si
existe discriminación por motivos religiosos, sexuales, de género o de
otro tipo.
En una democracia laica y republicana,
los individuos son ciudadanos de pleno derecho y deber,
independientemente de sus distintas particularidades.
La creencia religiosa y la adhesión a
una iglesia determinada es una opción particular, que nunca puede ser de
interés general. De igual forma ocurre con la opción atea, que siempre
es particular. Hay quienes creen en instancias sobrenaturales, hay
quienes no creen, y hay quienes se definen agnósticos. Todas las
opciones caben dentro de un Estado laico, en la medida en que se
garantice la libertad de conciencia de toda la ciudadanía sin
discriminaciones.
Europa Laica lleva varios años exigiendo derogar la actual
“Ley de libertad religiosa” de 1980, y sustituirla por una Ley de
Libertad de Conciencia (el texto de la propuesta fue presentado en marzo
de 2009 a los grupos políticos con representación parlamentaria). El
concepto de “libertad de conciencia” abarca todas las posibilidades espirituales de los individuos no solo reales, sino también posibles.
Establece la neutralidad del Estado y sus instituciones en materia
religiosa, y la eliminación de cualquier privilegio de cualquiera de
ellas sobre las demás. Solo así se puede llegar a conseguir un estado
democrático genuino, que en definitiva es un Estado que se identifica
con los principios del laicismo y del republicanismo. El interés general
está por encima de los intereses particulares de unos u otros.
En España es la Iglesia católica la que
disfruta de toda una serie de privilegios ilegítimos que contradicen
frontalmente los principios democráticos de los que hemos hablado. Esos
privilegios son de carácter económico, simbólico, político, jurídico y
social. Vienen avalados por una serie de leyes que se han ido
enquistando en el patrimonio legislativo español desde la época del
franquismo hasta nuestros días, hasta el punto de que los acuerdos del 3
de enero de 1979 con la Santa Sede no hacían más que ratificar las
disposiciones del Concordato que firmara Franco en 1953, que aún sigue
en vigor.
Por otra parte, el laicismo, además de
una exigencia democrática urgente, puede ser igualmente un punto de
partida ineludible para la salida de la crisis que vivimos en nuestro
país. Si tenemos en cuenta que las crisis económicas en general no son
solo económicas, sino también políticas, sociales, y morales, es fácil
colegir que un sistema jurídico-político más justo y legítimo puede
contribuir a generar confianza en la ciudadanía, en la medida en que
supone una restitución de la vocación política a lo público, lo que es
de todos, y no solo de algunos.
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