viernes, 6 de marzo de 2015

El laicismo: Una urgencia democrática y una salida para la crisis


El laicismo no es un ideal de confrontación, sino de concordia.

Los tres principios básicos del laicismo –la libertad de conciencia, la igualdad de trato de toda la ciudadanía, y el interés general como única razón de ser del Estado y sus instituciones– son los tres principios básicos sobre los que se levantan los cimientos de la democracia. Ninguna democracia es completa si existe discriminación por motivos religiosos, sexuales, de género o de otro tipo.

En una democracia laica y republicana, los individuos son ciudadanos de pleno derecho y deber, independientemente de sus distintas particularidades.
La creencia religiosa y la adhesión a una iglesia determinada es una opción particular, que nunca puede ser de interés general. De igual forma ocurre con la opción atea, que siempre es particular. Hay quienes creen en instancias sobrenaturales, hay quienes no creen, y hay quienes se definen agnósticos. Todas las opciones caben dentro de un Estado laico, en la medida en que se garantice la libertad de conciencia de toda la ciudadanía sin discriminaciones. 

 Europa Laica lleva varios años exigiendo derogar la actual “Ley de libertad religiosa” de 1980, y sustituirla por una Ley de Libertad de Conciencia (el texto de la propuesta fue presentado en marzo de 2009 a los grupos políticos con representación parlamentaria). El concepto de “libertad de conciencia” abarca todas las posibilidades espirituales de los individuos no solo reales, sino también posibles. Establece la neutralidad del Estado y sus instituciones en materia religiosa, y la eliminación de cualquier privilegio de cualquiera de ellas sobre las demás. Solo así se puede llegar a conseguir un estado democrático genuino, que en definitiva es un Estado que se identifica con los principios del laicismo y del republicanismo. El interés general está por encima de los intereses particulares de unos u otros.

En España es la Iglesia católica la que disfruta de toda una serie de privilegios ilegítimos que contradicen frontalmente los principios democráticos de los que hemos hablado. Esos privilegios son de carácter económico, simbólico, político, jurídico y social. Vienen avalados por una serie de leyes que se han ido enquistando en el patrimonio legislativo español desde la época del franquismo hasta nuestros días, hasta el punto de que los acuerdos del 3 de enero de 1979 con la Santa Sede no hacían más que ratificar las disposiciones del Concordato que firmara Franco en 1953, que aún sigue en vigor.

Por otra parte, el laicismo, además de una exigencia democrática urgente, puede ser igualmente un punto de partida ineludible para la salida de la crisis que vivimos en nuestro país. Si tenemos en cuenta que las crisis económicas en general no son solo económicas, sino también políticas, sociales, y morales, es fácil colegir que un sistema jurídico-político más justo y legítimo puede contribuir a generar confianza en la ciudadanía, en la medida en que supone una restitución de la vocación política a lo público, lo que es de todos, y no solo de algunos.

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