FRANQUISMO Y DEMOCRACIA SON INCOMPATIBLES

Espacioindependiente nº 325, jueves 26 de septiembre, 2019

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Las víctimas del franquismo carecen de los derechos de los que gozan los personajes del régimen

El vendedor de humo, Presidente en funciones del gobierno en funciones, Sr. Pedro Sánchez, ha venido a mal utilizar la tribuna y altavoz de la ONU para felicitarse, él mismo y sus ministros, de la decisión del Tribunal Supremo de avalar su decreto de exhumación del dictador, que manteniendo los honores de Jefe de Estado del susodicho, programa el inmediato traslado de los restos del Valle de los Caídos al cementerio de Mingorrubio (El Pardo).

Sánchez Castejón ha venido a manifestar lo siguiente: “Hoy vivimos una gran victoria de la democracia española. La determinación de reparar el sufrimiento de las víctimas del franquismo guio siempre la acción del gobierno. El Supremo avala la exhumación de los restos de Franco y su traslado a El Pardo. Justicia, memoria y dignidad”. Comunicado que es preciso analizar en detalle. En la moción de censura contra Rajoy, Sánchez realizó toda una serie de promesas políticas de las que se ha ido desdiciendo, dejando lo dicho en palabras sin valor alguno, en humo. Y es a eso mismo, a palabras vacías, a lo que se reducen las manifestaciones realizadas en la ONU.  

       En el monumento al crimen del Valle de los Caídos, que es un conjunto monumental público financiado con los Presupuestos del Estado y regentado por la orden de los benedictinos -de obediencia francesa y vaticana-, se concentra y expresa “la democracia española” de la que habla el presidente en funciones. En lugar preeminente, en torno al altar mayor, existen las sepulturas de honor de José Antonio Primo de Rivera (fundador de la Falange) y de Franco, y debajo de ellos se acumulan decenas de miles de restos de personas secuestrados, una buena parte de ellos fueron asesinados por el franquismo. Restos a los que no tienen derecho sus familiares, por muchas sentencias judiciales favorables que expresen su deseo de retirar los restos.

El incumplimiento reiterado, efectivo y permanente de las sentencias hace efectivo el secuestro de las víctimas. Mercedes Abril, hija de víctima del franquismo, que perdió a su padre cuando sólo tenía tres años, lo explica así: “Me lo quitaron, me lo mataron y luego me lo escondieron”. Y en relación con la presencia de las víctimas en el mausoleo denuncia su situación, como si de una escombrera se tratase: “Permanecen tirados, no enterrados”. Y es que la mayor fosa común de España sigue cerrada a cal y canto, sometida al dictado y exigencias de las instituciones del régimen, contra los derechos de los familiares. La “democracia española” a la que alude Sánchez sigue sin permitir a los nietos de las víctimas que puedan enterrar dignamente a sus abuelos. El historiador Sánchez Albornoz, que como preso antifranquista, se fugó con otros compañeros del campo de concentración del Valle de los Caídos, expresa el sentir de muchos antifranquistas y demócratas sobre el futuro del monumento al crimen, diciendo: “Creo que este tipo de monumentos ganan cuando son ruinas”.

Pero el gobierno se empeña en mantenerlo como “cementerio civil de la reconciliación nacional”. ¿Un cementerio civil presidido por la cruz más alta del continente y bajo control financiado de la Iglesia? Por ello, nos negamos a que se pueda entender como “una gran victoria de la democracia española” que los restos del máximo responsable de crímenes contra la humanidad siga con todos los derechos, siendo trasladado a otra tumba también pagada por el Estado; y que, por el contrario, las víctimas no tengan derecho alguno a un entierro digno, a la justicia y a la reparación. El traslado del dictador le quita a la familia uno de los muchos privilegios de los que gozan “con la democracia”, pero no acaba, de ninguna manera, con el sufrimiento de las víctimas del franquismo.

Sobre el alcance y aplicación de la sentencia del Tribunal Supremo -cuyo contenido completo aún no se conoce-, hay que decir que, en principio, representa la derrota de las pretensiones de la familia de Franco de mantener los privilegios otorgados por Juan Carlos de Borbón hace 44 años, que simboliza, entre otros, el faraónico mausoleo del Valle de los Caídos, convertido en lugar de exaltación internacional del fascismo. Sigue existiendo en dicha sala del Tribunal Supremo otros recursos pendientes, además de un recurso Contencioso Administrativo que se opone al traslado de los restos con la suspensión cautelar de la licencia necesaria, dictada por un juez heredero de un almirante franquista. También, en ejercicio de los derechos que no tienen las familias de las víctimas, los herederos directos del saqueo franquista tienen la posibilidad pedir la suspensión de la sentencia en el momento que recurran el fallo del Supremo ante el Tribunal Constitucional; y recurrir después al mismo tribunal de Estrasburgo.

Y todo ello depende en última instancia de la voluntad de la secta benedictina de la Iglesia que reza todos los días por el dictador y le pone flores, y de su jefe del Vaticano, que pueden oponerse por el Concordato vigente a autorizar la exhumación.

La decisión del gobierno en funciones es la de utilizar el traslado de los restos del dictador como parte de la campaña electoral, para lo que planifica la operación para el próximo 21 de octubre. Se vuelven a olvidar de que franquismo y democracia son incompatibles. Son muchas las incógnitas que aún deben despejarse para comenzar a poner término a los privilegios de Estado de que gozan los franquistas, acabando con la impunidad, y alcanzar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación, demandas que Sánchez y su gobierno niegan a los millones de víctimas del franquismo.

La operación Errejón, que parece una operación de Estado, divulgada en primera plana por todos los medios de comunicación todos los días, combinada con el traslado de los restos de Franco, parecen ser las bazas con las que juegan para las elecciones del 10N los que niegan la democracia política, las Cortes Soberanas y la República, y con ellas la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas del franquismo.

La operación Chamartín, el mayor pelotazo especulativo de la historia, antecede a Más Madrid, que ahora se extiende en forma de “Mas País”, para la estabilidad del régimen contra toda expresión independiente de la izquierda.

 El candidato del PSOE a las próximas elecciones generales anticipadas, elecciones pensadas para dar otra oportunidad a las derechas, no puede creer que la venta de humo le va a dar grandes resultados políticos y electorales siempre. Engañar a mucha gente durante mucho tiempo ya se sabe que es incompatible, tan incompatible como el franquismo y la democracia.

Espacioindependiente nº 324, jueves 19 de septiembre, 2019 http://elespacioindependiente.wordpress.com/:f:info.espacio.independiente

La exhumación de Franco del panteón faraónico del “Valle de los Caídos”: ¿depende en última instancia del Papa? 

Quienes siguen defendiendo las políticas que se establecieron desde las direcciones políticas y sindicales de consenso con los franquistas, de subordinación a la herencia de la dictadura y sus consecuencias -situación que más de cuarenta años después aún se padece-, establecen justificaciones cada vez más contradictorias con la lucha del laicismo y la democracia. 

Una de esas argumentaciones la acabamos de escuchar estos días en relación con la formación o no de un gobierno de coalición PSOE-UP. Se dice que Sánchez y los dirigentes del PSOE “tienen miedo de que se demuestre que se puede gobernar de otra forma”, aludiendo a que, gracias a aquellos acuerdos de la Transición, se ha mantenido un texto constitucional como ley principal que lo permite. Nuestra referencia a aquellos pactos y consensos es de sobra conocida por los lectores de Espacioindependiente, y se concreta en la apreciación política de principios de que franquismo y democracia son incompatibles.  

La alianza secular entre el trono, el altar y el ejército tomó acomodo también en la Constitución del 78, con todo tipo de privilegios. La permanente financiación de la Iglesia por el Estado, ¿viene a pagar la campaña internacional de colectas en todas las partes del mundo, organizada por el Vaticano desde julio del 36, para financiar a los fascistas en la guerra y contrarrevolución que llevó a Franco al poder? Los obispos y cardenales -que se encargaron de llevarlo bajo palio- y su heredero político, Juan Carlos de Borbón, instalaron sus restos “en sagrado” y con todos los honores del Estado. Y ahora se niegan a renunciar a dicha situación de privilegio. 

No es ajeno a este despilfarro de fondos que el Estado español desvía a la Iglesia Vaticana (gran propietaria de suelos, inmuebles y fondos bancarios), el que, además de considerarla en la práctica un paraíso fiscal, la financia con unos presupuestos que alcanza los 12.000 millones de euros/año. La severa austeridad con la que se tratan los presupuestos de sanidad y educación, y de lo público en general, nada tiene que ver con la disposición de fondos con la que se sigue pagando los compromisos franquistas por los gobiernos “democráticos”. Tal es el caso también del pago de las pensiones de “la guardia mora de Franco”, pago denunciado por el senador de Compromís Carles Mulet, que recriminaba al Ejecutivo que se siga pagando 150 millones de euros año por la guardia personal del dictador, destinados a acusados de múltiples delitos contra la humanidad. 

Durante décadas, y con respecto a este asunto de la combinación de franquismo y democracia, funcionó el cuento de la Transición, que rellenó miles de editoriales interesados, consistente en el argumento de que un Rey valiente se había deshecho de las influencias franquistas para “salvar la democracia”. Cuento que aún forma parte del mito fundacional del régimen y que pasa ahora por una grave crisis política, territorial y social. 

Poniendo a prueba estas cuestiones de los pactos y consensos de la Transición, con el hecho mismo de la demanda democrática de la exhumación del dictador y la anulación de toda exaltación política y/o religiosa, comprobamos cómo dicha reivindicación democrática ha sido utilizada por el
Gobierno Sánchez, mediante una decisión ejecutada “por razones de interés público”, como alegación principal.  Con la cual el Gobierno no ha podido llevar a cabo la exhumación, no solo por la oposición de la familia del dictador y de otros organismos como la misma Iglesia, sino porque las leyes en las que se sustenta son insuficientes, ya que no condenan (en ningún caso) el franquismo como régimen criminal. 

El Tribunal Supremo parece que va a tomar decisión sobre el fondo del asunto el próximo día 24 y que no hay aún un acuerdo definitivo de los seis magistrados de la Sala, sobre todo, a la hora de establecer el destino final de los restos. Como se sabe, la pretensión de la familia -que cuenta con el respaldo vaticano- es la de volver a dar a los restos del dictador un nuevo lugar de honor, lo que les lleva a exigir que se depositen en la Catedral de la Almudena de Madrid. Esto conllevaría una cierta canonización del personaje, reconociendo el privilegio a mantener la exaltación del franquismo, exaltación condenada por resoluciones de NNUU contra el fascismo y el nazismo.  

EL movimiento memorialista y de víctimas denuncia, por su parte, que se pueda volver a dar honores de Jefe de Estado a quien está acusado de crímenes contra la humanidad, y que, además, se pague por el gobierno el traslado con fondos públicos, dando sepultura en cementerio de titularidad pública. El Gobierno, por su parte, asegura que el cementerio de El Pardo “reúne las condiciones idóneas de adecuación”. Sin embargo, conocemos que, por encima de la decisión del gobierno y de la que tome el Tribunal Supremo, es en última instancia el Vaticano quien puede impedir la inhumación en aplicación de los Acuerdos entre el Estado español y el Estado del Vaticano (continuidad del Concordato) y del mismo Código Eclesiástico.  

El Vaticano tiene, en la autoridad del Papa, la última palabra y decisión, si de honores religiosos al dictador se trata. Aunque se ha dicho que, en el caso de la pretensión de mantener dichos privilegios, el Vaticano prefiere que el conflicto se reduzca a un problema entre la familia y el Gobierno, a nadie se le escapa que la familia no está sola en el asunto: los benedictinos y la misma Iglesia española están también involucrados en el tira y afloja cubriendo las vergüenzas e intereses vaticanos. 
Con todo lo expuesto sobre el caso de la exhumación del dictador, podemos hacer una pregunta de gran actualidad ante la convocatoria de nuevas elecciones generales para el 10 de noviembre: ¿Se puede “gobernar de otra forma” manteniendo el poder y privilegios que la Constitución del 78 deja en manos de las instituciones franquistas? 

Ni el gobierno y sus leyes de impunidad, ni el Tribunal Supremo y sus sentencias, parece que tienen la última palabra sobre la exhumación de los restos del dictador; como tampoco la tienen sobre la transformación del lugar de exaltación de los crímenes del franquismo, que está bajo la autoridad de la secta benedictina de un estado extranjero: el Estado Vaticano.  

Acabar con el monumento al crimen del Valle de los Caídos, al que bautizaron como “el Altar de España, de la España heroica, de la España mística, de la España eterna”, y acabar con la exaltación del franquismo en todas sus formas, es una exigencia democrática y laica irrenunciable que demanda leyes de ruptura con el franquismo por parte de unas Cortes soberanas.

CONCENTRACIÓN FRENTE AL TRIBUNAL SUPREMO, 24 DE SEPTIEMBRE A LAS

EL DESARROLLO DE LA LUCHA DE CLASES EN EXTREMADURA(2)

EL DESARROLLO DE LA LUCHA DE CLASES, POR UN NUEVO CONVENIO COLECTIVO Y POR EL PROGRESO DE EXTREMADURA.

El proceso de reconversión y concentración capitalista sigue su curso en el campo extremeño como un espacio más de la cadena de reproducción y acumulación del capital.  Los acaparamientos de tierras y haciendas, con la consiguiente transformación de las relaciones de producción, vienen impulsadas por los diferentes gobiernos nacionales y regionales que avalan y amparan sus decisiones en las políticas elaboradas en los despachos europeos.

La Unión Europea, como instrumento al servicio de aquellos objetivos generales, es la batuta que orienta las normativas y presupuestos que se proyectan en la política agraria y, tienen una incidencia decisiva en la economía del mundo rural. Los diferentes aspectos que se regulan y financian se hacen con un marcado carácter clasista, tal y como se aprecia en la distribución de las ayudas y subvenciones de la Política Agraria Comunitaria que bonifican principalmente a los grandes propietarios de tierras.

Las instituciones nacionales o regionales suplementan las tendencias hacia la acumulación de propiedades y de riqueza con medidas financieras o fiscales. Así, por ejemplo, las subvenciones para adquisición de maquinarias y elementos productivos, primas, seguros, se justifican en el apoyo a la agricultura en general, pero en la realidad permiten un mayor y más eficaz aprovechamiento según el rasero económico de empresarios agrícolas.

En este orden de cosas, no conviene dejar de lado los últimos acuerdos comerciales de carácter internacional que ha realizado la Unión Europea que según las diferentes organizaciones agrarias serán bastantes perjudiciales para los pequeños y medianos agricultores.

De este modo, el proceso de concurrencia capitalista incide de diferente manera en las clases sociales que habitan en nuestra Comunidad. Mientras repercute negativamente en las clases trabajadoras, como ponen de manifiesto los informes y datos estadísticos que recogen durante estos años el crecimiento de la tasa de pobreza y el aumento del número de familias que no alcanzan el umbral de la pobreza, la marcha de jóvenes o la disminución progresiva de la renta agraria que sufren los pequeños y medianos agricultores, beneficia no sólo a empresas multinacionales sino también, muy específicamente, a un grupo de grandes propietarios y empresas agrarias, que ha ido acaparando la propiedad de tierras, centrales industriales y de transformación de productos agrícolas de nuestra región.

El comportamiento de este grupo social minoritario es negativo y perjudicial para el desarrollo económico de la región. Por el lugar privilegiado que ocupan en el proceso de producción y comercialización realizan contrataciones laborales, que como muchos jornaleros nos indican en las asambleas celebradas, incumplen las normativas salariales, y controlan en gran medida las producciones y precios de ciertos productos agrícolas condicionando la vida económica de los agricultores que cada vez con mayor frecuencia,  saltan a la ruina, obligados al arranque de los árboles frutales y en última instancia, a la subasta y venta de sus propiedades.

En este punto tenemos que hacer un paréntesis para destacar la identificación política y social de nuestras autoridades regionales con este grupo acaparador de buena parte de la riqueza de la Comunidad. Este hecho identitario se traduce en la pasividad y premiosidad con la que se implican para combatir el crecimiento del caldo de cultivo social, paro, precariedad, y en general el empobrecimiento de la población. Estas actitudes del poder regional propician los numerosos quebrantamientos de las normas laborales que se producen en el campo, y en las diferentes actividades productivas de bienes y servicios de la Comunidad.

Nuestros dirigentes políticos, tal y como estamos viendo estos días, prefieren discernir y practicar la retórica y las promesas en cuestiones de altura y trascendencia, antes que bajar al terreno y conocer las cosas de poca importancia que machacan diariamente a la clase trabajadora y empobrecen al mundo rural.  Pero no nos confundamos, estamos en una sociedad capitalista en la que los dueños del dinero y de la riqueza controlan directamente o indirectamente todos los poderes públicos. Por lo que no nos podemos engañar y tener en cuenta que las instituciones políticas están diseñadas para prestar buenos servicios a los sectores sociales que controlan los medios de producción y la riqueza, y al entramado social en él que se apoyan. 

En definitiva, son organismos que por su naturaleza capitalista no sólo son incapaces de resolver las continuas injusticias que soportan los jornaleros y jornaleras, sino que por acción u omisión las reproducen. Los hechos más evidentes de todo esto es lo que hemos vivido y estamos viviendo en estos meses de verano con la negativa de las organizaciones agrarias, ASAJA Y AFRUET, para pagar los salarios aprobados por las leyes españolas o negociar el nuevo convenio del campo. Estos no son indiferentes a que una buena parte de la clase obrera agrícola encuentra empleo durante los meses de verano, en las tareas relacionadas con el tomate, las frutas y la vendimia, mientras que el resto del año tienen verdaderas dificultades para encontrar una ocupación que en la mayoría de los casos suele ser temporal y/o precarizada.

Además de los bajos salarios de por sí ya establecidos en las normativas que regulan el convenio del campo o en el laudo dictado hace pocas semanas en aplicación del salario mínimo aprobado por el gobierno de la nación, cuesta mucho sacrificio y lucha conseguir que los Patronos cumplan con lo establecido en las condiciones administrativas que regulan la compra-venta de la fuerza de trabajo. No obstante, la hipocresía de los representantes de esta clase social es tal que no tienen perjuicios para difundir miserablemente la idea de que la subida del salario mínimo a 900 euros y el incremento de los jornales son los que arrastran al hundimiento del campo extremeño.

Es una petición generalizada por los jornaleros y jornaleras que se produzca una mayor presencia de los organismos públicos que intervienen en el control y vigilancia de cuestiones relacionadas con el cumplimiento de las normas que regulan la venta de la fuerza de trabajo, horarios, salarios, el control de la recepción de los materiales necesarios para la prevención de los riesgos laborales con la correspondiente entrega efectiva de material, el pago de los desplazamientos a los centros de trabajo, y lo que sucede en algunos centros de transformación hortofrutícola en los que se lleva a límites inhumanos  los desplazamientos `puntuales, físicos,  que necesita realizar todo ser humano para satisfacer sus necesidades biológicas.

Todas estas circunstancias ponen a las claras la necesidad de organización de la clase obrera y el desarrollo de la lucha de clases como el único modo de hacer frente a la violencia laboral que fuerza la extracción de la máxima plusvalía de la gota de sudor del jornalero/a. Ante la indiferencia de las Instituciones, una y otra vez se hacen añicos las costuras que reglamentan las condiciones legales de lo que ya es la falsa libertad de la oferta y la demanda.

Un objetivo prioritario de los jornaleros y jornaleras del campo debe ser el de conseguir un nuevo convenio colectivo del campo que responda realmente a los derechos laborales, la dignidad y las necesidades que en la actualidad tienen estas familias trabajadoras. En este sentido, según parece, después de mucho tiempo de retraso, en los próximos días se reunen los sindicatos CCOO y UGT con las organizaciones patronales para comenzar las negociaciones del nuevo convenio laboral.

El convenio agrícola firmado para el período de 2016-2018 establecía que en la vendimia el salario de un eventual sería de 42,53 euros. Esta cantidad, ha quedado totalmente desfasado ya que con ella difícilmente se pueden satisfacer las necesidades que las familias trabajadoras tienen para hacer frente a los gastos de alimentación, luz, agua, alquiler, etc. Además, para la mayoría de los jornaleros y jornaleras este empleo es temporal pues en las campañas de la vendimia y la aceituna, siendo muy optimista, no alcanza por término medio los 60 o 70 días.

Las cantidades salariales deben tomar como referencia el acuerdo del 5 de julio de 2018, a nivel nacional entre las organizaciones patronales y sindicatos CCOO y UGT. El acuerdo establece que ningún salario puede quedar por debajo de los 1000 euros al mes para el año 2020. En base a esto, los salarios deben ser menores a unos 55 euros para las diferentes tareas agrícolas y de unos 65 euros para la vendimia y uva de mesa, respetando las seis horas y media de trabajo, y otros detalles del convenio.

En base a estos acuerdos, las asambleas celebradas por trabajadores y trabajadoras eventuales han expresado algunas cantidades salariales que son imprescindibles para mejorar las condiciones de vida y de consumo.

 En algunas poblaciones se comienza a exigir en la vendimia un salario de unos 65 euros por las seis horas y media de trabajo diario, considerando que estas tareas se realizan en unas condiciones límites, a temperaturas extremas que durante muchos días suele ser de unos 50 grados centígrados, o en horarios no habituales que comienzan a las 3 de la mañana.

En definitiva la organización de la clase obrera y el desarrollo de la lucha de clases es una cuestión de primer orden en las tareas actuales del movimiento obrero en nuestra región. Algunos de los objetivos son claros y pasan por el cumplimiento de los derechos recogidos en las normativas laborales que no se cumplen, la negociación del nuevo convenio colectivo del campo y la lucha política por la aún pendiente reforma agraria como elemento de primer orden para conseguir el progreso y el desarrollo económico-social de Extremadura.

INSURGENTE.ORG

Capitalismo, ese sistema que explota a la mayoría de la población para privilegiar a unos pocos

16/09/2019

Que la clase capitalista defienda sus privilegios, adquiridos mediante la explotación que ejerce sobre la clase obrera, no deja de ser infame y combatible, pero se entiende. Lo que ya resulta absolutamente preocupante e inadmisible es que muchísima gente perteneciente a la clase explotada defienda el capitalismo, el sistema que le oprime.

He aquí tres datos que certifican lo nocivo que es dicho sistema:

—La humanidad produce un 45% más de los alimentos necesarios para nutrir a las 7.300 millones de personas que pueblan el mundo.

—Frente a esto, lo absolutamente infame y llamativo es que la principal causa de la muerte sigue siendo EL HAMBRE.

—La principal actividad de la especie humana, la que más ganancias genera desde el punto de vista capitalista, la vanguardia de la ciencia y de la técnica es la producción de armamentos. Es decir: la defensa a muerte de los privilegios de una minoría de la población mundial.

Esto es el capitalismo: un sistema que explota a la mayoría de la población para privilegiar a unos pocos. Mientras la mencionada mayoría no sea consciente de la clase a la que pertenece, y lo que ello supone, la minoritaria clase capitalista siempre permanecerá triunfante.

El callejón sin salida de la Constitución del 78 La monarquía como el problema de fondo

Espacioindependiente nº 323

La escenificación del desacuerdo entre el PSOE y UP, a la hora de formar gobierno, nos invita a sondear las razones de fondo de este fiasco de la izquierda oficial, que piden el voto para gobernar, pero son incapaces de hacerlo al carecer de un proyecto que aúne las demandas sociales, democráticas y nacionales. 

No es la primera vez que el desgobierno se adueña de la situación política española con todas sus consecuencias. Recordemos cómo el partido corrupto de Rajoy estuvo sometido al desgobierno durante diversos procesos, que puntualmente se resolvió con la abstención ante su investidura de los diputados del PSOE. Sin embargo, sí es la primera vez que, habiendo mayoría de representantes en Cortes que se reclaman de la izquierda y del nacionalismo democrático, éstos son incapaces de establecer las bases necesarias para formar gobierno. Hace muchos años que los dirigentes de la izquierda española abandonaron sus propios relatos políticos para adherirse a la política de la “razón de Estado”, formada por los privilegios antidemocráticos de la Monarquía como centro del poder del régimen. Y que, desgatada como está por décadas de abandono de su propio ideario, es ahora presa de las condiciones impuestas por la Monarquía, que concentra las exigencias de la burguesía, de la UE y la OTAN … Las 370 medidas de Sánchez son un intento de adaptarse dócilmente a estas exigencias del poder.   

La incapacidad manifiesta del sistema político para facilitar gobiernos estables, respondiendo a las demandas mayoritarias de la población, ha llegado con P. Sánchez a un punto crítico. La cuestión social y la cuestión nacional (en su combinación) aparecen en primer plano de la crisis política tal y como se manifiesta mediante el desgobierno.  

La extrema debilidad del sistema constitucional se prolonga y agudiza metido en un verdadero bucle. La Constitución del 78 fue pactada para repartirse la gobernanza cada cuatro años entre partidos que deberían representar formalmente a la izquierda y a la derecha, pero todo dentro de un orden: del orden impuesto por la herencia de las instituciones franquistas, conocido por “el atado y bien atado”. El pacto establecido en la Transición con los nacionalistas para colaborar con los gobernantes de turno, de uno u otro color, no solo fue anterior al pacto del 78, sino que constituyó la base sustancial de dicho pacto, que dio lugar al Estado autonómico. La Generalidad, una institución de raíz republicana, fue traída por Suárez a la Plaza de San Jaume de la mano de Tarradellas para convertirla en base constitucional. 

La crisis y las políticas de austeridad impuestas por la Unión Europea -y aplicadas por los gobiernos del PSOE y del PP- han creado un nuevo relato de la cuestión social, el relato de lucha contra la precariedad y la austeridad, de la pobreza para un sector de trabajadores, al que se aplicó la contrarreforma del 135 por el segundo gobierno de Zapatero, por la que los pagos de la Deuda a
los bancos y prestamistas se constituyó en el eje de la contrarreforma social. Contrarreforma social que se combina con el fracaso de la reforma estatutaria de las nacionalidades históricas, lo que ha provocado un punto de bloqueo general de todo el sistema político y constitucional, que también conoció su propio intento de retroceso-contrarreforma con la aplicación del 155. La entrega de la Jefatura del Estado de Juan Carlos a Felipe se sitúa en el contexto de esta crisis, de esta doble quiebra constitucional. 

En definitiva, ha sido el profundo desgaste político de los partidos de gobierno, y la corrupción de Estado, lo que ha arrastrando a los partidos y sindicatos oficiales, y al mismo estado autonómico, minando la alternancia en el gobierno, que no en el poder, ya que quedó en exclusiva en las manos de la familia Borbón y entre las familias franquistas de la Banca y los grandes negocios.
El bipartidismo PSOE-PP se acabó con la crisis y se transformó en desgobierno, por carecer los partidos disminuidos de los respaldos necesarios, y ello durante años, después de varias elecciones generales con resultados diversos. 

La Monarquía, como consecuencia del dictado Constitucional, es el centro político del poder y de todo el sistema político, sin ningún tipo de legitimidad ni control democrático. Las Cortes Generales, donde se refleja la voluntad de la población (más o menos deformada por las leyes), reúne a representantes a dos asambleas, el Congreso y el Senado, que quedan excluidas de todo papel soberano. Las asambleas nacionales y regionales, englobadas en el sistema autonómico, se rigen por Estatutos de Autonomía que, como normas inferiores de la Constitución, establecieron en su momento un equilibrio muy inestable entre las Cortes Generales y los Parlamentos autonómicos. 

Desde hace años, los partidarios de la Constitución de 78, entre ellos parte de la dirección del PSOE, comenzaron a hablar de la necesidad de una reforma “democrática” del texto constitucional que no se atreven a emprender. De una parte, por la negativa de los partidos de la derecha y, de otra, porque el texto constitucional está cerrado sobre sí mismo y aparece de muy difícil reforma, mientras que es un texto totalmente abierto a medidas de contrarreforma que pactan con la derecha. Es el mismo problema que se presenta a la hora de formación de gobierno.   

A partir de la Sentencia del Tribunal Constitucional, imponiendo un Estatuto del Estado a Cataluña contra el Estatuto aprobado por el pueblo, viene a romper todo equilibrio político, y pone en situación de quiebra el sistema constitucional en su conjunto. 

La Diada 2019 ha vuelto a evidenciar el gran respaldo popular que tiene la demanda republicana y soberana de la Generalidad, pese a las diferentes posiciones existentes, que se dividen entre los que exigen una negociación con el Estado y los que entienden que hay que seguir avanzando en la vía unilateral de referéndum del primero de Octubre de 2017. 

Cuando la portavoz del PSOE, Adriana Lastra, viene a declarar “que no hay vía para llegar a un acuerdo” en lo que hace referencia a la formación de gobierno, ¿acaso se está refiriendo a la vía política y constitucional? 

La ruptura con las contrarreformas políticas y sociales de parte de quienes se reclaman de la izquierda se constituye en la exigencia primaria para avanzar y salir del bucle electoral indefinido. 
Los privilegios de la Monarquía y de los poderes a ella vinculados aparecen en toda esta crisis política como el verdadero problema de fondo. 

, jueves 12 de septiembre, 2019

RESUMEN DEL LAUDO SOBRE EL SALARIO A PAGAR A LOS TRABAJADORES AGRÍCOLAS.

EL LAUDO viene recogido en el diario oficial de Extremadura del 24 de Mayo de 2019 (número 99)

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se ordena la inscripción en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo de la Comunidad Autónoma de Extremadura y se dispone la publicación del Laudo dictado por Árbitros pertenecientes al Cuerpo de Mediadores-Conciliadores y Árbitros del Servicios Regional de Mediación y Arbitraje de Extremadura, tras el sometimiento a procedimiento arbitral de los representantes de los trabajadores del campo y las asociaciones empresariales agrarias (código de convenio: 81000095012001). (201906123

En uno de los párrafos de la RESOLUCIÓN se establece:

Por tanto, para un trabajador eventual agrario en Extremadura, el valor de la hora de trabajo será la de 7,13 euros por hora, donde está incluido el importe de la retribución de las vacaciones. Así pues, si la jornada de trabajo en el convenio colectivo para los trabajadores eventuales del campo, queda establecida en seis horas y media, el valor de la jornada diaria de trabajo para estos trabajadores quedaría establecida en 46,34 euros.

En el caso de que los trabajadores realizasen jornadas de trabajo superiores a la establecida convencionalmente, deberían compensarse esos excesos de jornada por descansos complementarios o ser retribuidas como horas extraordinarias conforme a lo previsto en el artículo 35 del Estatuto de los Trabajadores y en el propio convenio colectivo de aplicación.

Por otro lado, hay que tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 26.5 del Estatuto de los Trabajadores que señala que “operará la compensación y absorción cuando los salarios realmente abonados, en su conjunto y cómputo anual, sean más favorables para los trabajadores que los fijados en el orden normativo o convencional de referencia”.

PORQUÉ ME PRESENTO A ESTAS ELECCIONES MUNICIPALES Y PIDO EL VOTO POR LA ORGANIZACIÓN EN DEFENSA DE LO PÚBLICO (ODP)

Mi respeto a las personas, a los hombres y mujeres, a las personas honestas y honradas que se presentan en todos los diferentes partidos políticos, pero este motivo no impide que acepte y respete las líneas políticas por las que se guían y actúan. 

No comparto y me he rebelado, y me rebelo contra los Proyectos Políticos que, con sus acciones, omisiones, y principios, justifican la conservación del sistema capitalista.

Estoy convencido que las ideas y prácticas de quienes quieren mantener esta estructura económica y social consideran a Extremadura un territorio sin importancia y sin la menor consideración, y esta actitud es la que nos ha llevado y nos lleva cada vez más, a la situación de retraso respecto a otros territorios del Estado Español. 

La responsabilidad histórica y actual recae en los partidos políticos que han aplicado y siguen aplicando las prácticas, reflejo de los mandatos de los grandes poderes económicos, por medio de la acción institucional y con la colaboración u omisión de otras organizaciones. Todo ello es consecuencia de que en la Comunidad Extremeña muchas personas no puedan tener un proyecto de vida y se tenga que marchar, que la precariedad laboral sea una constante, que la gente tenga que vivir con 430 euros de subsidios y ayudas sociales, o dependan de los 2 meses que los emplea el ayuntamiento porque de otra manera carecerían de lo básico para vivir. 

No tengo dudas de que con el paso del tiempo se acabarán las desigualdades sociales, la explotación capitalista y la apropiación por una minoría social de la riqueza que producen las clases trabajadoras. Todo esto se conseguirá, una vez que salgamos del adormecimiento y del letargo social en el que nos mantienen sumisos las instituciones del orden capitalista, gracias a que disponen de infinitos medios políticos, económicos, comunicativos, sociales. 

Por eso es muy necesario que muchas personas nos unamos y nos pongamos a la tarea de trabajar y pelear para transformar radicalmente estas estructuras injustas que tanto perjudican a nuestra tierra; muy pronto, junto a otras generaciones lo conseguiremos.

En estas elecciones, participo en las candidaturas de la ODP con la idea de apoyar y esforzarme por que avance y progrese su línea política, que no es otra que la de combatir y denunciar las hipocresías y miserias que genera este orden económico-político y social. 

Por estos motivos, porque necesitamos apoyo para poner nuestro granito en los Ayuntamientos, en las instituciones locales, para luchar contra la opresión y por el despertar de quienes lo sufren, es por lo que pido el voto para la ODP en estas elecciones municipales y autonómicas.

ALGUNOS APUNTES SOBRE EL PLENO MUNICIPAL DE AYER

1.- El portavoz del gobierno municipal está obsesionado con la TV de Villafranca. La TV local, al igual que el panfleto político, “EL ECO DE LOS BARROS”, son instrumentos propagandísticos que han hecho y hacen un servicio muy efectivo al PSOE LOCAL.

La interpretación que el portavoz municipal hace sobre el cierre de la TV LOCAL es en términos coloquiales muy cariñosa y afectiva. La afectividad y el amor a la QUERIDA TV, como expresó ayer en la sesión plenaria  la debe tener por varias razones, no obstante, la que nos interesa aquí es que su QUERIDA TV deje de ser un instrumento eficaz para ganar votos y servil a su ALCALDE. 

Ayer, cuando con más profusión culpabilizaba a otro grupo político del cierre de la TV, tuvo un instante de dudas, en ese espacio vacío que queda entre palabra y palabra, se le apareció la sombra del Director General de la Junta de Extremadura, y le dijo al oído “ te equivocas”, la TV la ha cerrado la Junta de Extremadura porque no cumplía los requisitos administrativos que son necesarios para la emisión y porque el Ayuntamiento corría el riesgo de sufrir una multa de 1.000.000 de euros. No supo seguir, farfulló. Posteriormente, su “jefe”, le corrigió de manera clara y contundente, “El deseo del Ayuntamiento es legalizarla puesto que hasta la fecha ha funcionado ilegalmente”. 

2.- La propuesta de inversiones que se aprobó ayer en el pleno fue denunciada por los diferentes grupos políticos como un acto electoralista, un acto propagandístico de cara a las elecciones municipales.  

La construcción de 10 viviendas para jóvenes de unos 40-50 metros cuadrados se contradice con la INACCIÓN DEL ALCALDE en relación a las 31 viviendas públicas que se están construyendo, y que están paralizadas o avanzan a paso de tortugas. Con la propuesta de construcción de 10 viviendas se quiere ocultar y acallar el fracaso de las 31 viviendas.

La política inicial de la Junta de Extremadura era la compra de viviendas en ventas en los pueblos, lo que resultaba mucho más económico y social que la construcción de otras nuevas. Esa política se abandonó por la presión de algunos ALCALDES más interesados en la captación de los votos, en el electoralismo, antes que la satisfacción de las necesidades de sus vecinos. Tiene más visibilidad la nueva obra que la compra de viviendas ya construidas.

3.-Una vez más nuestro ALCALDE nos explicó en qué consiste la cultura del CACIQUISMO y CLIENTELISMO, señalando:” que la consecución de cosas para el pueblo se basa en la GRAN AMISTAD que tiene con otros dirigentes políticos regionales o institucionales”. Nos dio a entender que las cosas que se hacen en VILLAFRANCA, no proceden de otras instituciones públicas porque tengamos derecho a ellas, sino porque el ALCALDE las consigue por la amistad con quienes deciden la distribución de fondos, de inversiones u otros tipos de actuaciones. 

Cosa totalmente FALSA,las inversiones públicas que vienen a VILLAFRANCA no son ni más ni menos que las que les corresponden por su población y por la legalidad institucional.

El funcionamiento institucional que nos relató ayer el principal edil de la Corporación Municipal es muy preocupante por el carácter pre-democrático que todavía pudiera existir en nuestra Comunidad. Según sus comportamientos,  aún no hemos superado la España del 1800, la del periodo de CANOVAS DEL CASTILLO y ALFONSO XII. Ahora al igual que en aquellos tiempos la redistribución justa de obras, inversiones u otras actuaciones necesarias para los pueblos se resuelven según la AMISTAD con el JEFE, a más amistad más inversiones llevo a mi pueblo.

Esta cultura caciquil y clientelar que nos impregna hasta los huesos es la verdadera culpable de que EXTREMADURA esté a la cabeza del paro y del desarrollo económico, es la cultura de la subordinación y del agradecimiento, del peloteo, de quien mejor haga la pelota. Y claro, como conclusión, si a mí me exigen peloteo también exigiré peloteo. Hasta que no nos rebelemos contra esta forma de gobierno seguiremos en la misma tesitura económica y social: paro, atraso económico y despoblación rural.