CHARLA COLOQUIO EN EL CENTRO CÍVICO

ALGUNAS PROPUESTAS SOBRE PRUEBAS PROVISIÓN PUESTOS DE TRABAJO

COMUNICADO DE ODP-AS: 

ALGUNAS PROPUESTAS SOBRE PROVISIÓN PUESTOS DE TRABAJO.

En el pleno del Ayuntamiento de Villafranca de los Barros, celebrado el pasado 21 de Noviembre,  el concejal de ODP, CRISTÓBAL TORRES, en el apartado de RUEGOS Y PREGUNTAS hizo una serie de propuestas normativas, con el ánimo de mejorar la objetividad y transparencia de los exámenes para ciertos puestos de trabajo del Ayuntamiento, así como trasladar a los participantes la confianza y seguridad en la valoración de todas las decisiones. 

Estas propuestas que tienen un carácter general se hacen más urgentes después del caso concreto que nos ocupa, y se refieren a la provisión de una plaza  para  socorrista de la piscina climatizada que a nuestro entender se realizó adoleciendo de una serie de elementos que consideramos importantes en este tipo de pruebas.

Por lo que proponemos las siguientes cuestiones:

1.-Exposición en el tablón de anuncios de los criterios que se van a seguir para la valoración de cada una de las pruebas y de los resultados globales; es decir, en el caso concreto que nos trae a este ruego, se debieron exponer previamente en el tablón de anuncios las correlaciones entre los tiempos obtenidos y las puntuaciones correspondientes, cosa que no se hizo hasta una semana  después de la reclamación que hizo la persona interesada Víctor Manuel Zapata Carrillo.

2.- Dado que en este tipo de pruebas no disponemos de relojes electrónicos para facilitar las mediciones de la manera más exacta y precisa posible, sería conveniente que todos los miembros del tribunal dispusieran de cronómetros con el fin de medir con más exactitud los resultados de cada uno de los competidores. No fue así.

3.-. En caso de que una vez realizadas las pruebas, los resultados globales establecidos de acuerdo al baremo sean coincidentes en varios participantes, se debiera dar preferencia para la elección del puesto de trabajo, a aquél que haya invertido el menor tiempo en las pruebas, una vez se hayan considerados los componentes que se tienen en cuenta para las mujeres. 

4.- En este caso, los intervalos de tiempo que se establecen por elAyuntamiento para la asignación de una puntuación determinada no permiten apreciar quien realiza mejor la prueba, ni en rapidez, ni en eficacia, y menos en competiciones de estas características en los que se valoran las centésimas de segundo.

5.- La presencia en las pruebas de los representantes sindicales, tal y como está establecido en las bases, con voz pero sin voto, y sobre todo que por parte del ayuntamiento se les facilite su presencia. En el caso que nos referimos no hubo representantes sindicales como ponen de manifiesto las personas que se examinaron. Al mismo tiempo, solicitamos que en los próximos exámenes puedan estar presentes, como observadores, representantes de los diferentes  grupos políticos municipales.

Propuestas de la ORGANIZ DEFENSA PÚBLICO ALTERNATIVA SOCIALISTA (ODP-AS)

PROPOSICIÓN NO DE LEY DE EUROPA LAICA PARA AVANZAR HACIA UN ESTADO LAICO

Europa Laica ha presentado en el Congreso de los Diputados una Proposición No de Ley en la que solicita el desarrollo de una legislación que cumpla con la idea constitucional de la laicidad del Estado y el respeto a la pluralidad ideológica de la sociedad.

Entre otras cuestiones se solicita la aprobación de una legislación que garantice la no confesionalidad del Estado en los actos oficiales organizados por la Administración y por los representantes públicos, fuerzas armadas y de orden público. En el escrito se hace hincapié en que los representantes públicos, en el ejercicio de su cargo, se abstendrán de actuar, en cuanto tales, en cualesquiera actos de naturaleza religiosa. 

En el aspecto educativo se exige una actuación legislativa inmediata que garantice “el imprescindible carácter laico que debe revestir la Escuela como institución pública, dejando la religión confesional fuera del Sistema Educativo oficial, es decir, del currículo y del ámbito escolar”. En consecuencia se exige, “la derogación del Concordato de los Acuerdos con el Vaticano y con otras confesiones religiosas” que son alegados para mantener los privilegios  y las injerencias de las confesiones religiosas, principalmente de la católica, en el Sistema Educativo.

La Proposición No de Ley, es un paso más en la trayectoria de la lucha que lleva a cabo  Europa Laica para avanzar en el desarrollo y profundización de la Laicidad de las Instituciones del Estado. Así, en el año 2009, en Mayo de 2012, en Octubre de 2016 se han enviado escritos y peticiones a los diferentes grupos parlamentarios y al Congreso de los Diputados solicitando “la derogación de los Acuerdos con la Santa Sede, la supresión de la exención del IBI a la Iglesia Católica y a otras confesiones, la eliminación de la Religión del currículo de las diversas etapas educativas asegurando el carácter laico de la Escuela como institución pública”.

https://laicismo.org/2016/europa-laica-presenta-al-congreso-una-pnl-para-derogar-los-acuerdos-con-la-santa-sede-y-otras-medidas-urgentes-para-la-aconfesionalidad-del-estado/154992

POR UN SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL DIGNO DE 1000 EUROS Y LA DESAPARICIÓN DEL IPREM.

Los indicios apuntan, cada día con mayor certeza, que la luz, el agua y el gas se encarecerán en el año 2017. Buena parte de la población tendrá más dificultades para el acceso a estas necesidades vitales, especialmente las clases trabajadoras y pensionistas. No conformes con el incremento de precio de la luz, lo que elevará sus ganancias, las grandes empresas eléctricas están maniobrando para quitarse de encima el bono social que beneficia a muchas miles de familias humildes.

El encarecimiento del nivel de vida seguirá acompañado de un rapidísimo deterioro de las condiciones laborales y los derechos laborales. El número de trabajadoras y trabajadores pobres se incrementa cada vez más. Las reformas laborales han acabado casi por completo con la negociación colectiva y ello ha provocado también una debilidad mayor todavía de los sindicatos, de todos ellos.

Además de las reformas laborales, otro elemento manejado por el gobierno para articular sus políticas de austeridad y de retrocesos laborales es el SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL. El SMI ha estado congelado desde 2011 hasta 2014, con incrementos ridículos en 2015; a partir de 2004, en pleno auge del neoliberalismo, aparece el IPREM (INDICADOR PÚBLICO DE RENTA DE EFECTOS MÚLTIPLES), más pequeño que el Salario Mínimo Interprofesional, que se utilizará como referencia para la concesión de ayudas, becas, subvenciones o el subsidio de desempleo entre otros.

El SMI es de 21,84 euros diarios, el IPREM son 17,75. Las justificaciones para este cambio, muy fácil, al poder gubernamental y a la patronal, les dio la real gana; de este modo el gasto social disminuye; las cantidades destinadas a las becas, pensiones, desempleo, IPC, entre otros conceptos, son menores.
Una de las condiciones básicas para que seamos capaces de acabar con la desigualdad social, de que haya empleo, con salarios dignos, y una actividad económica que ofrezca perspectivas de futuro a la juventud es que de una vez por todas se acaben las políticas de austeridad.

Para acabar con las políticas de austeridad e impulsar el consumo y la economía, hay que propiciar las subidas salariales, entre ellas la del SMI. España tiene un nivel de riqueza semejante a los 15 países más adelantados de Europa, y por eso debería tener
un SMI de 1000 euros, y la desaparición del IPREM, que permita una renta de inserción justa, un desempleo justo, unas pensiones justas y unas becas justas.

ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL SUBSIDIO AGRARIO

Desde la ORGANIZACIÓN DEFENSA DE LO PÚBLICO-ALTERNATIVA SOCIALISTA de EXTREMADURA consideramos que el gobierno de España debe eliminar  la obligación que tienen los/as trabajadores/as agrícolas de las 35 peonadas para el cobro del subsidio o de la renta agraria. Para buena parte de la población obrera es difícil conseguir esas peonadas. En muchos casos tienen que comprarlas a los empresarios agrícolas; esta cuestión se ha convertido en un elemento de sometimiento caciquil; por la dificultad de alcanzar los suficientes días trabajados, o bien porque los empresarios agrícolas no les dan de alta en la seguridad  social y no les firman las peonadas.  

En nuestra Comunidad, en muchos pueblos con un verdadero mercadeo en este asunto, de tal modo que la firma de peonada suele tener un precio de unos 15 euros. Esto ocurre con hombres, y sobre todo con mujeres al encontrar más dificultades para ser contratadas. Los planes AEPSA de los Municipios permiten la consecución de sólo algunas peonadas, no son suficientes. 

En otro orden de cosas, es preciso que el gobierno de España establezca de una vez un sistema de protección para población asalariada desempleada que unifique  la renta y el subsidio agrario, y garantizando que las personas que sobrepasen cierta edad tenga acceso permanente a la protección económica hasta llegar a la jubilación. 

El desempleo en las zonas agrícolas de Extremadura no es un problema de búsqueda de empleo; los trabajadores quieren trabajar, no quieren vivir subvencionados, ni depender seis meses de los 426 euros. El problema es que en el campo, las contrataciones son cada vez más escasas; el trabajo es muy precario y temporal. 

Así por ejemplo, en Tierra de Barros, el empleo aumenta en los períodos de la vendimia y la aceituna, el resto del año es complicado encontrar trabajo para un obrero agrícola. No obstante, en estas cosechas se impone la modalidad del trabajo a destajo. En muchos casos, las aceitunas se recojan en esportones a 3 euros cada uno de ellos, si la cosecha es abundante se pueden obtener 30 o 40 euros a base de mucho sacrificio, cuando la cosecha es mala, conseguir un salario de 30 o 40 euros implica dejarte parte de la piel en el campo.

La población asalariada de nuestra comarca tiene plena conciencia de que el convenio agrícola firmado es el resultado de la correlación de fuerzas, es el resultado de la lucha de clases, y en estos momentos son las organizaciones empresariales agrarias más conservadoras las que imponen sus criterios. En definitiva, la situación laboral es un reflejo de la poca capacidad de movilización que actualmente tiene la fuerza de trabajo agrícola. La inversión de este estado de cosas no es sencilla, nuestros políticos están muy entretenidos con sus cosas en las instituciones; en la calle tenemos que trabajar por la unidad de acción sindical y por una estrecha colaboración con los diferentes movimientos sociales de Extremadura.

La inclusión de los trabajadores agrícolas en el Régimen General de la Seguridad Social puede ocasionar dificultades muy serias a los trabajadores eventuales. Antes de dar ese paso, hay que generar amplias posibilidades de empleo, puesto que con los actuales niveles tendrían serios problemas para vivir dignamente y por supuesto, cotizar a la seguridad social, ya que al estar en el Régimen General dependería de los días trabajados. Actualmente, aún en desempleo pagan de su bolsillo una cantidad fija mensual lo que les permite, cobrar el desempleo durante seis meses y una pensión de jubilación. 

Los empresarios agrícolas tal y como funciona el sistema “disponen de una voluntariedad y enorme flexibilidad” para cotizar por los trabajadores eventuales. De aquí que sea una prioridad modificar en estos casos el procedimiento de cotización a la seguridad social, e intensificar la vigilancia de las inspecciones de trabajo, puesto que en la actualidad hay un agujero por el que se escapan importantes cantidades de dinero a la seguridad Social. 

No es un tópico repetir, una y mil veces, que la madre del cordero del estado económico-social de nuestra tierra es el olvido y el abandono al que nos han condenado los sucesivos gobiernos de España. La clase política extremeña históricamente ha sido subalterna de la de  Madrid. En la actualidad, no se vislumbra algo nuevo y diferente, seguimos estando al margen de cualquier desarrollo económico. No es manido repetir que en Extremadura se acomoda una oligarquía parasitaria con intereses económicos en el sector agrario, con nombres muy conocidos, que perciben millones de euros en rentas y subvenciones públicas.

 Por eso, no nos valen los planes AEPSA o los Planes de Empleo Social que tienen por objetivo silencio y subsistencia, necesitamos verdaderos Programas de Inversiones en Infraestructuras físicas y Planes de Empleo que estimulen la industrialización, la producción agrícola-industrial y la economía social. Claro, todo esto depende de nuestra capacidad de lucha y movilización.