jueves, 6 de octubre de 2016
martes, 4 de octubre de 2016
SOBRE LA JUNTA LOCAL DE SEGURIDAD DE ALMENDRALEJO
Después de los datos conocidos sobre el paro
en Extremadura, no nos queda más remedio que recordar la reunión que celebró la
JUNTA LOCAL DE SEGURIDAD de ALMENDRALEJO, con la presencia de la Subdelegada
del gobierno, en la que se estudiaron el conjunto de medidas a poner en marcha
para evitar los robos en el campo. De todas las cuestiones tratadas, hacemos
referencia a dos:
1.- Sin duda, la que llama más la
atención, la más sobresaliente, es la que se refiere al reforzamiento de la
vigilancia en el campo con un escuadrón de caballería de la Guardia Civil. La
Delegación del gobierno y los poderes locales tienen en cuenta que estamos en
una sociedad capitalista y que uno de los vicios que aquella genera es el
interés por la propiedad ajena. Pero otro de los muchos problemas que genera la
sociedad capitalista es el DESEMPLEO. Este afecta en Tierra de Barros a más de
10.000 personas, y en Extremadura supera ampliamente las cien mil, muchas de
las cuales carecen de prestaciones y subsidios, con enormes dificultades para
satisfacer las necesidades mínimas vitales. Por lo que se sabe de esto no se habló.
A la Delegación del gobierno no la hemos escuchado reclamar al gobierno de
España programas especiales de empleo para nuestro territorio que necesita de
una atención preferente del Estado Español. Es hora de que la Delegación del
Gobierno y los representantes de los Poderes Locales reclamen al gobierno
central, POLÍTICAS
PÚBLICAS PARA EL BIENESTAR Y EL DESARROLLO DE EXTREMADURA.
2. Por otra parte, la Junta Local de Seguridad
elevó la petición de celeridad a la Junta de Extremadura para que se apruebe el
Decreto que regulará el transporte de productos agrícolas; todos consideran que
es un instrumento eficaz para perseguir los robos y los rebuscos.
Desde varias organizaciones sociales y de agricultores se ha expresado ya la inutilidad de este decreto frente a los robos y los
inconvenientes que presenta para los propios agricultores, especialmente si se
quiere aplicar en toda su dimensión, ya que posiblemente sólo se utilice para perseguir
a las familias más humildes y a los inmigrantes. La facilidad con la que se
mezclan los rebuscos con los robos es algo que se ha estado utilizando por
ciertos sectores sociales y poderes institucionales de la Comunidad, y en base
a esta justificación se ha elaborado el Decreto de referencia. Un acuerdo que quiera de verdad regular
esta actividad lo que tiene que establecer entre otras cuestioens, el destino
final que va a tener la uva recogida después de la vendimia, contabilidad a
llevar por los puestos dedicados a la compra del rebusco, control local de las
personas que se dedican al rebusco, fechas diferentes para la finalización de
las actividades regulares de vendimia y aceituna, etc.En otras palabras, que se tengan en cuenta los intereses de todas las partes que se relacionan con esta actividad.
martes, 6 de septiembre de 2016
LA JUNTA DE EXTREMADURA Y LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO Y PLAN PARA INTEGRACIÓN EMIGRANTES.
La ORGANIZACIÓN EN DEFENSA DE LO
PÚBLICO exige al gobierno de la Junta de Extremadura y a la Delegación del
Gobierno, que de manera inmediata con las organizaciones agrarias, la FEMPEX y con
los sindicatos, tomen las medidas necesarias para hacer frente a las
problemáticas que se presentan en Tierra de Barros con motivo de la campaña de
la vendimia.
Las organizaciones y entidades
públicas indicadas, especialmente el gobierno de la Junta de Extremadura,
deberían haber previsto lo que ocurre en estas fechas en algunas localidades de
Tierra de Barros, especialmente en ALMENDRALEJO, puesto que un año tras otro se
repiten los mismos problemas. Sin embargo, permanecen impasibles y miran para
otro lado como si las circunstancias que se dan no tuvieran nada que ver con
ellas. La realidad es que están más
preocupadas de elaborar un bodrio de DECRETO para acabar con el REBUSCO antes que tomar medidas para resolver los
problemas de todo tipo que se presentan en estas campañas.
De todos es conocido que en estos
días llegan a las localidades de Tierra de Barros un masivo número de personas
inmigrantes para buscar trabajo en la cosecha de la vendimia. Estas se alojan
en viviendas o en naves que no reúnen los requisitos mínimos de habitabilidad y
salubridad. En la mayoría de los casos, en ellas, se alojan un número de
personas muy superior al espacio que se requiere para que puedan llevar una
vida decente. Además, todas estas circunstancias ocasionan problemas de
convivencia con los vecinos y familias que habitan en las calles o cercanías.
A todo el conjunto de problemas derivados de
las condiciones y del hacinamiento de personas en las viviendas, se unen los
que tienen que ver con las relaciones laborales, contrataciones, los salarios, los
destajos, etc. La realidad es que de estas situaciones se aprovechan gente sin
escrúpulos que lo que realmente pretenden es que haya abundante mano de obra
para que los salarios sean los más bajos posible.
Pues bien, LA JUNTA DE EXTREMADURA,
LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO, la FEMPEX, LAS ORGANIZACIONES AGRARIAS Y SINDICALES conocen
todo esto que se repite un año tras otro.
Pero no hacen absolutamente nada para evitarlo. Lo que se impone son los
intereses de clase: mientras más inmigrantes, más mano de obra y más bajos
serán los salarios. Nada más interesa.
Por todo ello, desde la
Organización en Defensa de lo Público, exigimos que se tomen medidas urgentemente
por las ADMINISTRACIONES PÚBLICAS y LAS ORGANIZACIONES AGRARIAS para desarrollar
un Plan de Integración que prevenga y evite muchos de los problemas
relacionados con las viviendas (indicados anteriormente) que suceden en estos
meses de campaña: pisos en donde se “hacinan” personas, domicilio sin
condiciones higiénicas, sin salubridad, etc.
Desde la Organización en Defensa de
lo Público exigimos que en el Programa de Integración se destinen educadores
sociales y trabajadores sociales para tratar con las personas que vienen de
fuera e instruirlas en unos comportamientos relacionados con la ocupación de
espacios públicos, limpieza, respeto a la convivencia vecinal, contratos de
trabajo, etc.
Las Organizaciones Agrarias deben
exigir a los Agricultores que todas las personas que vayan a realizar los
trabajos de vendimia sean contratadas a través de las oficinas de empleo. Las
Administraciones Públicas deben destinar el suficiente personal funcionario
para hacer cumplir que ningún trabajador o trabajadora esté sin un contrato de
trabajo y en condiciones legales, es decir, que se cumplan los convenios
agrícolas, que no se paguen salarios de miseria y se persiga exhaustivamente la
explotación hasta sus últimas consecuencias.
viernes, 22 de julio de 2016
EL NUEVO INSTITUTO DEBE SER UNA PRIORIDAD ENTRE LAS INFRAESTRUCTURAS QUE REALICE LA JUNTA DE EXTREMADURA EN LA LEGISLATURA
Una de las obras que
la Junta de Extremadura debe desarrollar en esta legislatura es la del Instituto
de Villafranca de los Barros.
En los primeros años de los 90, si no recuerdo mal fue en el
92-93, se produjo “el cambio” entre el Colegio Rodríguez Cruz y el Instituto
Meléndez Valdés; es decir, nos intercambiamos en la ocupación de los edificios.
Los alumnos de primaria (antigua EGB) que daban clases en el Colegio Rodríguez Cruz
pasaron al edificio que utilizaban los alumnos de bachillerato. En ese período
y en años sucesivos, se produce una ampliación del Instituto con la
construcción de edificaciones destinadas a la impartición de clases para el alumnado del
bachillerato y COU, y de los diferentes
ciclos formativos que poco a poco se van implantando en el Centro Educativo.
A estas alturas, nos encontramos con varias bloques, por
llamarlos de algún modo, en dónde se dan las clases que corresponden a la ESO
(antiguo edificio del Colegio Rodríguez Cruz), Bachilleratos, Ciclos de
Administración y Finanzas, Electricidad y Electrónica y Automoción en sus
diversas ramas, enseñanzas del Nocturno, EPA (escuela de adultos) y otras enseñanzas
no regladas.
En definitiva, Villafranca de los Barros, necesita un nuevo
edificio que albergue un Centro Moderno con espacios físicos suficientes para mantener
y, por supuesto, mejorar la calidad educativa que desarrolla en las múltiples
enseñanzas para los cientos de alumnos de las diferentes localidades, no sólo
de Villafranca, que cursan los estudios en nuestra localidad.
Desde hace varios años se viene solicitando la nueva
construcción; sabemos del esfuerzo que realiza el actual equipo directivo para
conseguir que por las autoridades político-administrativas se tenga en cuenta lo
que desde el punto de vista educativo es una necesidad y una proyección pública
de la localidad. Por eso, no puede pasar una legislatura más sin que desde la
Junta de Extremadura se atienda esta petición muy mayoritaria que realizan las organizaciones
políticas y sociales de la localidad.
NOTA DE PRENSA ODP SOBRE LEGALIDAD TV VILLAFRANCA BARROS
SOBRE LA LEGALIDAD DE LA TV LOCAL
En el Pleno celebrado en el mes
de mayo preguntamos cuál era la situación jurídica de la TV local, no se nos
respondió; recurrimos a la Dirección General de Comunicación Electrónica y
Nuevas Tecnologías de la Junta de Extremadura y se nos argumentó la situación
reglamentaria con el amplio repertorio de leyes y decretos que regulan la TDT
en el territorio de la Comunidad Autónoma; en las mismas, de manera explícita e
implícitamente se nos expresaba que la TV local estaba fuera del marco normativo.
En el pleno celebrado en la noche del 18 de julio, el
Alcalde ratificó lo dicho en días pasados por el Concejal de Cultura, no sin
antes acusarnos de algo así como QUE CON NUESTRAS PREGUNTAS LO QUE
PRETENDEMOS ES CERRAR LA TV LOCAL; les molesta que hayamos pedido
información y transparencia sobre este asunto, y se recurre contra la ODP utilizando
el mecanismo más fácil para defenderse de algo que ellos mismos reconocen: “que
la TV de Villafranca está funcionando fuera de la normativa, de manera
irregular, vamos lo que se puede decir en el modo de TV PIRATA”. Y si
esto es así es porque tienen la complacencia del gobierno de Extremadura que
les permite, mirando para otro lado, una emisión que según la Ley de Telecomunicaciones
conlleva una denuncia de hasta 1.000.000 de euros.
Por pedir información, se nos
acusa de que queremos cerrarla pero queremos salir en ella, lo dijeron
el concejal y el Alcalde, este argumento
lo que denota es un pensamiento caciquil y manipulador: “este
asunto es solamente nuestro”, “aquí nadie puede meter las narices”, “el que se
mueva no sale en la foto”.
En los próximos días pediremos la
veracidad correspondiente sobre el contenido de las declaraciones realizadas en
días pasados por el Concejal de Cultura, en las que se decía que había un
proyecto y una especie de autorización por la Junta de Extremadura para emitir.
Lo curioso del caso es que al mismo
tiempo que se decía una cosa, se reconocía la necesidad de modificar el
decreto, es decir que se estaba reconociendo la irregularidad de las emisiones.
En el pleno de anoche, el Alcalde volvió a precisar que tal y como están las
cosas es difícil y hay que modificar la normativa que regula las emisiones.
No entendemos la ocultación absurda de información por parte del equipo de
gobierno de este asunto municipal. Ahora le exigimos que proceda a dar los
pasos consecuentes para tramitar la legalización de la TV local. Puesto que a
todo lo anterior se añade que no podemos
ocupar el espacio electromagnético a nuestro antojo, sin ser advertido antes o
después por otras Instituciones del Gobierno de España relacionadas con las
Telecomunicaciones que no dependen de la Junta de Extremadura.
Por último, no es de recibo que una Administración Pública
actúe arbitrariamente sin respetar el marco jurídico en aquellas cuestiones que
le parezcan pertinentes, y en otras requiera el cumplimiento de la legalidad a
la población en lo que le compete. La Administración Regional tiene mucho que
decir en este asunto, y los Ayuntamientos interesados, entre ellos el nuestro,
deben requerir que se proceda a las modificaciones normativas precisas para que
las diferentes localidades de la Comunidad puedan llevar a cabo las emisiones
de la TV local.
sábado, 25 de junio de 2016
Europa Laica reclama a los líderes políticos su compromiso para adoptar medidas de gobierno para avanzar en el Estado laico
Europa
Laica ha enviado a los líderes de los grupos políticos y coaliciones
que se presentan a las elecciones el próximo 26 de junio una carta
acompañada por las 30 medidas que estimamos necesarias abordar en la
próxima legislatura, con la finalidad de avanzar en la construcción del
Estado laico y en la defensa del derecho a la libertad de conciencia,
acompañada de una lista de las prioridades más urgentes, en momentos en
donde la pérdida derechos de todo tipo es una constante.
En
esa carta se les hace la consideración de que desde 1979, hasta hoy, se
han dado algunos pasos importantes en materia de derechos relacionados
con la libertad de conciencia. Pero también se les recuerda que la
Iglesia católica (Ic) sigue disfrutando de privilegios económicos,
simbólicos, políticos, jurídicos y en materia de Enseñanza, que nos
sitúa, de hecho, como un “Estado confesional católico”, además
de que algunos derechos están por conquistar como el de la muerte digna
que sigue penalizado, al igual que la blasfemia, entre otros.
También
se les recuerda que frente a una profunda secularización de la
sociedad, se detecta que no sólo las instituciones, en general, NO se
han secularizado todavía, sino que en la mayoría de los partidos y,
esencialmente entre sus líderes más significativos, la secularización
institucional y política es un paso que no han dado hasta ahora.
Por
ello Europa Laica, independientemente de los resultados del 26J y de
los compromisos electorales que se adquieran en esta materia, tiene
preparadas una batería de iniciativas legislativas para que cada cual se
“retrate”, una vez conformado el nuevo Parlamento y esperamos que un
Gobierno, más o menos estable. Porque estamos convencidos que NO habrá
regeneración democrática, sin laicidad institucional, por ello la
construcción del Estado laico no debe esperar más.
miércoles, 25 de mayo de 2016
RUEDA DE PRENSA DE LA ODP SOBRE APOYO A CAMPAMENTOS DIGNIDAD Y MOCIONES PRÓXIMO PLENO
1.- Queremos mostrar la
solidaridad de la Organización en Defensa de lo Público (ODP) con los 18 compañeros
del Campamento Dignidad que van a ser enjuiciados los próximo día 16 y 17 de
junio en Cáceres por luchar por la RENTA BÁSICA. No podemos olvidar que gracias
a las movilizaciones realizadas por los Campamentos Dignidad y otras
organizaciones y movimientos sociales,
hoy día, cobran la renta básica un
número de personas, todavía insuficiente para las necesidades que tienen muchas
familias de la sociedad extremeña, pero
que los gobiernos regionales no tenían previsto ni mucho menos. En los
días 13, 14 y 15 se organizarán acciones de apoyo a estos 18 compañeros
que van a ser juzgados por el Tribunal
Superior de la Junta de Extremadura.
No se puede olvidar que si
los gobiernos aprueban medidas de este tipo, como la Renta Básica y las Ayudas
para Mínimos Vitales de luz y agua, es porque vienen precedidas de unas
exigencias sociales reivindicativas, de otro modo, las concesiones suelen ser
restrictivas o nulas. En este sentido, vamos a seguir exigiendo al gobierno
regional que amplíe la cobertura de la Renta Básica a muchas familias que aún
la necesitan, la tienen solicitada y, todavía no ha sido aprobada; cabe
recordar que la Junta de Extremadura en
el período de Octubre hasta finales de Marzo apenas han concedido 9 rentas
básicas nuevas, y en cuanto a las Ayudas de Apoyo Social para Contingencias de
5500 solicitudes, aproximadamente, que se han presentado en la Comunidad
Autónoma, sólo se han aprobado unas 70.
2. La ODP apoya a los
Campamentos Dignidad y a otras Organizaciones sociales en sus reivindicaciones
de Programas y Planes de Empleo que realmente cubran suficientemente las
necesidades de empleo que tenemos en nuestra Comunidad.
Los fondos que proceden del gobierno regional,
a través del AEPSA, y de la Junta de Extremadura por medio de los Planes de
Experiencia y Parados de Larga duración, así como los que provienen de las
Diputaciones Provinciales, son muy insuficientes y se quedan muy cortos en sus
intenciones; llegan a muy pocas personas desempleadas y aportan poco a la
creación de un nuevo modelo productivo que genere riqueza y mano de obra.
Necesitamos que el importe de la beca llegue antes al alumnado. Si llega a final de curso, nos resulta imposible hacer frente al creciente coste de una buena educación, aun siendo esta pública.
Lo anterior que es relativo a las Becas Complementarias de carácter universitario, lo hacemos extensivo al caso de las Ayudas al alumnado de Educación Secundaria Obligatoria; ayudas que se conceden para la adquisición de Libros de Textos y Materiales Curriculares, no sólo en el sentido de que la Junta de Extremadura aumente las cantidades concedidas para la dotación de los fondos de libros que disponen los centros educativos, sino que también se realicen los pagos en el momento adecuado, antes de que las familias realicen los gastos educativos.
4. Se dan a conocer las mociones que la ODP presentará en el próximo pleno municipal:
-Solicitar una serie de actuaciones que se deben realizar en el Cantón de Guichén: barreras para controlar la velocidad de las motos, vehículos, etc., pintar pasos de peatones, contenedores, vigilancia, solicitud a la Junta de Extremadura que prepare bajantes y adecentamiento de las paredes, etc..
-Otra moción referida a la construcción del edificio para nuevo Instituto, en la que se pide información al equipo de gobierno sobre la situación actual en la que se encuentra la cesión de terrenos, el proyecto técnico, la inclusión de alguna partida en los presupuestos regionales, y en definitiva, que por todos los grupos políticos se reclame la construcción de un nuevo edificio para el Instituto en la localidad.
-Algunas propuestas referentes a la TV Local por no actuar a nuestro entender con criterios propios de una tv pública, además de que consideramos que hay que dar información sobre el estado de legalidad o ilegalidad que tiene la TV local de Villafranca, y realizando los trámites necesarios para su legalización dado que en caso de emisión sin licencia según Ley de Comunicaciones 7/2010 en sus art. 57.6 y 60.1 se puede denunciar al Ayuntamiento con 500.000 euros a 1.000.000 euros.
5. Volveremos a solicitar nuevos ruegos y preguntas; entre otras, nuevamente preguntaremos información sobre los seguros que tiene realizado el Ayuntamiento, cantidades, con qué empresas, etc..Pregunta que hemos solicitado con anterioridad y que aún no se nos ha dado.
6.-Invitamos a todas las personas que quieran asistir al acto informativo que el JUEVES, A LAS 8 DE LA NOCHE, tenemos en la Casa de la Cultura. La organización ATTAC informará sobre algunos aspectos, especialmente los agrícolas y sanitarios que se tratan de incorporar al tratado comercial que se está elaborando entre EEUU y Europa; estos acuerdos dañan enormemente a la economía europea y especialmente a los sectores de productores agrícolas y ganaderos de nuestra Comunidad Autónoma.
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