EL FRACASO DEL INGRESO MÍNIMO VITAL Y LA CRIMINALIZACIÓN DE LA POBREZA

 

El Estado como forma política del capital dispone de todos los recursos posibles económicos, militares, judiciales, propagandísticos al servicio de la burguesía. 

La estrategia política-militar del capital se centra en crear las condiciones más propicias para la obtención de los máximos beneficios, para la acumulación de capital. Para esto necesita mantener un mínimo de estabilidad social y apaciguar a las clases subalternas más castigadas por la crisis para que el proceso de explotación asalariada se desarrolle sin muchos conflictos.

Un caso flagrante de esta estrategia es el IMV. Una especie de renta mínima que hace meses puso en marcha el Ministerio de la Seguridad Social. Lo calificaron y presentaron como “medidas sociales” que acabarían con la pobreza.

La propaganda superó todos los límites entusiasmando a los sectores reformistas y socialdemócratas que en sus ensueños sin fronteras retrocedieron a las ideas propias del socialismo utópico que con reformas en el interior del capitalismo era posible acabar con la pobreza y la precariedad vital. 

Las políticas socialdemócratas que abandonan la socialización de los medios de producción y la construcción de un Estado socialista al servicio de las clases trabajadoras no han conseguido nunca mejorar las bondades del capitalismo ya que encuentran las barreras objetivas e inconciliables de una sociedad dividida en clases.

Un ejemplo del fracaso de las políticas reformistas es el Ingreso Mínimo Vital. En muchas ocasiones nos hemos referido a él, poniendo de manifiesto que viene a ser una renta mínima más que mantiene las estructuras sociales de la pobreza.

No obstante, queremos señalar algunos detalles más que con el tiempo van saliendo a la luz y muestran como el Estado a través de sus ministerios y administraciones pública persiste de muchas formas posibles en el castigo y en la violencia contra los sectores sociales económicamente más débiles.

Algunas personas perceptoras del IMV están recibiendo escritos en los que se les informa de que se les reducen las cantidades a cobrar mensualmente en proporciones importantes, sin justificaciones entendibles. En otros casos, reciben escritos de que cobrarán una cantidad determinada y los ingresos que perciben son diferentes en cantidades muy inferiores.

Los compañeros y compañeras de RMI de Madrid nos informan que las reducciones en las cantidades percibidas durante el año 2021 se deben a que en la declaración de la renta que debe hacerse según las modificaciones de la nueva normativa de la Ley que regula el Ingreso Mínimo Vital el INSS está teniendo en cuenta lo que se ha cobrado por las rentas mínimas autonómicas durante el año 2020 y aplicando los descuentos correspondientes según lo cobrado por las personas o familias.

Así señalan que “Tras contrastar decenas de casos similares, llegamos a  la conclusión de que ha ocurrido lo siguiente:

• El INSS ha dejado que transcurra casi un año completo para llevar a cabo la revisión de la cuantía de IMV 2021 en base a los ingresos computables obtenidos durante 2020 (RDL 20/2020, artículo 13.3), pese a que dispone de los datos fiscales de 2020 desde el 15 de marzo de 2021.
• En muchos casos el INSS, además de tarde, lo ha hecho MAL, porque ha descontado los ingresos 2020 por renta mínima autonómica, cuando esas rentas no son computables a efectos de IMV, esto es, no pueden restarse de su cuantía (RDL 20/2020 art. 8.2 y 18.1e.1º).

Es cierto que en esas situaciones suele haber un error en la declaración de IRPF 2020: se ha incluido en ella lo cobrado por rentas mínima autonómicas pese a ser rentas exentas de IRPF, y aparece en la casilla 0003 como retribuciones dinerarias por rentas del trabajo, e incluso aparece a veces como Ganancia Patrimonial entre las "rentas del ahorro". Esas declaraciones habitualmente han sido hechas por la propia Agencia Tributaria (AEAT) vía telefónica ("Te llamamos") o presencial, o por terceras personas de forma lucrativa, y las familias empobrecidas no son expertas fiscales capaces de detectar tales errores. Pero lo importante es que, se atribuya a quien se atribuya el error en el IRPF, el mandato que el RDL 20/2020 (art. 19.7) daba al INSS en 2021 y en su art. 19.7 no era "copiar" las casillas 0003 u otras, que aportan información insuficiente y no distinguen los orígenes de los ingresos, sino que el INSS obtenga datos fidedignos recabando de la AEAT la información necesaria sobre datos fiscales e imputaciones.

 

Otro hecho que está ocurriendo: “los perceptores comunican con la antelación suficiente al INSS que están trabajando para que durante ese período no les paguen el IMV”. No obstante, el INSS continúa ingresando la ayuda para unos días después solicitar urgentemente su devolución con amenazas de embargos y cobro de intereses.

La criminalización de la pobreza no sólo se reduce al caso anterior, también se justifica en la propaganda de que los pobres son irresponsables, y gastan lo que no tienen que gastar. En concreto, nos referimos a que la lentitud en la tramitación del IMV lleva a que la persona perceptora reciba la ayuda correspondiente unos meses después de haberla solicitado. Lo más probable que durante algunos meses de esa tardanza haya estado cobrando la renta garantizada extremeña por lo que la Dirección General de Servicios Social le solicitará la devolución de esos meses en los que coinciden ambos ingresos. Ejemplo: si se les paga en septiembre y la solicitó en febrero, los ingresos totales atrasados que recibirá son los que corresponden a los meses que van desde febrero hasta septiembre; además, suponemos que finalizó el cobro de la renta garantizada extremeña a primeros de junio. Hay tres o cuatro meses en los que esa persona o familia no tuvo ingresos, no cobra absolutamente nada y mientras tanto tiene que vivir. La dificultad en la devolución de lo cobrado conduce a una criminalización social y posiblemente a un castigo económico a esa persona por parte de los gobiernos de esas administraciones públicas, que son los verdaderos responsables de esta situación, no sólo por el atraso en la tramitación correspondiente de esta ayuda social sino por permitir que las familias vivan en la más absoluta precariedad incapaz de generar las condiciones económicas y sociales para que puedan vivir dignamente.

A pesar de las declaraciones del gobierno es suficientemente conocido que el IMV es un verdadero fracaso por toda una serie de factores que van desde los requisitos, su burocracia, ocultismo, falta de transparencia, cantidades ridículas, etc.

En contradicción con la euforia mostrada por algunos miembros del gobierno y políticos próximos a él que mantenían “que con el IMV nadie tendrá dificultades para tener la nevera llena y disponer de una alimentación saludable y adecuada”, los últimos datos publicados por el mismo Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones manifiestan que tres de cuatro solicitudes del Ingreso Mínimo Vital, el 75%, han sido denegadas y sólo llega al 8 % de la población que vive bajo el umbral de la pobreza.

Son los últimos datos publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que registran casi 100.000 solicitudes pendientes de resolver y una cuantía media de la prestación por beneficiario de 172 euros mensuales y de 436 por hogar.

Actualmente se ha concedido el IMV a 800.000 personas, cerca de la tercera parte de los beneficiarios previstos por el Gobierno, que era 2.300.000 personas”.

 

En Extremadura, las declaraciones realizadas por la directora general de servicios sociales que “calcula que el IMV llega a unas 9.000 personas complementadas con unas 5.678 que cumplen los requisitos para acceder a la Renta Garantizada Extremeña”.

 

La referencia para el cálculo suele ser el IPREM que en el año 2022 será de unos 579 euros, siendo el IMV para una persona el 80 % aproximadamente de aquél, unos 470 euros. No obstante, como hemos señalado anteriormente la aplicación de requisitos por el INSS conduce a que lo que realmente se perciba sean cantidades ridículas que en la mayoría de los casos no llegan a esa cantidad. De este modo es imposible mejorar la vida de la gente.

 

Según el informe "El Estado de la Pobreza. Seguimiento del indicador de pobreza y exclusión social en España 2008–2020", elaborado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES). En Extremadura, unas 411.000 personas estaban en riesgo de la pobreza o exclusión social en el año 2020. Mientras que unas 124.000 personas estaban en pobreza severa.

Según los últimos datos disponibles de la Encuesta de Condiciones de Vida (julio 2021), el umbral de riesgo de pobreza para los hogares de una persona se sitúa en unos 9.600 euros anuales, mientras que el umbral de renta para considerar que un hogar está en pobreza severa es de 6.417,3 € por unidad de consumo al año, unos 535 euros; es decir, cada persona debe sobrevivir con menos de 281 € mensuales para el caso de una familia con dos adultos.

Por encima de todos los datos, la realidad es la imposibilidad de que una persona, y en muchos casos una familia pueda vivir con 500 euros al mes de los que tendrá que pagar alquiler, luz y una larga lista de gastos ineludibles.

 

El Estado salva a la banca y deja de lado a los sectores sociales que necesitan urgentemente viviendas

 El Estado como forma política del capital cumple a la perfección con sus funciones a la vez que muestra una imagen de neutralidad y servicio al conjunto de la población; pero no nos engañemos es una herramienta al servicio de los grandes propietarios de los medios de producción; esta afirmación realizada allá por el siglo XIX para describir cual era el sentido y el cometido del poder estatal resulta hoy absolutamente evidente, tal y como se refleja con plena claridad en el caso de las viviendas.

El Estado Español destina en los presupuestos generales unos 30.000 millones de euros para hacer frente a los intereses de la deuda contraída en buena medida para salvar a los bancos y grandes inmobiliarias, dinero que sale en una proporción muy importante de las rentas del trabajo que anualmente pagan los trabajadores y trabajadoras.

El Estado es un instrumento que no defrauda en absoluto los negocios e intereses de los poderosos, dueños de la riqueza y el patrimonio de este país. A estos especuladores se les permite entre otras cosas que mantengan cientos y cientos de viviendas paralizadas y esperando que vengan mejores tiempos para sus oportunidades de negocios; mientras tanto, hay cientos de personas que una y otra vez rellenan documentos y piden desesperadamente una vivienda en la Consejería de Fomento.

Las entidades bancarias y organismos públicos, no dudamos que en un futuro próximo y probablemente las están recibiendo ya de los fondos de recuperación europeos,  contarán a granel con subvenciones millonarias importantes para recuperar los cientos de pisos deteriorados que poseen a causa del estado de abandono en el que se encuentran; subvenciones millonarias con las que se realizarán las obras pertinentes para ponerlas a punto y acudir al mercado con plenas garantías de que serán vendidos a buen precio una vez que el horizonte del beneficio se vislumbre con claridad

Las administraciones públicas han hecho caso omiso a las denuncias concretas que se han realizado sobre los bloques de pisos que se encuentran en esta situación y que por el estado de abandono generan en sus entornos interiores zonas en donde crece la hierba sin control ocasionando que en los espacios públicos cercanos aparezcan insectos, roedores y otros animales que pululan con plena libertad causando problemas al vecindario.

Lo que está claro es que visto el caso que hacen a estas necesidades sociales los políticos que dirigen el Estado, la Junta y los parlamentarios de la Asamblea de Extremadura, la única forma de cambiar este estado de cosas es con la resistencia y la organización popular. Por eso, el día 18 de enero, martes, a las 11 de la mañana acudiremos a la Plaza del Rastro, Mérida, para denunciar el estado de insolidaridad social e injusticia que se comete en esta comunidad dejando de lado las necesidades básicas de sectores de la población.

La vivienda es una necesidad que el gobierno regional y estatal deben asumir con toda seriedad más allá de medidas insuficientes como las ayudas de alquiler que son inalcanzables y no llegan a los sectores sociales más desfavorecidos de la población. En esta situación se encuentran cientos de personas que viven con pensiones no contributivas, personas que por las limitaciones de sus estados físicos o sociales no pueden acceder al mercado de trabajo y reciben ayudas públicas mínimas, trabajadores y trabajadoras con una precariedad salarial importante o que se encuentran en el más absoluto desamparo.

El capitalismo opera como una totalidad que se extiende más allá de la explotación asalariada. Cualquier aspecto que consideremos al formar parte de un todo, repercute en la vida del ser humano, limitando ampliamente las posibilidades de su felicidad.

La falta de una vivienda digna es un instrumento de violencia que machaca la integración social de las personas y afecta muy ampliamente al conjunto de las relaciones afectivo-sentimentales, con sus seres queridos y los de su entorno.

Sin una vivienda digna no sólo se carece de un techo para tener un mínimo bienestar personal o familiar, además son múltiples las casuísticas que se pueden dar que condicionan de modo muy negativo la vida de las personas.

Algunos de los ejemplos que en estos días se nos han mostrado con más fuerzas cuando se carece de una vivienda, son aquellos en los que la separación o divorcio reducen las posibilidades de encuentros o contactos familiares a los que las autoridades administrativas ponen serias dificultades, o bien anulan judicialmente la compartición periódica , o retiran la custodia de los menores, la imposibilidad de acceder a un empadronamiento para recabar una ayuda social que a duras penas te permita sobrevivir y/o hacer frente a otras obligaciones.

En definitiva, es urgente que el Estado Español a través del correspondiente Ministerio y la Consejería de la Vivienda de la Junta de Extremadura intervengan para que al menos los cientos de pisos que hay vacíos y en proceso de descomposición y derrumbe en manos de las entidades financieras y organismos públicos (Ministerio Interior) se pongan en alquiler social para las personas que lo necesiten, hablamos de algunas de ellas: los Álamos en Mérida con más de 230 pisos, las 90 del Ministerio del Interior en el Barrio de Suerte de Saavedra en Badajoz, pisos sin repartir en Talayuela, Cáceres, 31 viviendas a medio construir en Villafranca de los Barros.

 

BREVES NOTAS SOBRE LA REFORMA DE LA REFORMA LABORAL DE 2012

 

A pesar de la propaganda que están realizando los medios de comunicación ligados al gobierno del PSOE y de Unidas Podemos sobre el acuerdo alcanzado en la reforma laboral, la realidad es que los puntos de este acuerdo ofrecen muchas dudas de que esta reforma mejore las relaciones labores para los trabajadores y trabajadoras tal y como nos están vendiendo.

Muy probablemente, en poco tiempo, a pesar de la grandilocuencia de Yolanda Díaz y sus palmeros, quedará meridianamente claro que este acuerdo deja intacto, sino a peor, la reforma laboral del PP, y es una cesión en toda regla a las presiones de la Patronal y de la Unión Europea.

Los objetivos de la Reforma Laboral de 2012 realizada por el PP pretendían incrementar el poder de la clase empresarial y la división de la clase obrera para explotarla más fácilmente y con más intensidad. Así, Rajoy en su decreto modificaba las condiciones y requisitos para facilitar y disminuir el coste de los despidos, rebajar los salarios y limitar el alcance de los convenios colectivos.

En síntesis, lo acordado en estos días viene a ser una copia de los acuerdos de la Unión Europea con el gobierno para recapitalizar con fondos públicos a los bancos y a las grandes empresas. Se entiende entonces que la Sra. Calviño vaya a ocupar puestos importantes en el FMI, en concreto la presidencia del Comité Económico y Financiero

En relación a algunos puntos de la reforma acordada en estos días, tenemos que señalar:

1.- Los expedientes de regulación de empleo y de suspensión temporal de la relación laboral, la facultad de aprobarlos o rechazarlos que tenía antes la Administración Laboral permanecerá trasladada a la dirección de las empresas, privatizándola en perjuicio de la clase obrera.

2.- El acuerdo no modifica nada de las drásticas reducciones de las indemnizaciones por despido fijadas en la reforma de 2012, y continúan suprimidos los salarios de tramitación en caso de despido improcedente.  

3.- Por mucho que se diga que con esta reforma  se reduce la temporalidad y se potencia el contrato indefinido, la realidad es que con las ridículas indemnizaciones de los despidos improcedentes, y además manteniendo la opción entre readmisión y extinción del contrato a favor de la empresa en los despidos contrarios a derecho, en la práctica los contratos indefinidos serán temporales, y sobre todo teniendo en cuenta que no hay intervención de la administración laboral ya que todo queda en manos del empresario.

4.- No se cambian los artículos 41 y 82 del Estatuto de los Trabajadores, que permiten a los empresarios modificar unilateralmente las condiciones de trabajo o dejar de aplicar un convenio colectivo vigente. Es decir, queda inalterada la ampliación de las causas económicas que permiten los despidos en los supuestos de descenso de beneficios o con la simple previsión de que las empresas puedan tener pérdidas.

 

5.- Se sigue permitiendo que en los contratos a tiempo parcial se puedan hacer las horas extras, a pesar del desempleo existente. Hasta la fecha ha sido frecuente que en ciertos sectores laborales un importante número de empresarios, sobre todo de la hostelería, de la agricultura, de los servicios de limpieza y de otros sectores, hayan obtenido ganancias desorbitadas firmando contratos de 20 horas y obligando después a sus asalariados a realizar las jornadas que les de la real gana, disfrazadas como “horas extras” completamente legales.

6.- El período de prueba a los trabajadores por un año se sigue manteniendo; durante este período de tiempo los patronos pueden despedir al trabajador sin indemnización.

7.- Las ETT seguirán actuando como agencias de colocación, equiparándolas a las oficinas públicas de empleo.

8.- Desaparece el contrato por obra y servicio y en su lugar aparece el “contrato temporal estructural”, que seguirá utilizándose según el libre criterio del empresario. No obstante, la duración máxima de este contrato se reduce de tres a un año, pero hay que recordar que los contratos temporales no se han reducido en absoluto cuando el límite era de tres años, por lo que nadie asegura que los empresarios se buscarán las triquiñuelas para continuar con los contratos temporales.

9.- El contrato fijo-discontinuo se mantiene como tal, teniendo en cuenta que las facilidades y abaratamiento del despido establecidos en la reforma de 2012 dan pie a que los empresarios puedan establecer los períodos de trabajo y el orden de llamada a la reincorporación de los trabajadores y trabajadoras.

10.- No se pone límite a la precarización vinculada a la subcontratación, puesto que cuando la empresa subcontratista tenga convenio prevalecerá este último, lo que quiere decir que estas empresas intentarán firmar convenios mínimos, a la baja, rápidamente.

11.- El restablecimiento de la ultraactividad de los convenios y de la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa, será sólo en materia salarial. Algunos sindicatos señalan que los empresarios han aceptado esta concesión con la confianza en que CCOO y UGT firmarán o han firmado ya convenios sectoriales a la baja, igual de malos que los de empresa.

12.- En la reforma de la reforma se crea un nuevo artículo 48 bis, para que en ciertos momentos complicados el Consejo de ministros pueda activar lo que se llama el MECANISMO RED DE FLEXIBILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DEL EMPLEO que no es otra cosa que una transferencia de dinero público a manos privadas, puesto que facilita a todas las empresas que ajusten sus jornadas de trabajo con exenciones en las cotizaciones a la Seguridad Social de hasta un 90 % y con salarios pagados por el SEPE. Nuevos ERTES.

En definitiva, la reforma de la reforma laboral de 2012 si se mantiene en pie, viene a ser una tomadura de pelo que no tiene nada que ver con las demandas de la clase trabajadora, ni con las exigencias de los sindicatos que no están atados al carro del gobierno por más que se intente presentar como un avance en los derechos y en las condiciones laborales de los trabajadores y  las  trabajadoras.

Lo que se deduce de todo esto es la necesidad de construir una FUERZA POLIÍTICA y SOCIAL que sea capaz de organizar la derrota de los deseos de enriquecimiento de la burguesía que encuentra su apoyo en partidos que instalados en el gobierno y en el parlamentarismo hueco y de teatro se olvidan de sus promesas electorales.

 

 

 

 

El carácter religioso del Pacto Social. La política “transversal” de la ministra Yolanda Díaz

 

Venía el “Papa” de visitar Chipre y la isla de Lesbos. Allí se hacinan decenas de miles de refugiados de la guerra de Siria, de Afganistán, de Libia... La Europa de los muros y las alambradas, de los campos de refugiados, convertidos en campos de concentración, se han multiplicado con las guerras de los señores que organizan el saqueo en Oriente Medio y África. El Mediterráneo se ha convertido en la mayor fosa común del mundo, extremo éste que el Papa jesuita no podía dejar pasar en su visita, señalando: ¡No dejemos que Mare Nostrum se convierta en un desolador mare mortuum! Millones de migrantes y refugiados corren la misma suerte en Turquía, Grecia, Italia, España…, frente a las puertas cerradas de la Europa de los capitales.

 Conocemos una campaña de exaltación personal de la ministra de Trabajo de Sánchez, Yolanda Díaz. El dedo de Pablo Iglesias ya la señaló. Los medios insisten en que la ministra hace milagros con los pactos sociales, por ello encabezará un movimiento electoral de la izquierda, un “frente amplio”, que supere a Unidas Podemos (a la izquierda del PSOE). Díaz, se ha encargado de matizar su naturaleza: “Yo no quiero estar a la izquierda del PSOE, le regalo al PSOE esa esquinita, eso es algo muy pequeño y muy marginal. Yo creo que las políticas que despliego son transversales”. Políticas transversales, es decir, las que  benefician a todas las clases, y no solo a los explotados y oprimidos. Esa “esquinita” que Yolanda no quiere ocupar, que abarca el 90% de la población.

El encuentro de Yolanda Díaz y el Papa, promovido por el gobierno progresista, quizá tenga que ver con esas políticas trasversales; políticas que cruzan la mayoría de los asuntos y, en particular, el Pacto Social como asunto religioso (el carácter religioso del Pacto Social que decía Hobbes). La Segunda República, único modelo democrático y constituyente de nuestra historia, encontró el equilibrio de la separación de Iglesia y Estado, con la disolución sólo de la orden de los jesuitas y la prohibición de la enseñanza a las congregaciones religiosas. La dictadura, y ahora la Monarquía   reparte privilegios a la Iglesia Vaticana con los Concordatos, de forma que la financian, la ayudan a que se quede con numerosos bienes públicos y, además, la exoneran de impuestos. Se hace de la Iglesia y de sus numerosas posesiones un verdadero paraíso fiscal y especulativo dentro de la sociedad. Misas franquistas se siguen celebrando -a los 43 años de la muerte de Franco- con la complicidad de la curia vaticana.

A la Iglesia los distintos gobiernos no solo no le han exigido responsabilidad alguna por sus actuaciones en la guerra y la dictadura, sino que se la ha colmado de parabienes. Con situaciones tan grotescas -históricamente hablando- como que el Valle de los Caídos sigue en pie y regentado por una orden religiosa cuyos gastos paga el Estado; que la enseñanza -como en la Edad Media- está colonizada por la Iglesia y sus órdenes religiosas, sin que la Escuela Pública se haya podido liberar de la religión en sus aulas; y que los obispos pueden inmatricular bienes públicos con la más absoluta complicidad del Estado. ¿Alguien da más?

¿El liderazgo que reclama la señora Díaz puede tener que ver también con ese tipo de relación entre la Iglesia Vaticana y el Estado Español? Si es así, el transversalismo que pregona a los cuatro vientos tiene una denominación más clara, y supone el mantenimiento de los privilegios del nacional-catolicismo establecidos.

Alguna de las tantas y tantas secretarias del PP de Madrid, ha venido a calificar el encuentro en el Vaticano del Papa y la ministra de “cumbre comunista”, chirigota de un PP cruzado por la corrupción de arriba abajo, que trata de ocultar el verdadero contenido político. La reunión en Roma entre la vicepresidenta Yolanda Díaz y el Papa, ha servido -según los comunicados oficiales de prensa del gobierno español- “para hablar de los retos comunes de la humanidad”, como la crisis sanitaria y social del COVID19, la importancia del trabajo decente, la precariedad y desigualdad social creciente, la crisis climática o las amenazas contra la democracia y los derechos humanos. Todo un programa en sus enunciados. ¿Acaso no sabe la vicepresidenta que el Vaticano fue de los pocos Estados en el mundo que en 1948 votó ya contra la declaración de los Derechos Humanos?

La visita a Roma vino a coincidir en el tiempo con el nombramiento como embajadora ante el Vaticano de la exministra de Educación, Celaá (que mantuvo la religión en la escuela y que, además, es “católica practicante”). ¿Qué más desea el Vaticano? No hacen falta más explicaciones, nos enteramos de que los retos políticos y sociales del Vaticano coinciden con los del gobierno Sánchez. ¡Acabáramos!  

Todo hace pensar que las próximas elecciones serán las de Andalucía. Y ante esta cita electoral, el “yolandismo” no lo tiene nada claro. Mientras en Córdoba los portavoces de Podemos y de IU hablan ya de la creación de un “frente amplio” y “transversal”, desde la dirección de Podemos en Madrid la empujan a cerrar pronto sus alianzas con otros partidos. Coaliciones, que se reclaman de la izquierda, como “Adelante Andalucía”, “Más Andalucía” y otras más conocidas, totalizarían cinco listas electorales, sin conocerse aún los programas que defenderían ante el retroceso económico y social. Un acuerdo de unidad entre las candidaturas de izquierdas en Andalucía sería un buen acuerdo electoral si se sustenta sobre bases políticas, sociales y democráticas. El “yolandismo” quiere ir más allá, “más allá de la esquinita” ..., y promueve un acuerdo transversal, como ella dice, que debería contar, entonces, con alguna de las fuerzas que ahora componen el “trifachito” andaluz. Algo así como lo que proponía Sánchez al principio de su mandato, que no era otra cosa que un acuerdo de gobierno con Ciudadanos, y que fracasó estrepitosamente, cuando sus mismas bases le gritaron aquello de “¡Con Rivera, no! ¡Con Rivera, no!”.

El adelanto de las elecciones en Andalucía, y posiblemente también en Castilla y León, constituye una argucia del PP, que se establece sobre el terreno de los fracasos del gobierno, tal y como ya sucedió con la victoria de PP y Vox en la Comunidad de Madrid. Una gran burbuja especulativa, la de la política económica del Gobierno y su Deuda, infla una inmensa burbuja política transversal, que no es otra que la promoción oficial desde la Moncloa de la ministra de Trabajo, vicepresidenta del Gobierno, y de sus planes de Pacto Social permanente contra las reivindicaciones de los trabajadores y sus organizaciones: lo sucedido en la huelga general de los trabajadores del metal de Cádiz.

El caso andaluz no es el único que merece reflexión. En cada territorio hay que trabajar por la más amplia unidad de los partidos que aspiran al gobierno de la mayoría social, en representación de los trabajadores y los pueblos. La Constitución de la Segunda República quedó marcada por esa aspiración que nunca llegó a materializarse: “una República democrática de trabajadores de toda clase, que se organiza en régimen de libertad y de justicia”.  Esa sigue siendo, en esencia, la bandera de todas las reivindicaciones y concentra la aspiración de cambio político y social de la mayoría en todos los territorios. ¡República o repúblicas para todos!

BREVES NOTAS SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS: LA UNIÓN EUROPEA Y LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN

 

SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS: LA UNIÓN EUROPEA

1.- La construcción europea responde a los criterios de los monopolios y de las grandes empresas multinacionales, más interesadas en sacar adelante sus proyectos dirigidos a la obtención de beneficios mediante la explotación salarial y el saqueo de la riqueza que generan otros sectores populares, pequeños empresarios, agricultores y toda clase de trabajadores autónomos.

La Unión Europea recomienda a los Estados recortes y privatizaciones en los servicios públicos y en las pensiones, para extraer hasta sus últimas consecuencias los recursos humanos y materiales que aquellos pondrán a disposición de las grandes empresas, entidades financieras, etc.

De nada vale que la Comisión Europea, los gobiernos y sus propagandistas nos hablen a diario de los derechos humanos cuando el carácter violento de la UE aparece día tras día con el cierre de las fronteras Schengen con cientos de muertos cuando intentan traspasarlas, o el cementerio de vidas humanas que es el Mediterráneo cuando millones de personas desplazadas de sus países por las guerras y los pillajes económicos y materiales que realizan los grandes países capitalistas quieren cruzarle.

De nada vale que nos hablen de derechos humanos cuando el paro, la precariedad laboral y la miseria se manifiesta en millones de personas en los propios países de la UE que disponen de las riquezas suficientes para acabar con todo este tipo de sufrimientos y torturas humanas, consentidas y avaladas por las propias Constituciones que garantizan el mantenimiento del poder político para disfrute y provecho de las clases ricas.

 SOBRE ALGUNOS ASPECTOS DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL

2.- Piensan los nuevos y viejos poderes al frente del Estado que es posible reformar la Constitución, lo que significaría prolongar el continuismo político e institucional, sin embargo, se requiere un acuerdo previo con los partidos franquistas muy difícil de realizar dadas las condiciones impuestas en "la norma fundamental" del Estado.

Con las pretensiones de la reforma constitucional se niega y se oculta la crisis política y el bloqueo constitucional lo que mantiene inalcanzable la solución de los problemas democráticos y los compromisos a las demandas ciudadanas que impiden las rigideces y la propia interpretación de una “ley fundamental” después de 43 años al servicio de las clases dominantes de este país.

El bloqueo de Constitucional se manifiesta en el mantenimiento de altos tribunales como el Consejo General del Poder Judicial que se niega a su legal renovación y se erige en el dictado de las togas. Bloqueo que también se expresa en las políticas de Ciudadanos, Vox y el PP que llevan años declarando la guerra al gobierno de Pedro Sánchez formado por las izquierdas tradicionales apoyado por los nacionalistas.

En definitiva, la reforma democrática de la Constitución es casi imposible, por lo que no cabe otra que la de avanzar en una estrategia política que abra un proceso constituyente soberano, objetivo del que forma parte la propuesta de referéndum Monarquía o República. En ese sentido, de no convocarse de forma oficial, requerirá la organización desde debajo de una consulta popular para sacar las urnas a las calles y plazas de los pueblos y ciudades, tal como se ha decidido llevar a cabo, el próximo 14 de MAYO.

VALORACIONES DE LA HUELGA DE LOS TRABAJADORES DEL METAL EN CADIZ

 

La experiencia realizada por la mayoría social con la huelga general del metal en Cádiz debe poder ser expresada en términos de demanda de cambio político y social. Es muy fácil, pero no cierto, echar la culpa de la represión solo a la policía, así como culpar de las sentencias antidemocráticas solo a los jueces. Argumento manido que no deja de ser utilizado por aquellos partidos que gobiernan, teniendo mayoría en Cortes para decidir, y por tanto para legislar acerca de las demandas populares.

Son muchos años de atropellos que conocemos a las libertades democráticas destinados a impedir la conquista de las reivindicaciones sociales. El binomio represión-explotación es de sobre conocido como recurso muy utilizado históricamente por todos aquellos que desean mantener los privilegios del poder político, y con él prolongar la explotación y la opresión.

En Cádiz, había varias cuestiones fundamentales en juego, a saber: la lucha por el aumento salarial frente la miseria social, la exigencia de poner fin a la precariedad; y con ellas la necesidad de poder hacerlo con la libertad y democracia necesaria, tanto en el movimiento obrero, como en la sociedad.

La “tanqueta” militar del Gobierno ha tratado de dejarlo todo en manos de la criminalización de los trabajadores y de la represión.

 El convenio firmado por las cúpulas de CCOO y UGT se ha realizado en estas anómalas condiciones, consultándose solo a los delegados y no a los trabajadores, cuando el convenio afecta a todos; de manera que ha dividido a los trabajadores sin resolver los principales problemas en discusión. Un sector de trabajadores y organizaciones no vinculadas al poder se han opuesto a lo acordado en el convenio convocando a tal efecto una Asamblea libre y abierta para poder decidir democráticamente.

El éxito de la huelga indefinida del metal gaditano dependía de la capacidad de aguante de los trabajadores, que viven al día y no pueden estar semanas sin cobrar, y por tanto la continuidad de la huelga dependía materialmente de la existencia o no de caja de resistencia y del apoyo y solidaridad económica de los demás trabajadores. Tradiciones obre[1]ras que los actuales dirigentes de los sindicatos oficiales olvidan, dejando a los trabajadores a merced de la miseria cuando se declaran en huelga. La necesidad de caja de resistencia es una de las medidas materiales que hacen que la victoria de las reivindicaciones sea o no posible.

Formando parte de la necesidad de Asamblea General de los huelguistas, con la constitución del instrumento de unidad, democracia y lucha que representa el comité de huelga, elegible y revocable, integrando a los sindicatos y organizaciones que la apoyan.

 La prohibición de la Delegación de Gobierno de una concentración en Madrid de partidos y sindicatos, en solidaridad con los metalúrgicos de Cádiz, indica que lo de la tanqueta empleada para reprimir la huelga de Cádiz, así como los gases lacrimógenos, los gases pimienta, y el disparo de bolas, y el reparto de porrazos…, no son, en ningún caso una anécdota sino el eje mismo de la política antisocial de quienes gobiernan. En tanto que el Gobierno ha criminaliza[1]do y reprimido la huelga de los trabajadores más allá de Cádiz, tratando de prohibir la solidaridad de otros sectores, como ha sido el caso del apoyo de estudiantes y sanitarios de la Bahía, es imprescindible que se pida cuentas a Sánchez y a sus ministros en las Cortes, por parte de los grupos parlamentarios que reclamándose del cambio político y por tanto de la república, o republicas; rechazan la represión policial, y las prohibiciones antidemocráticas, exigiendo la dimisión de todos los responsables políticos y policiales. ¡Alto al atropello de los derechos laborales y democráticos por parte de quienes se reclaman de los derechos de los trabajadores! La miseria salarial y la precariedad afecta de hecho a muchos millones de trabajadores. Los despidos no hacen sino multiplicarse, tanto en el sector público como en el priva[1]do.

 

 

 

 

 

POR LA SUPRESIÓN DE LA LEY MORDAZA Y LA CONTRARREFORMA SOCIAL DEL GOBIERNO

 

    De la misma forma que el Gobierno ha conseguido la mayoría necesaria para aprobar los Presupuestos, podría haber derogado ya las contrarreformas sociales y la ley mordaza, pero- que casualidad - no lo hace- y las sigue manteniendo en vigor; y aún maniobra para no derogarlas, para darles un barniz de reforma que sigan sirviendo a los objetivos de la patronal y al mismo Estado, del Estado policial.

El Gobierno, con sus presupuestos en la mano (dictados por la Unión Europea en interés de los grandes empresarios), prorrogan la contrarreforma social con la privatización de las pensiones; el desmantelamiento de la sanidad como sucede con la atención primaria, y con la misma educación…Impidiendo la renovación de todos los contratados de las administraciones, cuando vuelve una nueva ola de pandemia que exigiría la contratación, y no el despido de trabajadores en servicios públicos esenciales. Las listas de espera hospitalaria, las restricciones en centros educativos, los desahucios y lanzamientos diario de 122 familias de sus casas no van si no a provocar nuevas huelgas y movilizaciones.

 Reclamamos el libre derecho de huelga y de manifestación; ya que no ha sido sino a través de la movilización general que nuestra sociedad ha avanzado social y políticamente, siempre con el impulso de los trabajadores. Recordemos los logros de las grandes huelgas de nuestra historia, como la jornada de 8 horas, conseguida tras 44 días, en 1919, por la huelga general de “La Canadiense”, las huelgas mineras asturianas en plena dictadura franquista… Y la más amplia de las huelgas generales celebradas, la que tuvo lugar en 1988 contra el Gobierno de Felipe González para tratar de impedir la extensión por ley de los empleos basura, que se acabaron imponiendo.

La huelga general es el arma principal de la lucha social de los trabajadores. No podemos, por tanto, dejar de citar la Huelga General Revolucionaria de 1917, convocada contra el gobierno de la Monarquía de Alfonso XIII, y dirigida por CNT, UGT y el mismo PSOE; con un Comité de Huelga estatal integrado, entre otros, por Francisco Largo Caballero. Una pregunta hay que formular al respecto: ¿De qué tradición obrera y democrática (de huelga) se reclaman los actuales dirigentes de PSOE y de UGT? Esperamos la respuesta. ¿

ENMIENDAS Y EMBROLLOS A LA LEY DE MEMORIA: IMPUNIDAD FRANQUISTA o JUSTICIA DEMOCRÁTICA

 

Ley de Amnistía de 1977, niega la posibilidad de que las víctimas o sus familiares puedan acudir a la justicia en España, y también impide la extradición de posibles imputados fuera de España como el caso de Martín Villa.

Ley de Amnistía, ha sido elevada a doctrina tanto por el Tribunal Supremo como por el mismo Tribunal Constitucional. Después de 81 años de fin de la guerra y 42 años de la muerte del dictador, no se puede volver a impedir el necesario juicio político que condene en Cortes el franquismo y sus crímenes.

El gobierno del Sr Sánchez no tiene intenciones de impedir las manifestaciones públicas de instituciones a favor del franquismo. Hace unos días los obispos de la Conferencia Episcopal, que han registrado para la Iglesia miles de bienes inmuebles (solares, fincas y edificios históricos que son propiedad del Estado), vuelven a autorizar las misas de la Fundación Nacional Francisco Franco, del Movimiento Católico Español y otras entidades, que actúan y se financian con la cooperación de entidades estatales. Misas para homenajear al dictador, mientras se mantiene financiada por el Estado. De forma que han sido programadas once misas en distintas ciudades “en sufragio por el alma de Francisco Franco y todos los Caídos por Dios y por España” ¿Franquismo o democracia?

La Concatedral San Nicolás de Alicante ha decidido desconvocar la misa fascista al ser avisados por las autoridades de la Comunidad Valenciana de que pueden ser multados, en virtud de la Ley de esta Comunidad, por tratarse de un acto contrario a la Memoria Democrática y a la dignidad de las víctimas del franquismo y sus familiares. También se ha dirigido a todos los ayuntamientos para pedir que se evite cualquier tipo de acto de exaltación franquista en sus respectivos municipios. Lo que pone de manifiesto que con muy pocos medios se puede anular la exaltación del franquismo y del nazismo. ¿Qué hace entonces el gobierno del Sr. Sánchez que no impide la exaltación del franquismo?

 

El 14 de noviembre, partidos con representación parlamentaria se reunían para oponerse firmemente al proyecto de ley del Gobierno, rechazando el mantenimiento de la impunidad de los crímenes del franquismo. Representantes de ERC, Bildu, BNG, J x Cat, PDeCAT y la CUP, presentaron un paquete de enmiendas conjuntas entre las que cabe destacar la necesidad de juicio político al régimen de la monarquía:

1- La supresión del título de Rey de España, así como todos los privilegios de que disfruta, prerrogativas personales y familiares; ya que la restauración de la monarquía en España tiene su origen en la dictadura franquista, concretamente y a efectos legales en la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado de 1947, en virtud de la cual el Estado Español volvía a ser un reino, y el dictador propondría a las Cortes la persona que estime debe ser llamada en su día a sucederle, a título de Rey.

Fue en 1969, cuando el dictador nombró a Juan Carlos de Borbón como sucesor a título de “Príncipe de España”, pasando en 1975 a ocupar como Rey la Jefatura del Estado. Manifestando “Quiero expresar en primer lugar, que recibo de su excelencia el Jefe del Estado y Generalísimo Franco, la legitimidad surgida el 18 e julio de 1936, en medio de tantos sacrificios, de tantos sufrimientos, tristes pero necesarios, para que nuestra patria encauzase de nuevo su destino” ¿Es este el origen de la supuesta democracia? 

2- La modificación de la Ley de Amnistía de 1977, suprimiendo los apartados que exoneran de culpa y responsabilidad a las autoridades y funcionarios del Estado. Añadiendo que “las disposiciones contenidas en esta Ley de Amnistía no impedirán que los juzgados y tribunales investiguen, enjuicien o impongan las penas correspondientes a las personas responsables de haber cometido delito de genocidio, lesa humanidad, delitos de guerra y otras graves violaciones de derechos humanos”.

3- Devolución de todos los bienes incautados a los Ateneos, Cooperativas y Asociaciones, de todos los que fueron incluidos en la ley 4/1986 de Cesión de Bienes del Patrimonio Sindical Acumulado, y por la ley 4/1998 de Restauración o Compensación a los Partidos Políticos de Bienes y Derechos incautados en el periodo 1936-39.

Entre las alegaciones populares presentadas por muchos colectivos de la Memoria y de víctimas contra el proyecto del Gobierno, cabe destacar a última hora la Carta dirigida a los parlamentarios de Unidas Podemos reclamado “la Tutela Judicial efectiva de las víctimas, la ilegalidad del franquismo y la legalidad de la Segunda República…. y el pleno Derecho a la Justicia para las víctimas del franquismo, declarando nula la Ley de Amnistía”. Pero los electos están sometidos a disciplina contraria a la democracia.

El proyecto del Gobierno está afectado del mal que condiciona todos sus actos: que no quiere romper sus compromisos con los franquistas, ni derogar sus leyes. Del mismo modo que no deroga la ley mordaza ni las contrarreformas sociales, ahora pretende mantener la impunidad. Sus enmiendas de última hora son la inútil la cuadratura del círculo, buscando una fórmula para sortear la Ley de Amnistía, como parte esencial de los pactos constitucionales con los franquistas.

PSOE Y UNIDAS PODEMOS, TORPEDEAN SU PROPIA LEY.

Por ello, el 16 de noviembre, dos días después de los acuerdos del bloque republicano exigiendo la supresión del título del Rey de España y demás medidas aquí sintetizadas, PSOE y Unidas Podemos, presentan treintena enmiendas conjuntas a su propio proyecto de ley, manteniendo las leyes y compromisos con los franquistas, de una parte, y, de otra, hablan de “garantizar el derecho a la justicia”. Se trata, una vez más, del imposible físico de sorber y soplar al mismo tiempo.

LOS TRIBUNALES SERÁN LOS QUE DECIDAN.

 Lo que queda de todo ello -si no se corrige- es un texto confuso y contradictorio; un batiburrillo que pone el balón de la impunidad en el tejado de los tribunales franquistas para que sean ellos, en última instancia, los que decidan, a fin de utilizar a posteriori el recurso fácil de culpar de todos los males a los jueces franquistas. Se busca con ello salvar los muebles y la corrupción de la Monarquía por un tiempo más.

FRANSQUISMO Y DEMOCRACIA SON INCOMPATIBLES.

La huelga general de los metalúrgicos de la Bahía de Cádiz, las movilizaciones de los ganaderos gallegos, las protestas contra la privatización de las pensiones y la sanidad… devuelven a la realidad política la lucha por las reivindicaciones y demandas democráticas frente a las políticas de miseria social en beneficio de los franquistas de siempre. Las falsas promesas no sirven. Franquismo y democracia siguen siendo incompatibles; de la misma manera que la impunidad del régimen de la Monarquía es incompatible con la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas del franquismo. La lucha contra la impunidad y por la República continúa en nuevas con