LOS PODERES POLÍTICOS Y LA POBREZA EXTREMA

 

Una mujer sin ingresos, con un desahucio habitacional inminente, y sin futuro, nos ha visitado esta mañana. Una de las muchas personas que contactan con Campamento Dignidad.

No pasa un día en él que no se pongan de relieve las miserias que en su camino va dejando el capitalismo, y ahora, intensificadas con la pandemia. A pesar de todo los administradores del sistema capitalista quieren camuflar lo imposible. Es difícil ocultar la visibilidad de la imagen de la pobreza social que se acrecienta continua e imparablemente.

Con el paso del tiempo se desborda el caudal alimentado con las múltiples casuísticas y particularidades de la pobreza, y no ha de transcurrir mucho tiempo para que se transforme en un torrente de infortunios y penurias, pues no deja de crecer el número de personas y familias que van quedando sin futuro, con escaseces y serias necesidades para subsistir de un día para otro, que sufren la falta de empleos y enfrentadas a situaciones de desahucios.

Muchas personas se acercan a Campamento Dignidad para narrarnos las dramáticas experiencias que conforman su vida. Lo que pretenden es muy simple y sencillo. La aproximación no va más allá que la de encontrar un humilde apoyo con una orientación administrativa, o simplemente, encontrar el alivio terapéutico que proporciona la expulsión a viva voz de las secuencias más significativas de su existencia responsables de su angustia vital. No hay más. En el relato de su vida sobresalen las marcas del sufrimiento físico y sicológico que deja la violencia de género, o el acento en la incertidumbre que genera el hecho de que en pocos días serán desahuciadas y carecen de un lugar en el que alojarse.

La indignación y más que nada la rabia te abruman al ser consciente de la incapacidad individual que tenemos para “ayudar en lo posible” a estas personas derrumbadas y agobiadas, con el sello de la necesidad material más absoluta.

Cuando se busca alguna solución recurriendo a las administraciones públicas, las formalidades, las rigideces burocráticas y normativas reglamentarias actúan como pantallas, como airbags que se despliegan produciendo el desencanto y la decepción.

Todo está condicionado a la solicitud y relleno de papeles que requieren de un tiempo de espera, que después de mucha insistencia, se resuelven con pequeñas composturas que no corrigen ni mucho menos las calamidades que padecen los más pobres de la sociedad.

No nos podemos engañar. Las Instituciones tienen un carácter de clase. No tienen nada que ver con los intereses de las clases trabajadoras. Las administraciones públicas, tanto las que dependen del gobierno de la nación como de la Junta de Extremadura, están organizadas y estructuradas para prestar un buen servicio a las clases sociales privilegiadas. Los cauces de actuación que siguen nuestros políticos están totalmente planificados y ordenados por los dueños del patrimonio y de la riqueza. De este modo, quienes están al frente de las Administraciones Públicas conocen de manera clarividente el camino que tienen que seguir sin desviarse un ápice del curso marcado por los intereses económicos y sociales de aquellos.

En esta lógica se encuadra el plan de ajuste que ha puesto en marcha la Junta de Extremadura para ir reduciendo el número de personas a las que alcanza la Renta Extremeña de Inserción. El objetivo es la disminución brutal de los presupuestos destinados a las clases sociales más desfavorecidas económicamente.

De este modo, no hay respiro para los desheredados de la sociedad que siguen afianzados en un lugar marginal en los planes de gobierno para los que se reserva un pequeño presupuesto con los que concederá algunas migajas que posteriormente se venderán y publicitarán como grandes episodios programáticos nacidos de la excelente bondad y gracias a la enorme magnanimidad de nuestros gobernantes.

No obstante, en esta ocasión, el derrumbe económico de la Junta según parece es mayor de lo esperado y deja pocas posibilidades a la voluntad paternalista que se ve obligada a negar hasta lo más esencial que pudiera aliviar ligeramente la cruda realidad en la que viven los marginados. No es comprensible que organismos públicos, regionales, provinciales o ayuntamientos con presupuestos de millones o de cientos de millones, no dispongan de espacios públicos para dar cobijo a quienes viven en la calle y en la más absoluta pobreza.

Mientras se discute en los parlamentos, se negocian grandes acuerdos, se entablan y se anhelan diálogos con las élites de la sociedad, empresarios, sindicatos y personas económicamente importantes, nuestros representantes institucionales no encuentran un espacio público para que se alojen y se resguarden de la intemperie nocturna los pobres, los indigentes, los desahuciados o los sin techo.

Nuestros gobernantes no pueden olvidar que en Extremadura hay un grupo de personas que deambulan y duermen en los bancos de las plazas y parques, que coexisten y conviven con la extrema pobreza. No se puede ser tan inconsciente como para entender que la mejor solución que se les puede ofrecer es un billete para el autobús o tren para reconducirlos a otra localidad; quizás lo que prefieran estos señoritos del poder es vender la imagen de una ciudad limpia e impoluta, sin pobres, sin las manchas nacidas de las miserias, para que no oscurezcan ni nublen la vista de una ciudad elegante y distinguida.

Ante este orden de cosas, no podemos perder ni un minuto, se multiplica la urgencia para que las personas más conscientes se organicen y movilicen para acumular las fuerzas necesarias que desactiven y cambien el rumbo de las políticas sociales y económicas que pesan sobre la sociedad extremeña. Para ello, es una prioridad la unidad y la coordinación de todos los movimientos que trabajan con los sectores sociales que con más intensidad están sufriendo estas calamidades.

Por último, señalar que la violencia tiene otras caras como la que estamos viendo en Madrid. Desde Extremadura muchas personas queremos mostrar nuestra total solidaridad con el Pueblo de Vallecas golpeado por la Policía Nacional dependiente del Gobierno de España en alianza con el gobierno de Madrid. No podemos cerrar los ojos ante lo que está ocurriendo en el barrio de Vallecas en Madrid. El pueblo madrileño de Vallecas está sufriendo una represión violenta para acallar la libertad de expresión ante unas medidas que castigan a la clase trabajadora. La solución a la pandemia no se alcanza enviando fuerzas del orden a golpear a un pueblo que pide soluciones y no medidas represivas.

 

LA CRISIS DE ESTADO: ESPACIO INDEPENDIENTE

 

Puntos tangenciales fundamentales concentran la crisis de Estado. Los partidos mayoritarios que componen el armazón del sostenimiento del régimen del 78 son los principales obstáculos para la solución democrática, lo que más pronto que tarde conducirá a la quiebra de la actual representación política. Los dirigentes del PSOE se reiteran por tercera vez, bajo la monarquía, en el fraude político continuista. Hablan de democracia y de cambio para sostener la corrupción de Estado. Algo que ya se conoció con el gobierno de Felipe González y más tarde con Zapatero, y se repite ahora, en peores condiciones, con el gobierno de coalición de Sánchez e Iglesias.

Las cúpulas del PSOE y del PP tratan de impedir, cada cuál a su manera, que la monarquía pueda ser investigada políticamente mediante la formación al efecto de una Comisión de investigación de las Cortes Generales, y mucho menos aún, que pueda ser juzgada.

Desde el pasado mes de marzo en que se produce el enfrentamiento entre Felipe VI y su padre por el conocimiento público de actividades de corrupción institucional, los partidos políticos que vinculan su suerte a la institución han sido incapaces de dar respuesta a los problemas planteados, y estos no han dejado de agravarse.

Este es el primer punto tangencial de la crisis: el encuentro contradictorio de las exigencias democráticas de lucha contra la corrupción y el abuso de poder, de una parte, enfrentado a los privilegios institucionales y constitucionales de la Jefatura del Estado, de otra.

 El segundo punto tangencial de crisis lo constituye la incapacidad de la supuesta democracia española, que es la de sus representantes, para juzgar los crímenes históricos del franquismo, de la dictadura y la transición, hasta nuestros días; por lo que el gobierno de turno se repite una y otra vez con leyes de impunidad y punto final, como la que acaba de aprobar el gobierno bajo la denominación de Ley de “Memoria Democrática”. Toda una estafa para las víctimas y sus familias, para todos los partidarios de la democracia y la justicia, después de 43 años de olvido e impunidad. Una situación aberrante que amenazan con prolongarse.

 Ambos puntos citados vienen a poner de manifiesto el enfangamiento de la casta política del régimen, que se concentra en los dirigentes del PSOE, como ocupantes de las mayores responsabilidades de gobierno. Incapaces de hacer compatibles el art 1.2 y el 1.3 de la Constitución Española del 78, donde se establece que “la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”; y el siguiente por el que se impone que “la forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria”. Una monarquía que se sitúa por encima del parlamento y de su control. La crisis de Estado se profundiza sin solución democrática a la vista entre lo que de una parte se establece y de otra parte se impone.

 Desde hace meses se han congelado varias querellas por delitos de corrupción contra el exjefe del Estado, actual emérito, que afectan a la institución monárquica en su totalidad, porque se trata del manejo de los bienes de todo tipo que están registradas en paraísos fiscales a nombre de la familia real en su conjunto; denuncias que deberían ser juzgadas mediante tratamiento especial ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Supremo por el aforamiento especial. Contra este procesamiento, impidiendo su investigación parlamentaria, se han levantado todos los obstáculos por parte del gobierno, aludiendo a la inviolabilidad de la jefatura de Estado y la no responsabilidad de la persona del Rey. Argumento sacado de una interpretación interesada del texto constitucional para impedir que se proceda a la investigación política de dichos asuntos en las Cortes Generales.

 Hay que decir que la inviolabilidad que se reclama, del art. 56.3 CE no es sino una “inmunidad de función”, que protege al titular por los actos públicos ejecutados por sus funciones, y no por sus actos privados o públicos que nada tienen que ver con sus funciones constitucionales. De ello se deduce que tanto el emérito, como los demás miembros de la Casa Real, si también estuviesen relacionados con delitos de corrupción y abuso de poder -como puede resultar de la investigación en curso-, pueden y deben en democracia ser investigados por las Cortes, como parece que lo está haciendo la fiscalía del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional.

Las limitaciones del texto constitucional se han convertido en supuesto motivo de estancamiento político y judicial, generalizado y permanente, que no tiende sino a la agravación. El derecho internacional, del que la legislación española depende, establece en el Convenio de Viena que los jefes de Estado son inmunes solo por las funciones propias de su cargo. Y ello debería ser suficiente para los monárquicos empedernidos.

A todos los efectos, la única solución democrática es que la soberanía, que reside en el pueblo, no quede ahogada y sometida por la imposición de la forma política monárquica, a la que en particular se aferran tanto los dirigentes del PSOE y del PP, que no hacen otra cosa que defender la herencia franquista establecida en el poder de los banqueros, del IBEX 35, concentrado en la Corona. Un poder político incontrolable, que para Sánchez no debe estar sometido ni a las Cortes ni a las leyes.

 El segundo punto tangencial de la crisis de Estado se resume en la incapacidad congénita de los gobiernos del régimen, sean del color que sean, sea o no de coalición, de juzgar de una vez por todas los crímenes del franquismo de acuerdo a las exigencias del derecho internacional y humanitario, como se pone de manifiesto con el nuevo anteproyecto de ley de “Memoria Democrática”. Los esfuerzos del ejecutivo por asociar a los colectivos y asociaciones de víctimas a las subvenciones de Estado -que es tanto como someterlas a la razón de Estado-, llevan a la negación de la Verdad, la Justicia y la Reparación judicial, tal y como de nuevo establece la Ley de “Memoria Democrática”.

La última pirueta del proyecto de Ley de “Memoria Democrática” pasa por las actuaciones del principio de JUSTICIA, por el que se viene a garantizar el derecho a la investigación de las violaciones de derechos fundamentales desde la guerra y la dictadura, hasta la aprobación de la Constitución. Por lo que se determina la creación de una Fiscalía de Sala de Memoria Democrática, que se va a dedicar a investigar las denuncias que se presenten. Todo para impedir y volver a negar el derecho a juicio justo, obviando en la nueva ley la imprescindible judicialización, que se constituye en la primea exigencia del derecho internacional, tal y como se estableció con los juicios contra el nazismo y el fascismo de Nuremberg y Tokio. La utilización de la fiscalía para impedir juicios que establezcan la Verdad, la Justicia y la Reparación, como demandan las víctimas, representa el más difícil todavía de las políticas de impunidad del régimen monárquico.

Los trabajadores de la sanidad, los de la enseñanza están en disposición de decir ¡basta ya! a las políticas de miseria social de unos y otros, participando unitariamente en las movilizaciones convocadas y en la huelga general que abren el camino a las soluciones democráticas y sociales que se demandan.

¡Romper con la monarquía y sus privilegios! ¡juzgar e investigar en Cortes las corruptelas y abusos de poder de la Corona! Estas son las primeras demandas de unidad, que se constituyen en este momento en la exigencia democrática y social de todas las organizaciones, sindicatos y partidos que se reclaman de las demandas y aspiraciones de trabajadores y pueblos.

Nos siguen robando la sanidad en pleno brote de la pandemia

 

 

Comunicado Agosto 2020

La pandemia del coronavirus suma nuevos máximos de víctimas en numerosos países, y los primeros rebrotes alcanzan las cifras de contagio ya conocidas en la primera oleada. Eso es lo que sucede entre nosotros, Y las medidas que se están tomando en nuestro país son escandalosas: los centros de salud están siendo cerrados o carecen de las plantillas necesarias, preparación de un nuevo asalto de privatizaciones…

 

Lejos de haber aprendido de lo sucedido en los pasados meses donde murieron miles de personas por carecer de la atención médica necesaria, ahora cuando se conocen los efectos del rebrote que amenaza con extenderse el próximo septiembre con la apertura de los centros escolares y Universidades, nos encontramos con que se mantienen las medidas de austeridad sanitaria, y por ello no hay suficientes rastreadores, no hay test, ni medidas colectivas de precaución en el trabajo.

 

En las capitales los transportes públicos van atestados, y los jornaleros agrícolas en muchas zonas rurales sufren las consecuencias de la ausencia de medidas de protección adecuada.

 

A todos nos compete que no se reproduzca el desastre sanitario que se puede multiplicar con la próxima apertura de la actividad escolar.

 

La gota que desborda el vaso de la situación la representa los nuevos acuerdos de privatización sanitaria realizados como consecuencia, y contraprestación ante de la adjudicación de los 140.000 millones de euros de la Unión Europea, y ello en forma de nuevo Pacto de Estado:

 

 Efectivamente el pasado 22 de julio 2020 las Cortes conocieron un nuevo episodio del desmantelamiento sanitario, aprobando con los votos a favor del PSOE, Podemos y PP, el Dictamen para la Reconstrucción de la Sanidad, que se constituye en un nuevo Pacto de Estado (“Pacto Cajal”), que plantea la gestión por parte de empresas privadas de lo que quedaba de la sanidad en el ámbito de lo público, centros de salud y servicios hospitalarios, sobre todo.

 

¡Hay que parar el desmantelamiento y la privatización sanitaria, derogando la ley 15/97, y el Pacto Cajal, nacionalizando todo el sector sanitario y farmacéutico! ¡Solo la más amplia movilización social puede impedir la catástrofe!

 

 

Comité Ejecutivo del Partido Socialista Libre Federación (PSlF)

 

ESPACIO INDEPENDIENTE: Fuga pactada del emérito en paradero desconocido

Las relaciones de sostenimiento del régimen del 78 se han puesto singularmente a prueba con las denuncias presentadas contra la Jefatura del Estado por corrupción institucional y sistemática, en la persona de Juan Carlos de Borbón que, como veremos, no solo le afectan a él, sino que se extiende a sus herederos y a los dirigentes de los partidos que se reclaman del Pacto Constitucional del 78. 

El “Juancarlismo” promovido por el “felipismo”, justificaba la traición a la la tradición republicana, como anzuelo para fomentar los pelotazos especulativos, a los que ellos mismos se han dedicado.

 Juancarlismo (razón de Estado), que se ha disuelto como un terrón de azúcar en un vaso de agua. Los mismos intereses espurios que estaban detrás de “yo no soy monárquico, soy juancarlista”, se defienden ahora con lo de que “Felipe VI no es igual que el padre”. 

A partir del escrito de los abogados de Corinna (quien estuvo a punto de ser reina consorte con Juan Carlos) al palacio la Zarzuela, hace ahora más de un año, poniendo de manifiesto las exigencias de su representada respecto a sus cuentas pendientes con el emérito, un verdadero terremoto sacudió los pilares de la institución sostenida por partidos clientelares que se reparten el gobierno por turnos, y con ello todos los privilegios de casta de los politicastros.

 La Casa Real tomó entonces la decisión forzada por los acontecimientos de apartar a Juan Carlos de los actos oficiales de Estado. Lo que parece que fue pactado previamente con el gobierno. Cuando en la Zarzuela se sospecha que la documentación de la corrupción ha comenzado a llegar a los juzgados y a las redacciones de los medios de comunicación, Felipe VI y el gobierno toman la decisión de que éste vaya a Notario para repudiar de forma falaz la herencia paterna. 

Evidentemente, hacía años que unos y otros conocían la condición de beneficiario de Felipe VI, así como su hija, de dichas partidas de dineros ilegales. Es más, medios como “The Telegraph” incluyen a Felipe VI en la red de comisiones millonarias de las monarquías del Golfo. La Radio y Televisión francesa, por su parte, en sus programas y noticias sobre la crisis monárquica en España, ha llegado a la conclusión de que “Juan Carlos es un gánster”. 

Las aventuras de la Monarquía española con los regímenes sátrapas vienen de lejos. El reiterado enriquecimiento ilegal de la monarquía española no ha consistido en simples regalos por nada. Los dictadores del golfo Pérsico, ricos y corruptos, han encontrado en los monarcas españoles sus mejores representantes políticos y comerciales en Occidente, lo que se ha fomentado a lo largo del tiempo con venta de armas y guerras, por las partes interesadas, simplemente a través del soborno.

 El tercer momento de esta crisis la constituye la fuga pactada del emérito de la Zarzuela, después de un lago ocultamiento domiciliario. Se negocia una fuga donde mantiene sus nombramientos con honores y el botín integro, sin dar cuenta ni a Hacienda ni a los jueces. Una rocambolesca operación de Estado, que conlleva no solo el mantenimiento de la condición de Rey (emérito), establecida en su día por el gobierno, sino la aceptación de relaciones de Estado viciadas contrarias a la legalidad vigente. Mediante carta de Rey a Rey -donde desparece lo de emérito- Juan Carlos establece la “meditada decisión de trasladarme en estos momentos fuera de España” … “lo mejor para España y para la Corona”. 

Traslado que se ejecuta con el mayor secretismo y oscurantismo -financiado por el Estado y con los servicios de seguridad del mismo Estado- a un lugar desconocido, que el diario ABC sitúa en República Dominicana, en la gran finca de los Fanjul (los reyes del azúcar), lo que permite al socialista Joan Garcés declarar que el lugar elegido para la fuga es el de un país que no tiene tratado de cooperación con Suiza, lo que da a Juan Carlos una sobreprotección añadida … 

Extremo que el gobierno se niega a explicar públicamente; lo que nos lleva, con Sánchez al frente, a un verdadero abismo monárquico, donde el gobierno y sus ministros no responden ni ante las Cortes, ni a las preguntas de la prensa …, quedando solo y simplemente reducidos al papel de comparsas y apéndices de la Casa Real y de sus intereses multimillonarios exclusivos. 

El abismo monárquico del gobierno le lleva a diferenciarse entre ellos: de una parte, la mayoría de quienes defienden el ocultismo continuista tal cual y, de otra parte, la minoría de quienes sin oponerse a nada dejan lo de la democracia y la justicia para un futuro indeterminado, aceptando el presente tal y como se urde entre cuatro. 

La operación de Estado de la fuga del emérito, de un lado, logra sacar a Juan Carlos de la Zarzuela, dado que su sola presencia ponía en peligro la supuesta inocencia de su hijo, orquestada con el repudio notarial; y de otra, aleja aún más al emérito de los jueces y fiscales, manteniendo sujeto el botín. Y entonces viene aquello de Sánchez, de que el asunto de la corrupción es solamente una cuestión personal e intransferible y nada tienen que ver las instituciones de sangre contrarias a la democracia. 

¿El gobierno de ministras y ministros, las bases del PSOE y de los partidos que están en el asunto, los electos, los grupos parlamentarios que se reclaman de la democracia…, ¿no tienen nada que decir al respecto? 

Cada decisión de la Casa Real y del mismo Gobierno se constituye en un escándalo más grande que el anterior, acumulando un suma y sigue interminable de despropósitos, de decisiones antidemocráticas de Estado, propios del poder de una monarquía bananera al servicio de una familia de multimillonarios y de su corte de banqueros. 

Un poder sin ley y sin gobierno que actúa como tal, que, además, niega las demandas democráticas de un sector de las Cortes, formadas por representantes elegidos que tratan de responder a los compromisos adquiridos contra la corrupción. 

La crisis de Estado, por elevación, se resume en los siguientes términos: Juan Carlos pacta su huida reservándose todos los honores y todos los dineros que ha apalancado durante cuarenta años instalado en el poder. Y aquí quedan las colas del paro y del hambre y la ruina económica de una economía de amiguetes franquistas, sometida a los dictados de los super capitalistas de Bruselas. Y aquí quedan los jueces que miran para otro lado, los políticos clientelares y los comisionistas del poder…, que es el contenido del famoso Pacto Constitucional al que se aferra Sánchez como clavo ardiendo…

 ¿Y ahora qué? El Gobierno, que no puede ni pagar los ERTE a los que se ha comprometido por falta de recursos, que no recompone la sanidad desarticulada en medio de los rebrotes de la pandemia, dejando que se desarrollen nuevos capítulos de privatización, … no puede hablar de reconstrucción económica en serio, si es sobre la base del despotismo político y la corrupción. 

La jefatura de Estado no puede ser reducida, en un país que se reclama democrático, a un asunto privado, al negociado de una familia que no rinde cuentas ante nadie. La lucha por la democracia, que es la lucha por la República, exige la devolución de todas las cantidades obtenidas de forma ilegal, de todas las corruptelas y, en primer lugar, exige la intervención de las cuentas multimillonarias de la jefatura de Estado desde la Transición. ¡Basta de farsa mediática, monárquica y antidemocrática! 

Urge que los Parlamentos Autonómicos, las Cortes, los Ayuntamientos…, que todas las instituciones elegidas tomen resoluciones exigiendo la comparecencia inmediata del jefe del Estado y del presidente del Gobierno ante las Cortes. La crisis de Estado que ha provocado la corrupción y el despotismo de las más altas magistraturas del Estado solo la puede resolver democráticamente la intervención de los trabajadores y los pueblos a través de la más amplia reorganización y movilización política.

COMUNICADO DEL PSLF

EL REY EMERITO HA HUÍDO DE ESPAÑA 

Sólo la movilización popular, articulando y fortaleciendo la unidad del Movimiento Republicano evitará que se enmascare lo sucedido. 

Ha llegado la hora de un referendum Monarquía o República y una nueva Constituyente para que el Pueblo se exprese libremente y sin injerencias ajenas a su voluntad. 

Juan Carlos de Borbón, el rey emérito, ha huido para no enfrentarse a las posibles consecuencias por el cobro de comisiones ilegales que están siendo investigadas por la justicia suiza. 

Se ha ido sin dar explicaciones ni a los ciudadanos, ni a la Hacienda pública ni a la Justicia pero no como un acto impulsivo, sino siguiendo una estrategia que comenzó con su abdicación como primer dique de contención a un escándalo mayúsculo que ya no podría ser ocultado por las instituciones y poderes fácticos del régimen del 76. 

 La negativa de los principales dirigentes del PSOE a que las Cortes tomen en consideración la grave situación política arrastrada por los presuntos delitos políticos y económicos, continuados en el tiempo, que se le imputan al Rey emérito, impidió que se tomaran las decisiones que democráticamente corresponden por los representantes elegidos por los pueblos de España. 

Hoy, tras su huida, sólo la movilización popular, articulando y fortaleciendo la unidad del movimiento republicano evitará que se enmascare lo sucedido planteando las demandas democráticas que corresponda llevar adelante ante los diputados y senadores electos de las Cortes Generales, con resoluciones en los parlamentos nacionales y en los mismos ayuntamientos.

 Ya se ha presentado ante la sala de lo penal del Tribunal Supremo español, y, llevado ante el Consejo Federal Suizo un informe político jurídico, la petición de bloqueo de fondos del emérito, alegando que hay “indicios suficientes para iniciar una investigación por corrupción”. Señalando que “es necesario terminar con la impunidad y el juego sucio con el que actúa la monarquía española y la anomalía que supone para cualquier democracia moderna”.

La querella criminal como acusación popular se ha presentado por los posibles delitos de negociación prohibida a funcionarios, cohecho pasivo, tráfico de influencias, fraude a la Hacienda Pública y blanqueo de capitales. 

El ahora querellado, que fue nombrado Rey de España por sucesión del dictador Franco a tenor de la Ley de Sucesión de 1947 y de la designación en 1969 como príncipe de España, jurando lealtad como Rey a las leyes fundamentales del Reino y a los principios del Movimiento Nacional en 1975,se mantuvo en la cúpula del poder hasta el año 2014, fecha en la que abdicó en favor de su hijo varón mediante un movimiento palaciego en el que participaron los máximos dirigentes tanto del PSOE como del PP, siendo por ello la situación legal hoy de Juan Carlos la de Rey emérito. 

 Se le denuncia por el aumento de su patrimonio personal, con supuestos negocios privados altamente lucrativos, aprovechando para ello la superioridad y singularidad que le confería su condición de jefe de Estado. Han sido numerosas las operaciones fraudulentas de intermediación realizadas por el querellado con las monarquías sanguinarias de los petrodólares del Golfo Pérsico, ocultando en todos los casos descritos los capitales obtenidos, utilizando diferentes paraísos fiscales, sin haber declarado de su existencia a la administración española, ni a ninguna otra.

 El mismo hijo del querellado ha reconocido explícitamente el pasado 15 de marzo ante Notario la existencia de fondos ilícitos en el patrimonio de su padre, manifestando su voluntad de renunciar a la herencia por no estar en consonancia con la legalidad, retirándole por ello la asignación fijada en los presupuestos del Estado. 

La impunidad política y jurídica, que afecta en particular en el caso de España a las más altas autoridades del Estado, puede comenzar a romperse, después de más de cuarenta años de impunidad pactada por el consenso izquierda-derecha, y ello con las iniciativas que se puedan establecer a partir de la combinación de las acciones políticas y judiciales, por la soberanía popular de los pueblos contra la corrupción de Estado. 

El referéndum contra la corrupción monárquica, para que sean los pueblos los que decidan sobre su futuro, se constituye en exigencia democrática clave de las próximas acciones generales a llevar adelante. La movilización republicana debe poner a los trabajadores y pueblos de España, a la juventud, a la altura de sus compromisos históricos en la lucha contra la corrupción y para acabar con el clientelismo y el consiguiente despotismo político

LLAMADA A LA MOVILIZACIÓN Y A LA PARTICIPACIÓN POR LA REPÚBLICA. MANIFESTACIÓN 15 DE AGOSTO EN MÉRIDA

En la medida que se avanza en el conocimiento de los avatares relacionados con la huida del Borbón queda claro que toda la movida no es otra cosa que un acto preparado por el Rey, su heredero, y el gobierno de coalición, con la especial intervención de Pedro Sánchez y el PSOE que tratan de controlar la situación de crisis del régimen monárquico.

Con esta acción controlada y prevista se pretende dar estabilidad a la Monarquía dadas las críticas que encuentran entre amplios sectores de la población española los negocios del Rey Emérito que según parece pueden tocar al heredero, “el preparao”.

Los poderes políticos y mediáticos están desencadenando una campaña propagandística para salvar a Felipe VI, y darnos a entender que el problema es de su padre. A todas luces no pueden evitar que el sistema está corrompido hasta sus tuétanos con una Monarquía que conforma y coadyuva a toda la estructura de los aparatos del estado.

Sin embargo, la tarea que tienen aquellos para controlar y diluir en la medida de lo posible la difícil situación actual de la monarquía y la huida del emérito sin méritos es bastante complicada, si tenemos en cuenta que desde finales de agosto comienza un carrusel con frecuentes citas judiciales y políticas de los actores principales de esta trágico-comedia hispana.

Durante los años de la dictadura franquista ha habido un enriquecimiento y una acumulación de dinero que se ha prolongado impunemente en estos años de pseudodemocracia borbónica. El cobro de los diezmos y mordidas han ido a parar a los bolsillos de políticos, empresarios y monarcas, dando lugar a un Estado en donde la corrupción campa a sus anchas.

El reverso de esta opulenta y obscena realidad, es la tremenda injusticia de que haya presos políticos y artistas perseguidos y condenados a años de cárcel por denunciar todas aquellas tropelías que en los diferentes órdenes de la vida han cometido los Borbones y que ahora salen a la luz pública.

Mientras tanto, pocas voces se oyen que exijan una intervención judicial rápida, que denuncien y exijan la investigación de las propiedades, la evasión de impuestos y los dineros obtenidos en los cobros de comisiones y mordidas por las actuaciones que de intermediario comercial realizaba Juan Carlos I, que de modo evidente reclama la justicia suiza y ponen de manifiesto las declaraciones de su amante Corina.

En estos momentos lo que cabe es una llamada general a todas las clases trabajadoras y sectores populares a la participación y a la movilización contra la monarquía y por la ruptura de todas las estructuras del régimen monárquico que nos gobierna.

No hay más solución para derrotar a los desmanes del capitalismo que luchar por una serie de medidas que son imprescindibles para avanzar hacia una sociedad más justa:

1.-Constitución de una Banca Pública con la expropiación de la Banca Privada.

2.-Negativa a pagar la deuda pública, y ruptura con la Unión Europea.

3.-Nacionalización de las grandes empresas de producción y distribución para ponerlas al servicio de quienes crean la riqueza de este país: las clases trabajadoras, trabajadores autónomos y pequeños empresarios.

Desde Extremadura hemos convocado una manifestación para el día 15 de Agosto, en Mérida, a las 11 de la mañana, con el fin de reivindicar la República y denunciar los comportamientos borbónicos que ahora al igual que durante muchos años en nada han beneficiado a la sociedad española.

Comisión de Enlace del

Encuentro Estatal por la República

Ante la huida de Juan Carlos de Borbón para intentar eludir sus responsabilidades políticas y judiciales la situación de la monarquía española es insostenible.

 

El Borbón  se va con toda la fortuna acumulada por años de corrupciones y privilegios. Se va sin asumir sus responsabilidades ante el pueblo. Se va porque va a intentar evitar la acción de la justicia, la devolución de lo robado y el pago de impuestos. Se va de acuerdo con su hijo Felipe de Borbón, corresponsable de muchos años de conocimiento y de disfrutar de los desmanes de su padre y de ocultar sus corrupciones.

 

Y se va acorralado también por la acción de la justicia suiza. Lo que  sabemos  es fundamentalmente por la prensa extranjera. Aquí ha tenido el  silencio y la ayuda de banqueros, grandes empresarios, gobiernos, jueces y medios de comunicación.

 

Y es que el problema no son los reyes, el problema es la monarquía. Una institución antidemocrática, machista y arcaica, basada en privilegios medievales de sangre, por los que la Jefatura del Estado se hereda dentro de una familia. A lo que se añade en el caso del Estado español el haber sido designada por un dictador fascista y con una Constitución con un  artículo que proclama su inviolabilidad.

 

Desde el espacio unitario de organizaciones republicanas 'Encuentro Estatal por la República' no aceptamos esta operación para intentar perpetuar la monarquía. Exigimos que Juan Carlos de Borbón rinda cuentas ante la justicia, si la justicia es igual para todos. Exigimos también que devuelva todo el dinero robado por comisiones ilegales y la verdad sobre todo sus chanchullos y corrupciones. Y, por último, que se vayan para siempre los Borbones de nuestro país, que nos liberemos de una vez de la monarquía corrupta española. Para ello es fundamental la unidad y la movilización, la ciudadanía exigiendo en las calles Justicia y República.

 

El Encuentro Estatal por la República hace un llamamiento general a participar, cumpliendo las necesarias medidas sanitarias de protección, en las acciones y movilizaciones unitarias que se están convocando  en los diferentes territorios del Estado para exigir justicia para el Borbón, y que devuelva lo robado, para acabar de una vez con la monarquía antidemocrática y corrupta y para proclamar la República y poder construir un nuevo país al servicio de la mayoría social trabajadora y el pueblo.

 

¡Viva la República!

 

         4 de agosto de 2020

COMUNICADO DEL PSLF 4 de Agosto de 2020

“Ante la fuga del rey emérito y las complicidades del estado, exigimos referéndum sobre monarquía o república”

El trato de “Rey emérito” fue establecido por el gobierno en 2014, como un simple honor protocolario sin que las Cortes aprobaran ese nombramiento, y que buscaba-sobre todo- protegerle en sus muchísimos desmanes de todo tipo ante el Tribunal Supremo, trato, por tanto, revocable en cualquier momento: bastaría para ello un real decreto del Gobierno de Pedro Sánchez que lo anulase. Por lo que se ve el gobierno no quiere dar ese pequeño paso democrático, y prefiere presionar a Felipe de Borbón para que resuelva la crisis a su manera, es decir en familia.

Pero quien resulta afectada por los dineros acumulados ilegalmente por el emérito es nuestra sociedad, y en particular los sectores obreros y populares sometidos a la austeridad y la miseria, mientras la Casa Real ha sido sino la beneficiaria de las riquezas acumuladas. ¿Que los que se han beneficiado de la rapiña durante decenas de años sean los únicos que decidan sobre el asunto no es puro despotismo? 

Con la huida del emérito a la República Dominicana, autentica cueva de huidos delincuenciales y paraíso fiscal y judicial, se corroboran todas las sospechas acerca de la herencia económica, poniendo en claro que no es más que una maniobra de su heredero para ganar tiempo, pero el tiempo político corre inexorablemente, y no precisamente a favor de la institución reestablecida por Franco contra los trabajadores y pueblos.

En España se han producido a partir de la crisis de 2008 un millón de desahucios de familias trabajadoras que no pudieron hacer frente a las hipotecas o a los alquileres, pero ahora el gobierno que echo al PP por corrupto, se resiste a ejecutar el único desahucio democrático que podría realizar, el de un exjefe de Estado perseguido internacionalmente por gravísimos casos de corrupción política y económica, y al que tampoco quiere da orden de intervención de sus numerosas cuentas corrientes en paraísos fiscales. La Audiencia Nacional ha llegado a la convicción después de 13 años de investigación de que la familia Pujol constituye “una organización criminal” por la trama del 3% para el partido y los gobiernos nacionalistas catalanes, denunciada inicialmente por quien fue presidente de la Generalidad Pascual Maragall (“Ustedes tienen un problema, y este problema se llama 3%”). Un problema parecido tiene por una parte los que han recibido comisiones de los grandes empresarios que han contribuido de forma ilegal para llenar la caja de caudales de la monarquía. ¿Ha investigado seriamente la Audiencia Nacional la situación al respecto de la Casa Real? ¿Y la Fiscalía del Tribunal Supremo no aprecia delito alguno? Según se dice, esperan a finales de agosto para decidir.

En los próximos días el Gobierno y la Jefatura del Estado pretenden en medio de agosto tomar una decisión consensuada, de espaladas al pueblo, respecto a la ruptura con la corrupción del emérito. Decisión que sin duda no será la última palabra sobre el caso, en tanto que la justicia de otros países y las mismas Cortes generales pretenden tomar decisiones políticas y judiciales inmediatas, y ello frente a la complicidad revestida de parálisis. Es la hora de ajustar cuentas con el régimen corrupto y antidemocrático que pretende seguir secuestrando la voluntad popular.

Ante esto, la única salida es un seria investigación judicial, de las Cortes Generales y una devolución de todo lo obtenido, así como la inmediata celebración de un Referéndum sobre la forma de estado y el llamamiento a Cortes Cosnstituyentes.