ODP-PSLF SOBRE EL PROBLEMA AGRARIO

Desde la ODP-PSLF queremos expresar nuestro apoyo a las luchas que están realizando los agricultores para conseguir una valoración de su trabajo y de lo que producen.

La política agraria seguida por los diferentes gobiernos aplicando las directrices de Bruselas beneficia y privilegia a las clases ricas, a los agricultores más poderosos, a las grandes empresas de producción, distribución y comercialización y terratenientes.  

La Política Agraria Comunitaria que se basa en las subvenciones y en las directivas que deben aplicar los gobiernos nacionales conduce a la expulsión de los pequeños propietarios de sus tierras, ahogándolos con los bajos precios de los productos agrícolas.

La política seguida desde Bruselas está favoreciendo de modo descarado la concentración y acumulación de la tierra en manos de los grandes terratenientes, empresas agrícolas y de los fondos de inversión que están introduciéndose en el campo de una manera acelerada.

En las próximas dos semanas, la UE preparará el nuevo Presupuesto comunitario para el periodo 2020-2027 que según las evidencias disponibles implicará un recorte en los fondos estructurales y en la Política Agrícola Común (PAC).

Una buena parte de los casi 600 millones de euros de la PAC van a parar a propietarios de tierras que viven en Madrid o fuera de Extremadura.  Estas ayudas se deben dar a los agricultores que realizan una actividad agraria, en función de la producción y vinculadas al empleo, a quienes generan riqueza y crean empleo; no se puede consentir que las subvenciones se concedan dependiendo de la superficie y de los derechos históricos.

La pretensión del gobierno tratando de convencer a los grandes supermercados y grandes distribuidoras para que tengan solidaridad con los agricultores es pura fantasía. El meollo de la cuestión son los precios, y es la Unión Europea la que impide la fijación de precios a los gobiernos. Sin embargo, permite que las grandes superficies y las multinacionales arruinen a los agricultores y que luego vendan a precios abusivos al resto de la ciudadanía. 

Por otro lado, se favorece la entrada de productos de otros países a los que dudosamente se les aplican los reglamentos y controles sanitarios que se aplican a la producción agrícola nacional. Muchas de las producciones que vienen del extranjero pertenecen a grandes empresas españolas que producen con menores costes en otros países como Marruecos, etc.

El abandono y la despoblación del mundo rural se traducirá en grandes fincas de agricultura industrializada, grandes y exclusivos cotos de caza o fincas de recreo para la alta sociedad verde. No desaparecerá la producción de alimentos, todo quedará en manos de las grandes multinacionales y de las grandes empresas agrícolas que en definitiva son los nuevos terratenientes, que con las maquinarias y la tecnología actual controlarán la producción, distribución y comercialización de alimentos.

El mantenimiento del mundo rural y la agricultura necesitan de medidas que vayan a la raíz del problema agrario, medidas radicales por parte del gobierno y de la Junta de Extremadura:

1.- Ruptura con las políticas que proceden de Bruselas que condenan a la ruina a quienes viven y realizan la actividad agraria.

2.-Desarrollo de políticas que orienten al agricultor tanto en el coste real como en la planificación de las producciones, la calidad sanitaria, etc. 

3.-intervención directa en la comercialización, suministros de servicios y financiación de las producciones.

4.-Puesta en marcha de Mecanismos de Mercado como el establecimiento de aranceles de importación, reintegro de los aranceles que se cobran a los productos de la exportación, precios de garantía, reglamentos sobre la calidad de los alimentos, políticas para que el consumo de productos de la tierra se lleve a cabo en establecimientos públicos de la Junta de Extremadura o del Estado español, etc... 

5.- Una mayor intervención para aplicar con todo rigor la Ley de Comercio de 1996 y la Ley de Competencia Desleal de 1991 que prohíben la venta a pérdida ya que inducen a error a los consumidores, desacreditan la imagen del producto o reducen la competencia en el mercado.

6.- La única solución ante el atropello violento al que se está sometiendo a las clases trabajadoras del mundo rural es la Reforma agraria.

La Reforma Agraria debe estar basada en las expropiaciones de los grandes latifundios;  el reparto de tierras es imprescindible; debe estar dirigida a la soberanía alimentaria que la PAC se está cargando y acabará con ella definitivamente; al impulso para la formación de cooperativas agrarias de producción, distribución, transformación y consumo; la defensa de salarios dignos para los trabajadores y trabajadoras del campo; la defensa e incremento de la agricultura ecológica; la defensa del territorio y el medio ambiente solo se pueden defender con habitantes en el medio rural que vivan dignamente y con servicios. Es sencillamente otro modelo de Estado y redistribución de la riqueza.

La España vaciada lo ocupan fondos de inversión

    L a España vaciada la ocupan fondos de inversión. Los nuevos terratenientes

L

Carlos Martínez

Lo que está ocurriendo en el territorio del estado español, en el mundo rural, en las tierras agrarias y de cultivo es mucho más grave de lo que se sabe por parte incluso de personas informadas y afiliadas a organizaciones progresistas.

Vaciar los territorios rurales ha sido una estrategia pensada durante décadas y que comenzaría con el franquismo en España con un doble objetivo, mano de obra barata para Europa –la emigración- y mano de obra barata para las ciudades de la España urbana y el nuevo cultivo español, el ladrillo. 

Otra causa y hoy es la principal es la Politica Agraria Común de la Unión Europea que comienza a dar subvenciones por abandonar tierras de cultivo y en su lugar plantar árboles madereros, por ejemplo. Es gracioso pero se piensa que han sido los agricultores mediterráneos los que han sido más beneficiados de la PAC, cuando han sido los centro-europeos, mucho más organizados y entre los que destaca la combatividad de los franceses. Pero es que el tiro de gracia de la PAC contra la población rural, es como reparte sus famosas ayudas y subvenciones y es que la forma de hacerla, por hectáreas y no por producto, apoya a los grandes propietarios y favorece la acumulación de tierras por estos. Es decir la PAC no solo margina al pequeño y mediano agricultor, sino que beneficia la reaparición del latifundio. Y eso es lo que está ocurriendo.

Estamos en España en un proceso de reapropiación de la tierra por parte de latifundistas, si es que alguna vez esto había desaparecido en algunos territorios como Andalucía, Extremadura o La Mancha. Estos latifundistas pueden ser bien personas ricas de los propios territorios o bien grandes empresarios de otros sectores o fondos buitre agrarios. Grandes multinacionales o incluso otros estados. La forma de ahogar a la pequeña propiedad rural, son los precios. A los y las pequeñas y me- dianas agricultoras y ganaderas se les está asfixiando con una doble acción sospecho del turismo. El turismo de caza por ejem- plo, aunque no solo.

La cuestión de los precios es tan san- grante que existiendo unos especulado- res sin escrúpulos y una verdadera mafia acaparadora del mercado agrario a nivel global y mundializada, la Unión Europea impide el control gubernamental de pre- cios, es decir es ilegal en Europa/UE que los gobiernos fijen precios justos, pero es legal que las grandes superficies y las multinacionales sangren, exploten y ex- torsionen a los agricultores imponiendo precios abusivos y que luego ellos desde las grandes superficies y supermercados roben al resto de la ciudadanía. ESO ES LO LEGAL EN EUROPA UNIÓN Y EN EL REINO DE ESPAÑA. 

Se protegen los mercados es decir a los grandes mercaderes, pero se extorsiona a quien vive en el campo, del campo, pero también a las clases populares que em- pobrecidas gracias a los bajos salarios y altos alquileres e hipotecas se ven obliga- dos a comprar en supermercados lo más barato. Abunda en el hecho de la globa- lización de la agricultura y su abandono el que por ejemplo los famosos naranjos de Valencia se están dejando de cultivar y se abandonen y en su lugar nos llegue la naranja de Sudáfrica, Marruecos o Chile producida en grandes fincas que a su vez son propiedad de los mismos fondos de inversión que acaparan tierras en el Es- tado español.

Pedir por parte del Gobierno responsabilidad a las grandes cadenas y espe- culadores es un acto bien de profunda hipocresía y pensar que somos tontos, todas, o bien ser verdaderamente un in- útil, un desinformado o estar en realidad a favor de los grandes y poderosos y que estos se sigan lucrando de nuestro traba- jo y nuestras necesidades alimenticias, que la ley europea les protege.

La única solución de urgencia, pasa por el control estatal de precios, la de- rogación de la gran parte de la legisla- ción europea exclusivamente neoliberal y pro-latifundistas y acaparadores así acaparación de tierras por parte de fon- dos multinacionales.

Y ahora alguno me dirá, si vacían el campo quien produce. Muy sencillo, jornaleros y jornaleras temporales que no hace falta vivan en el medio, máquinas y productos químicos a mogollón. Esto ya se vive por ejemplo en el Perú o Brasil o Argentina…

Por tanto toda una combinación de factores entrelazados entre sí, es decir precios y reapropiación y/o expropiación de tierras, ausencia de servicios e infraes- tructuras y cierre de todo lo público en el mundo rural, generan despoblación, todo en beneficio de grandes fincas de agricultura industrializada, grandes y ex- clusivos cotos de caza o fincas de recreo para la alta sociedad verde.

Y ahora la pregunta del millón. 

Pensemos en la solución: Trabajo y tierra dig- nos. Reforma agraria y la reforma agraria hoy no es solo reparto de tierras que es imprescindible hacer, es defender la so- beranía alimentaria que la PAC se carga. Es repartir trabajo y dignidad, es mejorar también los sistemas productivos y crear y fomentar todo un sistema de cooperativas agrarias de producción, distribución, transformación y de contacto directo con los consumidores, así como cooperativas de productor-consumidor pero sin olvi- dar el reparto y los socialistas defendemos el reparto y el control público y social. Es defender e incrementar la agricultura eco- lógica y defender el territorio para todas y todos y el territorio y el medio ambiente solo se pueden defender con habitantes en el medio rural que vivan dignamente y con servicios. Es dejar de hacer políticas cen- tralistas en defensa de un “mega Madrid” injusto, centralista, contaminado, depreda- dor, que se dedica a vivir –su oligarquía- a costa del resto del reino. Es sencillamente otro modelo de Estado y reparto, siempre reparto. Por favor, dejen ya de engañar. Por favor vamos a impulsar políticas sociales justas de una vez con valor y valores en fa- vor de la mayoría. Vamos a ser conscientes de nuestra fuerza y unir fuerzas con otros pueblos de Europa y no solo.

que combinada, de grandes propietarios       como una derogación o fin de la PAC  y grandes superficies y/o multinacionales del sector de la alimentación. 

Carlos Martinez,  es politólogo y secretariogeneral del PSLF

La huelga y la lucha por la República

Espacioindependiente nº 343, jueves 30 de enero, 2020

La huelga y la lucha por la República

Las Cargas policiales de ayer en Don Benito (Badajoz) contra los pequeños agricultores extremeños, que se manifestaban ante el recinto ferial “Agroexpo” -donde se encontraban el ministro de Agricultura Luis Planas y el presidente de la región Fernández Vara-, ponen de manifiesto un nuevo momento de la lucha de clases. Las organizaciones agrarias denuncian que los precios impuestos desde la Política Agraria Común, que sobrefinancia a las grandes propiedades latifundistas, les obliga a ellos a vender por debajo del precio de producción, lo que empuja a la ruina de sus pequeñas explotaciones. Los especuladores de la alimentación, propietarios de las grandes superficies, están haciendo grandes beneficios a cuenta de las condiciones miserables de los trabajadores y de la crisis de las pequeñas explotaciones agropecuarias.

El olivar concentra en buena medida la crisis del campo español en su conjunto, soportando precios que son incompatibles con el mantenimiento de las explotaciones pequeñas y medianas. Hoy, día 30, los aceituneros se han lanzado a cortar carreteras principales como la A-4, con piquetes en la Carolina y también en Albacete, Úbeda y cerca de Granada, exigiendo precios adecuados para el aceite, que pasa por uno de sus peores momentos. El campo no está dispuesto a ser víctima de las políticas del gran capital.

Los problemas de los pequeños agricultores no devienen de las insuficientes subidas del salario mínimo, que incluso los convenios agrarios no respetan. Los problemas de los 500.000 jornaleros agrícolas y de los pequeños agricultores, que son unos 300.000, tiene su origen en la política impuesta desde Bruselas, hecha suya por los gobiernos de todos los colores contra las producciones agroalimentarias y la soberanía alimentaria de los países. La ruptura con la PAC y la necesidad de la Reforma Agraria para que la propiedad latifundista no siga en manos de los señoritos, de los fondos de inversión y de los Bancos, son las exigencias de fondo del movimiento de trabajadores agrícolas y de pequeños productores.

La cita en la Moncloa de la patronal, los sindicatos oficiales y los representantes del gobierno para teatralizar la política de pacto social sobre ridículas subidas de los salarios y las pensiones que no resuelven los problemas de austeridad y miseria social, no puede ocupar el centro de la situación política como pretenden. El centro en este momento político lo ocupa la movilización social.

El obstáculo que representa la política de pacto social es un obstáculo que proviene de las políticas oficiales diseñadas en Bruselas y en las mesas de los gobiernos, y son obstáculos que solo puede ser superados con la masividad y la reorganización de los mismos trabajadores, mediante formas abiertas como la que representan las asambleas, los piquetes, los comités elegibles y revocables integrando los sindicatos…

Momento político éste, que desde los sectores industriales se desarrolla con un llamamiento de cientos de organizaciones sociales y sindicales a la huelga general en Navarra y País Vasco, convocada en defensa del poder adquisitivo de los salarios y las pensiones, reclamando un mínimo vital de 1.200 euros, el derecho a decidir y la República. Demandan la reversión de la situación general de austeridad y contrarreforma social, que ha sido establecida desde hace más de una década, lo que ha supuesto la multiplicación de los beneficios del capital y la pérdida permanente de las rentas (directas e indirectas) del trabajo.

La crisis política e institucional del régimen monárquico está en el origen del movimiento reivindicativo y de huelga general. Y, sobre todo, es la incapacidad de las instituciones de dar respuestas puntuales a los problemas sociales, políticos e institucionales la que alimenta en el fondo el movimiento republicano, que no puede sino extenderse desde Cataluña y País Vasco a todos los territorios de la geografía del Estado español.

El presidente de la Generalitat, que el Tribunal Supremo pretende suspender en sus funciones violando el derecho del Parlamento, acaba de señalar que la actual legislatura está agotada, y por ello convocará elecciones en los próximos meses en medio de la división entre ERC y JpC.

 El motor del movimiento es el fondo de la crisis. El tema de la huelga general es tan viejo como el mismo movimiento obrero, y los que hablan de luchas reivindicativas no pueden negar que “toda lucha de clases es una lucha política”.

Desde las Comunidades Autónomas, donde el trabajo agroalimentario se encuentra entre los peores pagados, la patronal y los presidentes de las comunidades que representan al PSOE, ponen el grito en el cielo contra las subidas de los salarios mínimos, que no permiten vivir con un mínimo de dignidad a las familias trabajadoras, sin señalar que es el sistema de mercado ”libre”, impuesto por la PAC, el que destroza las pequeñas explotaciones de toda la Unión Europea, con importaciones de productos  que, a precio de esclavitud, tiran los precios al por mayor.

Todos los teóricos, que han insistido durante décadas en la desaparición de la clase trabajadora y del campesinado, se encuentran de cara con una realidad: la que se deriva de la movilización agraria, de la convocatoria de huelgas generales que tienen poco ver con sus predicciones.

 Lo cierto es que la cuestión de la huelga general vuelve a ponerse de actualidad, ocupando un primer plano de la situación política. Pone de manifiesto que, pese al carácter clientelar de las principales organizaciones sindicales -cuyos dirigentes colaboran codo con codo con la patronal y el gobierno en imponer el retroceso de las demandas sociales y democráticas-, la clase trabajadora y el campesinado, como clases explotadas y oprimidas, existen a través de su lucha y de su movimiento y, contradictoriamente, se diferencian de sus mismas organizaciones. Toda la historia sustancial está tejida de este combate político.

El momento de la huelga general no es una cuestión exterior al movimiento de los trabajadores y sus aliados, es una determinación que surge de la dinámica de las relaciones entre las clases, y de la relación entre las diferentes capas de las clases, y es, por tanto, ante todo y sobre todo, una cuestión política. Es decir, originaria de la política propia de los intereses materiales y morales de los trabajadores.

La cuestión del derecho a decidir de los pueblos se cruza en medio de los planes continuistas del régimen monárquico. Habiendo quebrado los fundamentos de su Estado autonómico, el movimiento político se extiende de Cataluña a otras nacionalidades y regiones en forma de derecho a decidir sobre monarquía o república. Lo que en su día fue en la historia del movimiento obrero y popular la lucha por el sufragio universal, por el derecho al voto. Movimiento que vino desde abajo, y se sigue expresando en nuestros días por la movilización y la huelga general, por el derecho a decidir sobre la forma del Estado, que no puede sino ayudar a articular un gran movimiento republicano de todos los pueblos.

Con la huelga general del día 30 de Navarra y País Vasco

Movilización  en solidaridad con la convocatoria por   salarios y  pensiones dignas para todos

El movimiento obrero  pasa por un momento crítico en el que no puede dejar de expresar sus reivindicaciones y aspiraciones de forma independiente. Todos los partidos y sindicatos, todos los colectivos sociales que resistimos las medidas de contrarreforma social de los gobiernos que actúan al servicio de la patronal y la Troika, estamos llamados a  movilizarnos  para mejorar las condiciones de vida y trabajo , es la continuidad de la lucha histórica por acabar con toda forma de explotación y opresión.

Coincidiendo con el segundo aniversario  de las mareas de jubilados y pensionistas que han salido a las calles y plazas de toda España  para reivindicar pensiones dignas sin ser oídos en sus demandas, más de cien organizaciones, sindicatos, partidos y colectivos sociales  de Navarra y País Vasco  se han puesto de acuerdo en sus reivindicaciones más importantes. Aprobando  una Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria, por unas condiciones dignas de trabajo y por la garantía de los derechos sociales y pensiones.

Las direcciones de CCOO  y UGT se oponen al llamamiento, que lo califican como “precipitada” y “fuera de contexto”…/… más si cabe con un acuerdo de gobierno progresista en España encima de la mesa”. Los dirigentes de UGT  han venido a declarar que “una huelga general no es la salida  al problema de las pensiones”. El discurso  del sindicalismo oficialista  no da respuesta a los problemas fundamentales de los trabajadores y las terribles perdidas de poder adquisitivo y derechos laborales robados durante la crisis económica de 2008.

Reconquistar el poder adquisitivo perdido, acabar con la precariedad   y con reformas laborales es un objetivo de los trabajadores y de sus organizaciones. El hecho de que la convocatoria se haga solo en Euskadi, y que sindicatos nacionalistas vascos reclamen un marco propio de relaciones laborales y de las pensiones no puede ser obstáculo para que desde todas partes expresemos nuestra solidaridad con el movimiento de huelga, y abramos la discusión acerca del marco laboral y de las pensiones mejor para los trabajadores, que hace 160 años que  constituyen una misma clase social en toda España.

La devaluación que han sufrido en medio de constantes  medidas de contrarreforma social, tanto de los salarios como las pensiones, no puede dejarse pasar como si nada hubiese sucedido. Un buen sector de trabajadores asalariados y de jubilados viven en la pobreza aunque tengan ingresos y nóminas, los jóvenes que se incorporan al trabajo lo hacen en condiciones de sobreexplotación  y precariedad, con retribuciones que nos les permiten vivir y por ello se ven obligados a aplazar   la independencia personal de sus respectivas  familias.

Todos los que dependen de su condición salarial y/ o de sus pensiones así como de las rentas básicas o de subsistencia,  aseguran que las constantes perdidas de capacidad de compra de los salarios y pensiones les han llevado a una situación  muy difícil a la hora de hacer frente a los gastos de mantenimiento, de pagar las hipotecas y /o hacer frente a alquileres  especulativos que se han multiplicado en los últimos años.

 Las primeras medidas económicas tomadas por el gobierno de “coalición”  de Pedro Sánchez e Iglesias: El 0,9% para las pensiones, el 5,5% para los salarios mínimos, y el 2% para los funcionarios, son medidas mantenedoras de las políticas de ajuste y austeridad que no resuelven los problemas de  miseria de las rentas del trabajo o los subsidios y pensiones, mientras que las rentas del capital han subido por encima del 50%. No se puede olvidar la situación de todas aquellas personas excluidas y sin percepción ninguna e implantar una renta generalizada de inserción y/o básica.

La convocatoria de huelga general en Navarra y País Vasco se hace también en demanda de libertad para los presos políticos, por el derecho a decidir de los pueblos: por la república que los pueblos demandan. Así como la derogación ya de la ley mordaza, pensada sobre todo para reprimir las demandas laborales y sociales.

Los socialistas por la libre federación de los pueblos frente a todo régimen de represión, abogamos por una Asamblea Constituyente Soberana de los pueblos de España que responda a la voluntad mayoritaria libremente expresada. Al gobierno de “progreso” le exigimos que den respuesta positiva a  las demandas sociales y políticas de la mayoría rompiendo con los planes de ajuste y austeridad, y de pago de la Deuda.

¡Contra la pobreza, el fin de las reformas laborales por el poder adquisitivo de salarios y pensiones!

¡Por la alianza de trabajadores y pueblos!

¡Por la constituyente y la República!

ODP-PSLF EN RELACIÓN A LOS PRESUPUESTOS REGIONALES.

Los presupuestos regionales que ayer aprobó la Asamblea de Extremadura no van a resolver ninguno de los problemas que tienen las clases trabajadores y los sectores populares de la sociedad extremeña; todo irá a peor, por mucho que se empeñe el gobierno regional en mostrarnos la bondad de los mismos en las campañas publicitarias de la que han precedido a su aprobación.

Los presupuestos dejan de lado el tremendo problema del desempleo que hay en la región. A pesar de la intensa propaganda con las que nos quieren hacer ver que cuantitativamente son muy importante los fondos destinados a combatir esta lacra propia del capitalismo, la realidad es que son muy insuficientes, sólo hay que ver el escaso número de desempleados y desempleadas que se verán favorecidos por estas partidas presupuestarias. Por mucho que se insista, ni siquiera dan para tranquilizar la conciencia de quienes ocupan las instituciones políticas. Lo cierto es que seguirán agravándose las dificultades económicas y sociales que padecen muchas familias extremeñas.

Por otro lado, el poder político tiene poco interés en modificar las ridículas pagas que perciben los miles de desempleados y desempleadas por diferentes conceptos como prestaciones, subsidios o ayudas sociales; aquellas son tales que difícilmente pueden satisfacer las mínimas necesidades vitales y alcanzar cierto bienestar. Los requisitos administrativos que hay que cumplir para lograr algunas de las ayudas sociales se olvidan del estado de pobreza o necesidad, y se establecen con el único objetivo de no aumentar el gasto público y asignarle magnitudes reducidas en los presupuestos, como es el caso de la renta básica.

Además, son insolidarios y exiguos ya que se minimizan y reducen respecto a presupuestos anteriores partidas como las destinadas a Mínimos Vitales y Ayudas a Domicilio que debieran ser lo suficientemente amplias pues realizan una doble función; por un lado, permiten la creación de puestos de trabajo, y por otro, alivian el estado de desamparo y privación de familias o personas que atraviesan momentos económicos difíciles, y proporcionan la prestación de asistencia a personas mayores y/o dependientes, y en definitiva contribuyen a sostener a quienes más necesitan del apoyo y ayuda de la protección social.

La política de viviendas sigue estando bajo mínimos, no se hace nada por solucionar el enorme déficit que hay en nuestra región, no hay interés en las construcciones de viviendas sociales, ni intervenciones de otro tipo que permitan dar utilidad pública al importante parque de viviendas en manos de las entidades financieras y de instituciones estatales. Las ayudas de alquiler que se proponen, además de ser escasas por las nimias cantidades consignadas en las partidas presupuestarias, son prácticamente inalcanzables para la mayoría de los mortales ya que para acceder a ellas hay que superar una verdadera barrera de obstáculos burocráticos, a lo que se añade los habituales retrasos en la percepción de estas ayudas.

 En cuanto a ciertos servicios públicos como Educación o Sanidad, se siguen subvencionando los diferentes niveles de enseñanza privilegiando a centros educativos privados que en su mayoría están en manos de la Iglesia Católica, retrayendo para la enseñanza pública cantidades próximas a los 90 millones de euros que van a parar a la concertación educativa; mientras tanto, en materia sanitaria se adolece de una política de choque que disminuya las listas en la que se encuentran miles de personas esperando para acceder a las visitas médicas, pruebas e intervenciones quirúrgicas.

Por tanto, desde ODP-PSLF consideramos que la aprobación de los presupuestos regionales no va a provocar transformaciones importantes que mejoren las condiciones de vida de las clases trabajadoras extremeñas, ni van a combatir la precarización y la explotación laboral; no obstante, servirán para que ciertos sectores minoritarios y empresariales coligados con el poder político sigan disfrutando y obteniendo buenos réditos a costa de los presupuestos extremeños.

Por otro lado, hasta la fecha el gobierno del PSOE -UP a nivel nacional ha dejado bien claro en sus declaraciones que las pocas cosas que se hagan no van a molestar ni a tocar los intereses de quienes hacen las contrataciones laborales o disponen de los medios de producción y controlan la distribución y comercialización de las producciones agrarias y hortofrutícolas; tampoco se va avanzar mucho en la recuperación de la memoria histórica ni en la mejora de las pensiones. De hecho, un buen número de jubilados y pensionistas de todo tipo van a seguir en situaciones de precariedad y pobreza con míseras pagas. No mejorarán su nivel de vida por mucho que se venda que se ha subido un 0,9 % de acuerdo al nivel de vida, al compás del IPC, lo que como máximo equivale a unos 7 u 8 euros al mes.

La subida del SMI se hace con la aceptación de la gran patronal, los agentes sociales y el gobierno, con la excepción de los representantes de algunas organizaciones patronales agrarias que ya han dejado bien claro que se negarán a la aplicación de la subida. Algo habitual con lo que vienen haciendo a lo largo del tiempo, porque ahora y siempre han entendido que sus beneficios están ligados con los salarios de indigencia de los jornaleros agrícolas.

En todo caso, lo que está claro es que las políticas de los gobiernos nacionales o regionales serán favorables a los intereses de las clases trabajadoras y sectores sociales populares en la medida que seamos capaces de establecer con las movilizaciones sociales las relaciones de fuerza y cooperación necesarias para que respondan a las demandas que hoy exigen aquellas mayorías sociales.

El precio democrático de la investidura y el sobreprecio de la gobernabilidad

La libertad de los presos políticos es la primera prueba  Espacioindependiente no 340, jueves 9 de enero, 2020
http://elespacioindependiente.wordpress.com/:f:info.espacio.independiente

La crisis del régimen monárquico entra en una nueva fase a partir de la reinvestidura de P. Sánchez, después de cuatro años de parálisis constitucional, de gobiernos en minoría y en funciones.

 Dos movimientos de fondo de origen distinto y contradictorios se enfrentan en este momento. De una parte, el del aparato de Estado heredero de la dictadura, que trata de validar su traje constitucional e institucional al que le han estallado todas las hechuras: mantener la pirámide de poder establecida a todo precio, reconduciendo las quiebras políticas territoriales es el objetivo del movimiento en defensa de la razón de Estado. 

Y, de otra parte, el movimiento mayoritario de trabajadores y pueblos por sus aspiraciones y reivindicaciones, que choca en formas diversas con la imposición de la “razón de Estado”. 

Una situación que debe ser entendida como de excepción, tanto en lo político, como en lo institucional. La solución del bloqueo de la investidura efectuada por un estrecho margen de dos diputados, y aún más la solución que se propone para la gobernabilidad, basada en apoyos externos al mismo gobierno, conlleva la formación y mantenimiento en el tiempo de una mayoría capaz de aprobar unos Presupuestos Generales. 

Presupuestos Generales del Estado que vienen dictados por los intereses de la corte de banqueros y especuladores, por la Troika, cuya exigencia esencial es el mantenimiento de la austeridad para salarios y pensiones para favorecer el beneficio capitalista, con la prolongación de la precariedad y la creciente desigualdad social. 

PGE agravados por el alto precio que se paga con el mantenimiento de los privilegios de la Corona y la Iglesia, y el mismo pago de la Deuda a los especuladores financieros, que no puede sino multiplicar -en el periodo político que comienza a partir de la investidura- la combinación de todas las contradicciones políticas, sociales y territoriales. 

La investidura solo ha sido posible con la abstención de fuerzas políticas de la izquierda nacionalista catalana y vasca, que se reclaman desde hace tiempo de la ruptura con el régimen del 78, y rechazan el cinturón de hierro que la ley de leyes supone contra los derechos democráticos y la soberanía popular. 

Cuestionan, por ello, la Constitución del 78; pero, en función de las circunstancias que han rodeado el bloqueo -con avance de las derechas-, han venido a conceder, como salida, un crédito al PSOE sin ningún tipo de aval, con la sola promesa de dialogar en un corto espacio de tiempo acerca de la amnistía y de la autodeterminación de los pueblos, entre las cuestiones claves. 

 Para hacer posible el acuerdo de investidura la cúpula del PSOE ha efectuado un significativo giro político a la izquierda obligado por la situación; consistente en vincular como aliados de la investidura a los mismos partidos nacionalistas y republicanos a los que ha discriminado y perseguido, como sucedió en el conflicto político catalán con la aprobación del 155 y con la consiguiente represión policial y judicial que siguió al referéndum del 1 de Octubre.

 Los “nacionales”, reconcentrados en el disfrute de los gobiernos “trifachitos” de Andalucía y Madrid, no han dejado de subrayar el giro político del PSOE, personalizándolo en P. Sánchez y en sus ambiciones políticas e institucionales, considerando que las condiciones de dichos acuerdos, a su entender, conducen a la “ruptura de España”, poniendo en peligro el poder de la Monarquía.  

El mismo monarca, en la conversación que tuvo con Sánchez en el acto palaciego de la “toma de posesión”, en la que éste aseguró que se había efectuado “rápido y sin dolor”, le respondió que “el
dolor viene después”. De entrada, puede resultar dolorosa a los compromisos de Estado la exigencia de retirada de las tropas españolas destacadas en Irak en las bases de la OTAN, para evitar que sean parte de una guerra que Trump busca contra Irán y puede incendiar todo Oriente Medio. 

Una de las frases más políticas del debate de la reinvestidura de Sánchez fue la formulada por la diputada de ERC, Montserrat Bassa, hermana de la dirigente de la Generalitat condenada a doce años de cárcel en el proceso político llevado en el Tribunal Supremo. En su intervención en el plenario de Cortes, ante las constantes invocaciones de unos y otros a “España” y sus “dificultades de gobernabilidad” como valor supremo, vino a decir sencillamente: “me importa un comino la gobernabilidad de España” …, para concluir que lo que la importa es la inmediata libertad de su hermana y de todos los presos políticos, condenados injustamente por organizar una consulta democrática y popular en Cataluña. 

Importancia que no ha quedado bien establecida en el acuerdo PSOE-ERC, de forma que responsabilice al gobierno en sus primeras actuaciones de las medidas necesarias para llevar a efecto la nulidad del proceso y de las mismas condenas injustamente impuestas, con todas sus consecuencias políticas y pronunciamientos favorables para los luchadores republicanos. Evidencia política que ha sido capaz de poner de manifiesto el TJUE y el mismo Parlamento Europeo, reclamando la inmunidad de los electos, que conlleva la nulidad del proceso y condenas, en reconocimiento básico del principio democrático de soberanía popular. 

Lo que se conoce por “desjudialización del conflicto político catalán” en los acuerdos ERCPSOE, para volver a replantear los problemas políticos en discusión en el ámbito de la política democrática y no en el de la represión de Estado, va a conocer una primera prueba de fuego en la exigencia democrática planteada después de la investidura de que el gobierno se retire de todas las causas penales que se siguen en los tribunales contra los republicanos catalanes. 

Los partidos franquistas no dejaron de acusar al gobierno pactado entre PSOE y UP de falta de legitimidad, temiendo por los poderes exclusivos de la Monarquía. En el editorial de ABC del 8 de enero, que se hace eco de las acusaciones de los “trifachitos”, escribía contra Sánchez: “Pronto sabrán ERC, Bildu, PNV, y hasta Unidas Podemos, que han pactado con un político incompatible con la verdad, que les engañará también a ellos, porque sus promesas tenían el día de ayer como fecha de caducidad”. 

Frente a las prisas del periódico monarcofranquista de los Luca de Tena en evidenciar el fracaso del gobierno por el incumplimiento de sus compromisos -que no se contemplan en el tiempo político necesario- el diario El País de la misma fecha insiste en la legalidad constitucional del mismo gobierno. 

Unos y otros, obvian que en el siglo XXI no se cuestiona en ningún caso -como ellos hacen- el principio de legitimidad popular de unas elecciones, legitimidad que se concreta aún más en la forma plebiscitaria, tal y como sucedió con el referéndum catalán del 1-O. De forma y manera que lo que hace a un gobierno legítimo no es que ponga en peligro o en cuestión la razón de Estado establecida. Lo que legitima a un Gobierno es su responsabilidad ante sus votantes, en tanto que debe responder fielmente al mandato político recibido por la mayoría, gobernando de acuerdo con el sentido político de dicho mandato democrático y popular.  

El sobreprecio de la gobernabilidad no es solo el que hace referencia al cumplimiento de las reivindicaciones sociales y democráticas, y la inclusión de las mismas en los PGE: el sobreprecio de la gobernabilidad que se demanda es el libre ejercicio mismo de la voluntad popular. La voluntad popular de los trabajadores y pueblos de España, que ha dado a los representantes de partidos que se reclaman republicanos hoy o de partidos de tradición republicana la mayoría en Cortes, lo ha hecho para poder establecer, por encima de todo, la soberanía popular y democrática de sus justas reivindicaciones. Y esta voluntad y mandato deben ser respetados mediante la verificación y cumplimiento de los acuerdos establecidos. De ello depende la lucha por la República de trabajadores y pueblos, y por el derecho a decidir.

EL CONFLICTO POLÍTICO POR VIOLACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES SE INTERNACIONALIZA. Idelfonso Gómez

¿El Estado prevaricador? Por IDELFONSO GÓMEZ

Las preguntas que surgen de la extensión que ha tomado el conflicto político del Estado español por su vulneración de derechos democráticos fundamentales que se ha agravado e internacionalizado son del siguiente cariz:

¿Cómo pudieron ser condenados los dirigentes catalanes del proceso político soberanista habiendo entre los imputados quien gozaba de impunidad que impedía dicha condena?

¿Se han vulnerado con la sentencia las reglas esenciales de procedimiento que son garantía básica del Estado de derecho? 

La reacción de las instituciones judiciales españolas, y de los partidos de derechas ante la sentencia del TJUE es muy poco comprensible si se tiene en cuenta que dicho tribunal está por encima del Tribunal Supremo, es decir que es el verdadero órgano superior de nuestro ordenamiento jurídico por decisión del Estado español.

Con razón obligada la vicepresidente en funciones Carmen Calvo ha realizado declaraciones llamado a que se asuma por las instituciones judiciales españolas las consecuencias de dicha sentencia, y algo parecido ha venido a manifestar también el Presidente del Parlamento Europeo que no ha tardado en rectificar y aplicar la sentencia reconociendo la condición de Puigdemont y Comín como diputados. 

Habida cuenta que la primera reacción de la Fiscalía del Tribunal Supremo, en vez de reconocer el hecho de que tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Supremo, cada uno a su manera han violado todos los derechos de Oriol, y de los diputados y senadores electos; ha sido la de solicitar que Oriol Junqueras no sea puesto en libertad, y a ello añaden que sea inhabilitado como diputado europeo. 

Parecida reacción automática ha tenido el juez LLarena que parece no entender el motivo por el que él mismo ha tenido que retirar por tercera vez la euro orden que pretendía la detención de los responsables políticos de la Generalidad exiliados en diversos países de Europa. 

La judicialización represiva, que fue la salida fácil para negarse a entrar en la solución democrática del conflicto político no solo fue la respuesta del gobierno Rajoy sino del Estado español en su conjunto con el Jefe de Estado a la cabeza. Y que pueden constituir delitos continuados de prevaricación, delitos que cometen los funcionarios públicos al actuar injustamente en las funciones propias de su cargo, conscientemente o por ignorancia inexcusable. Que en el caso de los jueces deviene de sentencias o resoluciones injustas.

 Ahora ese bloque, que es el de los consensos del régimen del 78, se descompone con el curso de la negociación política abierta entre el PSOE y ERC, y de la misma sentencia que cuestiona la sentencia política de Marchena y las euro ordenes de LLarena. En ese cometido tiene que expresarse la Abogacía del Estado a instancias del Gobierno. 

Ahora, el Tribunal Supremo, que es la institución que tiene la pelota en su tejado, no puede pedir al Parlamento Europeo el levantamiento de la inmunidad después de haberlo juzgado y condenado, por lo contrario está señalado para que diga como aplica la sentencia. La internacionalización del conflicto no solo contamina la Unión Europea y sus Estados, la misma ONU está llamada a finales del próximo mes de enero a tomar resolución sobre el caso. 

Desde Bruselas, el portavoz del PP venía a pedir algo parecido a un “Brexit” para España, consistente en la petición de suspensión de la aplicación del Tratado de Schengen, apostando en que la solución es volver a las antiguas fronteras para proteger las sentencias de un reino bananero al margen de cualquier principio político y judicial que pueda ser compartido por otros Estados, que se reclamen de la aplicación democráticos fundamentales. 

La manipulación política y no la razón política parece presidir las decisiones represivas que hacen más y más complejo el conflicto. A las dos horas de conocerse la sentencia del TSUE se decidió por el tribunal catalán la suspensión del Presidente Torra ante el que declaró: “A mí no me inhabilita un tribunal con motivaciones políticas porque solo lo puede hacer el Parlamento de Cataluña”.

El Gobierno en funciones debe pasar de las palabras a los hechos y reconocer que la aplicación de la sentencia del TJUE pasa por declarar nulo de pleno derecho el juicio del procés, con todas sus consecuencias. Acabando con la vía judicial y la represión política si es que para él la negociación en curso va más allá de la mera instrumentalización de la investidura, y si por fin ha comprendido la necesidad de un giro democrático irreversible en nuestra sociedad que pasa por el ejercicio a decidir. Atendiendo a las demandas de nuevo orden político auténticamente democrático tendente a fundar la República en la acción conjunta de los trabajadores y los pueblos. Alianza política y social que puede y debe representar a la inmensa mayoría. La lucha por democracia y el federalismo es parte sustancial de la estrategia por la emancipación definitiva de los trabajadores del yugo del capital.