Escuela pública y laica

Tras el ataque frontal del PP a todos los servicios públicos, especialmente sanidad, educación y servicios sociales, han comenzado a surgir en el ámbito de la enseñanza todo tipo de plataformas y manifiestos en defensa de la Escuela Pública (EP, en adelante), en los que se percibe una clamorosa e inexplicable ausencia: no se reivindica la condición de laica que debe presidir las instituciones educativas públicas.

            Es ilusorio, a la par que engañoso, pretender que es posible una EP, bajo condiciones sociales y políticas formalmente democráticas, sin un respeto escrupuloso a las condiciones de la laicidad. ¿Acaso los firmantes de estos manifiestos y plataformas creen compatible la Escuela Pública con la presencia de la religión en las aulas y con el consiguiente adoctrinamiento religioso? ¿Acaso creen compatible la EP con esta situación de prácticas confesionales, impuesta por un acuerdo internacional (un Concordato, de hecho) que violenta nuestras leyes civiles? ¿Acaso creen los firmantes aludidos que es posible una EP que mantenga miles de catequistas financiados por el erario público, nombrados por los obispos y forzando los programas y horarios de todos los centros públicos?

            No nos engañemos: no se puede reivindicar la EP sin hacer mención a la necesidad de que sea laica. Los que así lo hacen están consintiendo la existencia, de hecho, de una escuela cripto-confesional, como la que actualmente tenemos.

            En segundo lugar, las entidades que declaran defender la EP en esta hora, deben tener meridianamente claro que en las actuales circunstancias la enseñanza pública y la concertada (católica) son vasos comunicantes. No es posible potenciar la primera sin denunciar y debilitar la segunda. El poder político (primero el PSOE, después el PP, alternativamente) ha apostado en los tres últimos lustros por la escuela concertada como alternativa a la pública, de manera que ha permitido la proliferación de los centros privados a costa de los públicos. Y ya, últimamente desde los gobiernos del PP (y con la excusa de la crisis) se ha frenado la implantación de centros públicos, para “crear una demanda social” que justifique el establecimiento de centros privados (católicos, preferentemente). La actual propuesta del Gobierno del PP no haría más que institucionalizar y legalizar dichas prácticas.

            El corolario de esta situación es que España tiene la enseñanza privada (católica, especialmente) más subvencionada por el Estado de toda la Unión Europea y, por el contrario, el gasto público por alumno más bajo. No menciono los cinco mil millones de euros que  se desvían a la Iglesia católica por estos conceptos, por sobradamente conocido. En todo caso, el mensaje obvio para todas estas plataformas y manifiestos es claro: una apuesta por la Escuela Pública debe apostar por la creación de centros públicos allí donde lo requieran las necesidades generales de l@s ciudadan@s, lo que implica oponerse frontalmente a la creación de centros concertados allí donde no esté cubierta la demanda por plazas públicas.

            Así pues, la defensa de estos dos postulados (escuela pública laica y centros públicos vs. concertada) obliga a todos los agentes sociales (partidos, asociaciones, sindicatos) a ser consecuentes: es un auténtico despropósito pretender la defensa de la Escuela Pública sin erradicar “la asignatura” de religión de nuestro sistema educativo, con todas las secuelas que ello conlleva (económicas, de conciencia, de organización de la actividad escolar,...). Llamemos a cada cosa por su nombre (enseñanza o adoctrinamiento) y pongamos cada cosa en su sitio (la escuela o el templo).

Rivas Vaciamadrid, 23 de enero de 2013

M. Enrique Ruiz del Rosal

(Asociación Laica de Rivas Vaciamadrid y Europa Laica))