Frente a la corrupción política y judicial. En defensa política de Alberto Rodríguez exdiputado de Podemos

 

El que fuera diputado de Podemos por Canarias, Alberto Rodríguez, ha sido condenado por supuesta agresión a un policía en una manifestación del año 2014. Los videos sobre el incidente demuestran que dicha agresión nunca existió.

 La aplicación de la “ley mordaza”, para la que basta el testimonio del acusador sin más pruebas (si este es funcionario), permite la condena. Ley contra los derechos democráticos que el Gobierno de coalición se comprometió a derogar nada más constituirse. Pero, igual que ha sucedido con otras leyes -y en concreto con las de contrarreforma social-, todas ellas siguen vigentes.

El Tribunal Supremo condena a Alberto a una pena de 45 días de cárcel sustituibles con una multa. La sentencia no le condena a pena alguna de inhabilitación para cargo público. La sentencia llega con celeridad a la mesa del Congreso, y los letrados de la Cámara entienden que la pena ya está cumplida con el pago de la multa, y que no procede en derecho, de acuerdo con la sentencia, la pérdida del escaño por el diputado. El Supremo insiste ante la mesa del Congreso exigiendo el cumplimiento de la condena y su presidenta, la “socialista” Meritxell Batet, pide aclaraciones a la Sala Segunda del tribunal, lo que en sí mismo es improcedente, ya que la sentencia ya estaba dictada y no se podía desconocer por nadie su contenido real. El Supremo contesta de nuevo, sin mayor aclaración, exigiendo la ejecución inmediata de la sentencia, procediendo entonces la presidenta de la Cámara, de forma caciquil y antidemocrática, a la inmediata expulsión del diputado Alberto Rodríguez.

Los hechos relatados son contundentes, y ponen de manifiesto la podredumbre del sistema político y judicial de la llamada “democracia española”, poniendo de relieve que las cloacas del Estado se han impuesto una vez más, inundándolo todo para establecer un Estado cloaca. Descubre de este modo las graves deficiencias democráticas, por sometimiento a los poderes fácticos, de los mismos partidos y sindicatos que se reclaman de los derechos y aspiraciones de los trabajadores.

Las reacciones a la cacicada antidemocrática de la presidenta de Cortes han sido múltiples. El partido afectado directamente, Podemos, anuncia una querella contra la presidenta del Congreso, Batet; lo que se comunica mediante nota de prensa: “Presentaremos una querella contra Meritxell Batet por prevaricación”. Querella que nunca se presentó por desacuerdo entre los ministros de Unidas Podemos, y entonces Podemos se envainó directamente la querella. Yolanda Díaz, fue señalada, entonces, como artífice principal de la oposición a la defensa del diputado canario. La ministra estrella de la colaboración de clases trató de dar carpetazo al asunto: “debemos bajar la tensión en el país. Si el Sr. Rodríguez ya ha decidido que va a defenderse, respetémoslo y dejemos de generar más ruido”. Mientras que la ministra, Ione Belarra, vino a llamar prevaricador al Tribunal Supremo, entendiendo que ha llegado la hora de oponerse de alguna manera a la deriva a la que les lleva el fiel cumplimiento del dictado político y jurídico de los personajes más vinculados al régimen. 

 Asistimos, de esta manera, a dos formas diametralmente opuestas de entender los acontecimientos, que no podrán convivir mucho tiempo en las misma coalición política  y en el mismo Gobierno. El “yolandismo” (puesto en boga por los medios de comunicación política) comienza a descubrir sus armas, que hasta ahora eran las del pacto social permanente contra los derechos de los trabajadores y de los sindicatos; pero que, con el caso del exdiputado, Alberto Rodríguez, pone de relieve que la posición política más en general de la ministra de Trabajo está vinculada a la normalización de los golpes antidemocráticos del régimen contra la voluntad popular. O lo que es lo mismo: ¡todo por un sillón en el Consejo de Ministros!

De forma y manera que, por el interés de mantenerse a todo precio en el gobierno, se abandona la defensa colectiva del diputado expulsado de forma ilegal del Congreso. Alberto Rodríguez, se ve solo ante una decisión contraria a derecho y a la democracia más elemental. Es entonces cuando toma dos decisiones: la primera, proceder en su nombre y derecho a su legítima defensa, cambiando para ello los abogados de Podemos que le representaban por los que defienden a Puigdemont; y anunciando, paso seguido, su separación de Podemos como militante. Al final, Alberto Rodríguez, decide recurrir la sentencia del Tribunal Supremo, renunciando a una posible querella contra la presidenta de las Cortes. La Asociación contra la corrupción en favor de la acción pública (ACODAP), en su recurso contra la expulsión de Rodríguez del Congreso, reclama la detención inmediata del juez Marchena del Tribunal Supremo.

La división del Gobierno y de los partidos que lo sostienen solo viene a favorecer al régimen y a su impune continuidad en el poder para disfrute indefinido de todos sus privilegios. Cuando se pisotea tan claramente la voluntad popular, sin ningún tipo de resistencia organizada, solo pueden ganar las expresiones más reaccionarias de la sociedad, abriendo camino a la posible mayoría del PP y Vox, que esperan el fracaso del gobierno y sus políticas.

El caos político del gobierno de coalición y de los partidos que lo componen tiene un origen evidente; y éste es el que produce la sumisión directa, que practican y teorizan, respecto a los poderes de hecho de las instituciones del régimen de la monarquía. Mientras, en las calles, los defensores del derecho a la vivienda, los que tratan de impedir la privatización de las pensiones, los sectores que reclaman verdad, justicia y reparación contra los crímenes del franquismo y muchos otros se ven abandonados a su suerte por los dirigentes de los sindicatos y partidos que se reclaman de los derechos de los trabajadores. La búsqueda desesperada de una salida política a la situación es un hecho incontrovertible. Esta salida política imprescindible es la que puede y debe reagrupar a la mayoría, una salida política e institucional que será colectiva o no será, ya que ningún movimiento por sí mismo será capaz de romper el muro de los privilegios que impiden la democracia y la justicia, manteniéndose, por ello, la descomposición del franquismo a partir de las políticas de pacto y colaboración.

 Las reivindicaciones en juego exigen la ruptura con los dictados de la Unión Europea y con las instituciones del régimen; y no el vasallaje sobre el que se sitúa la actuación del Gobierno. Frente a la división que conlleva la sumisión a los poderes de hecho, reclamamos la unidad de los trabajadores y sus organizaciones, la alianza de trabajadores y pueblos por la conquista de la soberanía de todos.

La defensa política de Alberto Rodríguez, del diputado canario expulsado ilegalmente de las Cortes por decisión de la presidenta de la Cámara, que pasa por exigir en primer término la recuperación  inmediata de sus escaño, debe vincularse al bloque de demandas sociales y democráticas que aspiran al cambio político e institucional, y cuyo eje político es el de la ruptura con el régimen de la monarquía, demandando a las Cortes referéndum Monarquía/República, por el libre ejercicio del derecho a decidir de todos.

LA MEMORIA DEMOCRÁTICA ES INSEPARABLE DE LA VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN. Sobre la Nueva Ley de Memoria que quiere aprobar el gobierno.

 

Los vetos a la ley del Gobierno proceden del PP y VOX, mientras que los contenidos de la ley que se somete a debate, conculca el 100% de lo establecido por el derecho internacional y consuetudinario sobre las víctimas de crímenes de lesa humanidad.

La propuesta gubernamental -que representa las posiciones de la coalición política del PSOE y de Unidas Podemos sobre la Memoria Histórica y el derecho de víctimas- se acabó de cocinar el pasado mes de julio, siendo coordinada y dirigida por Carmen Calvo, quien fue ministra de Zapatero y exvicepresidenta segunda del gobierno de Sánchez.

La vicepresidenta destituida es el personaje devaluado que representa la propuesta. La nueva Ley de Memoria es muy similar en sus contenidos a la que ya existe.

El derecho internacional establecido a partir de los juicios de Nuremberg y Tokio funda los principios de verdad, justicia y reparación, para tratar los derechos de las víctimas de crímenes contra la humanidad. El texto del gobierno se niega a calificar la naturaleza de los crímenes del franquismo como “crímenes de lesa humanidad”, y por ello no contempla, en caso alguno, establecer los principios de la verdad, la justicia y la reparación, como así han establecido todos los organismos internacionales que defienden los derechos humanos, con la necesaria retirada de todo tipo de honores y distinciones oficiales a los autores de estos crímenes, que mantiene el gobierno. Por eso es justo señalar que ley de Sánchez es continuadora de todas las tropelías del régimen desde 1936 hasta nuestros días.

El texto del Gobierno no anula las sentencias de los tribunales que juzgaron a los republicanos españoles y a todas las personas y organizaciones de todas las tendencias del movimiento obrero democrático, manteniendo la supuesta legalidad del régimen franquista, negando la justicia y la democracia. Avala así las sentencias de los tribunales y lo establecido por el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional.

El Gobierno niega cualquier posibilidad de que las víctimas o sus familiares, o los partidos, sindicatos, puedan presentar ante los tribunales reclamaciones, ni de investigación, ni de justicia, ni de reparación. Y, por tanto, tampoco reclamaciones patrimoniales; legalizando así la represión franquista y el saqueo de todo tipo de bienes, públicos y privados, como supuesta legalidad democrática.

Lo que el Gobierno pretende con su nueva ley es un “brindis al sol”, que se reduce a ofrecer un diploma de persona reprimida en sus derechos, es decir, un papel mojado que ofende una vez más a las víctimas y a sus familiares. Y eso, ochenta y dos años después del fin de la guerra y revolución española, y cuarenta y tres años después de la mal llamada “democracia española”.

Las demandas de las víctimas no pueden sino mantenerse en la necesaria aplicación del derecho internacional surgido de la derrota del nazismo y del fascismo. Y no aceptan que, de una u otra forma, por intereses partidistas o de disfrute de las prebendas propias del gobierno en el marco de la Monarquía heredera del franquismo, se niegue una vez más la Verdad, la Justicia y la Reparación. Principios de justicia internacional que supone, en la práctica, la necesaria derogación de la Ley de Amnistía de 1977 y de todas las leyes y sentencias contra las libertades y derechos políticos dictadas por un régimen ilegal e ilegítimo.

La discusión y negociación del contenido de dicha ley ha comenzado ya. Los diputados y senadores, todos los partidos y/o coaliciones electorales, deben ser respetuosos con las reivindicaciones de las víctimas del franquismo y sus familias, sin permitir que se vuelva a imponer, por tercera vez en este periodo político -tal y como sucedió con la ley de Amnistía y con la de Memoria de Zapatero-, la legalidad e impunidad de los crímenes del franquismo, para sostén y mantenimiento del régimen corrupto y clientelar de la Monarquía. El rechazo a la negación de la justicia para las víctimas debe poder expresarse en la movilización del próximo día 16 ante las Cortes, en defensa de todo lo público y frente a los planes de continuismo monárquico

 

LA NECESIDAD DE VIVIENDAS SOCIALES EN EXTREMADURA.

 

LAS HIERBAS ENGULLEN LAS 31 VIVIENDAS DE VILLAFRANCA.

Para cuando se va a dar una solución a este caso concreto, y en general al problema de la vivienda en Extremadura.

La Hierba en las viviendas de Villafranca hacen su agosto con el abandono en la que se encuentran.

La escasez de viviendas en nuestra comunidad es un problema general que afecta a miles de personas que de un modo u otro se apañan para sobrevivir en habitaciones alquiladas, compartiendo viviendas con familiares, o cuando no hay más remedio recurriendo a habitáculos en los que es difícil encontrar una acomodación propia para un ser humano.

Las familias de las clases oprimidas están cansadas de visitar y contar sus problemas habitacionales a las personas al servicio del Poder Político que carecen de la autonomía y competencias suficientes para dar respuesta a estas dramáticas historias y salvo excepciones, nunca pueden llegar a la solución radical del problema.

La solución básica, esencial corresponde al Poder Político, a la Junta de Extremadura. El gobierno de la comunidad debe afrontar de una vez la solución a este problema que afecta a un montón de localidades del territorio extremeño.

No queremos entrar en detalles sobre el futuro tan próspero de la economía extremeña que se dibuja por quienes ocupan las instituciones políticas regionales. Pero lo que no pueden seguir olvidando y dejando a un lado es que hay una parte importante de la población extremeña en el lado de la vulnerabilidad que sufre las consecuencias que se derivan de su estado de pobreza y de extrema pobreza.

Nuestros gobernantes no pueden seguir pasando página de lo que sucede en una comunidad, en la que a pesar de las promesas y declaraciones en las que defienden de modo tan abstracto la libertad y la democracia o la lucha contra las desigualdades, etc.. , se incrementan las necesidades de viviendas y las dificultades para disponer de un mínimo de suministros básicos sobre todo en personas con ayudas sociales (en algunos casos de 400 euros), aumenta la precariedad, los salarios indecentes, quienes echan horas extras que no se pagan como es debido, con más trabajadores y trabajadoras que sobreviven en la economía sumergida que según los expertos llega al 30 % de la población trabajadora, etc..

Unir todas las reivindicaciones en la marcha a Madrid del 16 de Octubre. Impedir la contrarreforma social

 

Los diputados  partidarios de las reivindicaciones obreras y populares no pueden permitir las medidas del Gobierno

A todas las trabajadoras y trabajadores, jubiladas/os y/o en activo, a los parados ,a las mujeres y  jóvenes

El dictado  de los banqueros de Bruselas constituye el verdadero  y único programa económico del Gobierno. La Unión Europea, y su genuina representante en España , la señora Calviño, ha establecido que las pensiones públicas son “insostenibles” por lo que deben ser privatizadas en beneficio de los banqueros.  La supuesta reconstrucción económica, cifrada  la recepción de fondos , por un importe de 140.000 millones, ha sido condicionada por la todopoderosa Comisión Europea (sin ninguna legitimidad  democrática), al mantenimiento de la austeridad contra salarios y pensiones, a la continuidad  de las contrarreformas sociales, y a la subida del IVA que afecta directamente  al consumo popular. En una palabra, la recomposición de los beneficios capitalistas exigen desde Bruselas la destrucción de derechos y conquistas sociales.

 La Marcha convocada para el 16 de Octubre debe ser entendida en este contexto, para que sea tomada como propia  por la mayoría de los movimientos sociales a fin de que se efectúe la toma masiva  de Madrid y ante las mismas Cortes Generales  para así ganar las reivindicaciones sociales y democráticas. A fin de  exigir  a la mayoría de  diputados  que se pongan  al servicio de los  intereses  sociales , procediendo- en consecuencia  a la inmediata  anulación de las medidas de contrarreforma social del PP, del PSOE, y las  del actual Gobierno.

Las medidas de Pacto Social  aprobadas a cambio de subvenciones a las cúpulas sindicales deben ser derogadas por ser todas ellas  contrarias a la independencia sindical  y a los intereses de los trabajadores. Rompiendo de una vez con el Pacto de Toledo, que solo benefician a los banqueros con la reducción y privatización de las pensiones. Exigiendo la necesaria auditoria parlamentaria de las cuentas de la Seguridad Social.

Urge acabar con la miseria salarial y de las pensiones, abogando por la subida general de salarios y pensiones que permitan una vida digna, poniendo fin a la brecha salarial y de  pensiones entre hombres y mujeres. Llamamos que todos los movimientos sociales y reivindicativos  hagan suya también la convocatorias del 16 de Octubre, estableciendo la unidad de las principales reivindicaciones sociales, y su traducción política en leyes y  acuerdos  que respeten el mandato democrático de trabajadores y pueblos .

Marcha a Cortes el 16 de OCTUBRE ante el Gobierno del mínimo salario y la vida cara. Subida general de salarios y pensiones!

 

El Pacto Social y el llamado diálogo social minan el sistema público de pensiones, a la vez que insultan a los trabajadores con un “subida de salario mínimo” que se reduce a casi nada, multiplicando la desigualdad social, con las rentas del trabajo que pierden cada día en relación con las rentas del capital.

La miseria salarial es otra de las exigencias de la Unión Europea. A ello se debe la ridícula subida del salario mínimo (SMI) previsto de menos de 20 euros.

La privatización del sistema público de pensiones es la condición central que impone la Unión Europea al Gobierno español para que el Gobierno y las grandes empresas puedan percibir los famosos fondos europeos que van destinados a preparar suculentos pelotazos.

 La subida general de salarios y pensiones para recuperar las rentas perdidas y hacer frente al encarecimiento del aumento escandaloso de la luz, las gasolinas y los productos de la cesta de la compra, es una reivindicación central que puede hacer posible la unidad de trabajadores en activo y de los trabajadores jubilados:

 ¡Exigiendo un salario mínimo y una pensión mínima de 1.200 euros, la ruptura con el Pacto de Toledo, la limitación por ley del precio de la luz y nacionalización del sector como bien de naturaleza pública y no privada!

En este contexto político regresivo, de ataques continuados de la patronal y el Gobierno a los derechos y reivindicaciones de los trabajadores, la COESPE y otras plataformas han convocado Marcha a las Cortes de Madrid para el próximo 16 de OCTUBRE.

Vaya por delante nuestro apoyo a dicha Marcha a las Cortes Generales, llamando a todas las organizaciones, partidos y sindicatos que se reclaman de los derechos de los trabajadores a participar en unidad en la misma, en una acción común.

Su contenido no es solo reivindicar sus derechos y conquistas sociales, sino obligar al gobierno a un verdadero cambio de rumbo, un giro social y democrático que evite la ofensiva de la patronal, así como el ascenso de los partidos franquistas, esencialmente del PP, que trabaja abiertamente con Vox para la caída del gobierno de Sánchez enfangado en políticas antisociales, ya que elimina con sus políticas los apoyos populares en los que se sostiene.

 

Afganistán, veinte años de guerra y destrucción La responsabilidad de la OTAN y de los Estados colaboradores

Las guerras de la OTAN y la responsabilidad de los Estados en lo sucedido tienen mucho que ver con la crisis económica y social del capitalismo a escala internacional. A finales del siglo XX y principios del XXI hemos conocido las llamadas “guerras del petróleo”, desarrolladas en Irán, Libia, Siria, Afganistán …, y todas ellas tendentes a la apropiación del petróleo, del gas y las riquezas minerales. Para ello han tenido que pactar con los sectores más reaccionarios de la sociedad en cada lugar. Afganistán es un país que ha sido víctima reiterada en su historia de la intervención imperialista, y por tanto de sus guerras. 

A la guerra de Afganistán, desencadenada en 2001 por Estados Unidos y gobiernos cómplices, tuvieron el descaro de bautizar la agresión militar como “libertad duradera”, convertida, por el contrario, en una larga guerra que aún no ha tenido fin con la próxima salida de las tropas extranjeras, y que previsiblemente se prolongue, en función de los acontecimientos, en una nueva guerra civil en la zona. 

En 2003 el “trío calavera” de las Azores (Bush, Blair y Aznar) repetirían la misma hazaña para sumir a Irak en la destrucción. Después sería el turno de Libia, Siria … Los medios de comunicación occidentales han tratado inútilmente de vaciar estas guerras de destrucción y saqueo de todo contenido de clase, obviando con ello los crímenes cometidos y el aplastamiento de los derechos nacionales de los pueblos, de los jóvenes, de las mujeres. 

Sin establecer relación alguna entre estas guerras imperialistas y la crisis económica internacional, que estalla en los mismos Estados Unidos con el hundimiento de bancos y grandes empresas, crisis que se extiende al mundo entero. Son las guerras para robar las plusvalías y las riquezas de los pueblos. 

El caos televisado que se vive en el aeropuerto de Kabul, desde hace días, entre sectores de la población civil, los militares de la OTAN y los talibanes, no es sino la triste representación del drama causado en Afganistán por veinte largos años de guerra. Conflicto que también comenzó de forma televisada con la autodestrucción de las Torres Gemelas por los mismos servicios de inteligencia norteamericanos y sus cómplices Además de inmensas reservas de petróleo, gas y todo tipo de yacimientos minerales, en Afganistán se produce el 80% del opio y la heroína mundial, sustancias muy codiciadas por las grandes farmacéuticas cárteles de la droga: su valor de mercado se multiplica por 8.000 cuando se traslada desde los campos afganos a las grandes metrópolis. 

Los talibanes no son sino la milicia armada de los terratenientes de la droga, convertidos en señores de la guerra. Las tropas de la OTAN no invadieron Afganistán, como en otros países del mundo, para llevar la “democracia”, o para acabar con el terrorismo que ellos mismos han financiado, sino para permitir con su guerra que un sector de la burguesía internacional ligada a la industria de armamentos pudiera hacer grandes negocios, especulando con las materias primas, con las armas y las drogas. Para ello levantó, en medio de la guerra, el Estado corrupto de la OTAN, sumido en el clientelismo para que estas autoridades les facilitaran el saqueo del país y, en última instancia, el acuerdo con los terratenientes talibanes para que se mantengan como suministradores de dichas materias primas tras el abandono de las tropas occidentales. Trump y Biden, presidentes de los EEUU, decidieron pactar con los jefes talibanes la fecha del 31 de agosto para la retirada de las tropas de la OTAN y de sus colaboradores civiles, que hoy buscan refugio precipitado en Occidente.

 El Gobierno español se ha prestado a utilizar las bases militares conjuntas para su recepción, en el mismo momento que expulsa de manera ilegal a todo tipo de solicitantes de asilo y/o refugio. El gobierno afgano y su presidente han huido a los países del Golfo cargados de maletas de dólares dejando el poder a las bandas armadas contrarrevolucionarias; abandonando en manos de los talibanes todo el armamento entregado por la OTAN. No podemos olvidar que el ejército afgano, que se ha hundido en unas pocas horas, había sido levantado por la OTAN, con grandes inversiones económicas, como la columna vertebral del nuevo Estado. 

El balance de 20 años de guerra y destrucción se resume en el hecho de que Afganistán no está hoy en mejores condiciones de cuando se desencadenó la guerra, poniendo de manifiesto con ello la incapacidad de las principales potencias imperialistas del mundo para resolver los problemas de la gobernanza en sus aspectos más elementales y el fracaso de sus intervenciones militares. 

Los EEUU han gastado en Afganistán unos 300 millones de dólares cada día durante veinte años, un monto total de dos billones de dólares, de los que caben destacar las partidas dedicadas a los contratistas y a las ONG. El Reino de España, fiel escudero de los EEUU por herencia franquista, redoblada su dependencia por la entrada en la OTAN, ha empleado en la guerra unos 27.000 militares e invertido unos 3.600 millones de euros, una parte de ellos dedicada a financiar ONG como Cáritas, Médicos sin Fronteras y ACNUR. Datos que están cubiertos por la nebulosa de los gastos del ejército en general que están exentos de control democrático. A la vista está que el intervencionismo militar de la OTAN se ha constituido en todas partes en una tremenda carnicería humana y, como consecuencia de todo ello, la mayoría de la población afgana vive en la más absoluta pobreza y opresión. 

Las consecuencias de estos negocios son los crímenes contra la humanidad cometidos, la opresión contra la mujer, la miseria de los campesinos y trabajadores de la minería. La OTAN, con su retirada, mediante una derrota negociada, ha dejado a Afganistán bajo el control contrarrevolucionario de los señores de la guerra y de las drogas para seguir adelante en sus sucios negocios. Tendencia del capitalismo hacia la mafiosización de la economía. 

La oposición a la guerra y al saqueo imperialista de sectores enteros de la población ha puesto de manifiesto la debilidad, la corrupción e impotencia del intervencionismo capitalista en Medio Oriente y Asia Central. Las Cortes Generales no puede dejar pasar la ocasión de poner en cuestión la política de guerras imperialistas de los gobiernos de la monarquía, estableciendo una verdadera auditoría general de lo que ha supuesto 20 años de guerra y destrucción. 

La lucha contra la guerra es la lucha contra el saqueo imperialista de los pueblos del mundo. Las demandas políticas de soberanía de trabajadores y pueblos en España, basada en su propia experiencia, se concentran en la demanda de Cortes constituyentes por la República, en el respeto a la autodeterminación de las nacionalidades. Objetivo que no puede perder de vista la exigencia mayoritaria de acabar con las guerras imperialistas, exigiendo que los gastos militares sean empleados en fines sociales. Acabando con el peso muerto de la herencia franquista, sus leyes, tratados e instituciones, y por tanto con las Bases Militares USA en nuestro suelo. Planteando la necesaria ruptura democrática con la OTAN

EL PODER DE LA BURGUESÍA EN LAS DEMOCRACIAS BURGUESAS

 

El dominio de la burguesía, como clase dominante en las democracias burguesas, se basa no sólo en el acaparamiento de los medios de producción de bienes y servicios, también en el monopolio sobre la prensa, el dinero, la sanidad, la educación, el ejército, la policía, y en la propagación a nivel popular de una serie de medias verdades, trampas y ficciones que nos hacen ver que somos libres porque entre otras cosas podemos votar en determinados años. El capitalismo no respeta nada, ni siquiera los ámbitos más privados de la intimidad.

La influencia y la dominación de las clases dominantes y las potencias imperialistas no sólo se ejerce sobre “las ideas”, sino también sobre los sentimientos, emociones, valores y vivencias de la cotidianeidad, aparentemente “no políticas” y presuntamente ajenas a los discursos políticos. Se logra a través de películas románticas y de acción, a través de la música, la vestimenta y los gustos personales, inducidos mediante el marketing y toda una ingeniería de propaganda que opera en el campo del inconsciente colectivo, prostituyendo, incluso, los mejores descubrimientos de Freud.

La ideología burguesa nos hace creer que no existen las clases sociales que todo se reduce al individualismo, a las relaciones patrón-obrero, hombre-mujer en la vida cotidiana, como consumidor, como ciudadano o ciudadana y votante cada número determinados de años. Nos hacer ver el poder intocable que recae en el dueño de la propiedad privada de los medios de producción y de los instrumentos de represión.

Las medias verdades están presentes sólo en sus lados buenos, así podemos organizarnos, podemos expresarnos y votar libremente al partido que mejor nos parezca. Los lados malos no se ven, la dependencia del salario y de los suministros básicos, el acceso a la vivienda, lo inaccesible que es el poder estatal, y las dificultades para el logro de bienes colectivos citados: educación, cultura, prensa, etc.

Todo esto determina que las clases explotadas se crean que forman parte de la sociedad en su conjunto, que no existe explotación, opresión, dominación y lo que se dan son desigualdades e injusticias en el plano individual que se pueden resolver por el Estado con reformas y mayorías parlamentarias.

 En definitiva, se trata de que la fuerza de trabajo se vea supeditada, a los medios de producción, a las infraestructuras del capital, y comprendan que si es necesario deban irse al paro o reducirse sus salarios para que todo esto rinda más beneficios al capitalista. Cuando las clases trabajadoras asumen que forman parte del sistema capitalista todo está asegurado, y la democracia burguesa asegura la alienación generalizada.

VISITA A LAS PLANTAS FOTOVOLTAICAS

 

Esta mañana hemos visitado algunos de los lugares en dónde se construyen las Plantas Fotovoltaicas. Allí, hemos recibido información de los trabajadores de sus condiciones laborales reguladas por diferentes convenios y en algunos casos, fuera de convenio, a tantos euros la hora de trabajo (7,5e/h) sin diferenciación si es Sábado o Domingo, y aguantando temperaturas elevadas no permitidas por la ley.

También, hemos podido comprobar, una vez más, la buena y rápida respuesta de los aparatos del Estado a la llamada del capital, lo que pone de manifiesto el miedo que este tiene a que a los trabajadores se les insinúe la necesidad de un convenio colectivo único para todo el sector de las Placas Solares y exigan mejoras en la realización de sus tareas.

El capital no necesita de muchos encargados en los centros de trabajo para ejercer a la perfección las funciones de seguridad y vigilancia, además de controlar a los trabajadores en las diferentes ocupaciones.

En los centros de trabajo como en los que se construyen las plantas fotovoltaicas hay un montón de subcontratas. Las grandes empresas contratan a empresas más pequeñas y estas a su vez a otras menores. El encadenamiento generalizado de empresa grande a pequeña es uno de los muchos mecanismos que utilizan las multinacionales para quitarse problemas de todo tipo, y a la vez para dividir y someter más fácilmente a la clase obrera entorpeciendo su organización y sus formas de lucha.

En EXTREMADURA contribuimos a la disminución de CO2, produciendo cada vez más energía renovable, sin embargo, el precio de la luz sube y sube, asfixiando a buena parte de la población trabajadora. Las multinacionales que están inundando el territorio extremeño de instalaciones fotovoltaicas, Endesa, Iberdrola, Naturgy, ganan miles de millones de beneficios. Según el diario digital Insurgente obtuvieron 1.826 millones en menos de un mes, además serán las que se lleven la mayor porción del tan ansiado dinero procedente de los fondos europeos, que luego pagaremos con creces la ciudadanía.